Fraude alquileres

El Govern del PSC de Salvador Illa y los Comuns han cerrado un acuerdo sobre el régimen sancionador de la Ley de Vivienda catalana de 2007, que contemplará multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves. El texto se aprobará en el Consell Executiu y entrará en vigor el miércoles pero tendrá que refrendarlo el Parlament en 30 días, donde necesitan a ERC. Se considerarán infracciones muy graves poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Precios de Referencia, no hacer constar la finalidad del contrato en los alquileres de temporada, por lo que sería fraudulento, así como cargar los gastos de gestión al inquilino.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que en los últimos años se ha reducido con fuerza el número de arrendamientos sumergidos en España gracias, entre otros factores, a la obligación de los propietarios de incluir el NIF de su inquilino en la declaración de la renta, a las comprobaciones que realiza la Agencia Tributaria o a la información de consumo que proporcionan las eléctricas. A pesar de ello, el 40,8% de los arrendamientos se paga en negro, lo que se traduce en 1,28 millones. No obstante, Gestha cree que la crisis del coronavirus reducirá los fraudes tanto en el alquiler como en las compraventas de viviendas.