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Airbnb gana la batalla al 'lobby' hotelero francés: no es una inmobiliaria, sino un servicio para la sociedad

No necesita una tarjeta profesional de agente inmobiliario para operar en Francia

Brian Chesky, CEO y cofundador de Airbnb / Gtres
Brian Chesky, CEO y cofundador de Airbnb / Gtres
Autor: Redacción

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a Airbnb en un caso en que el 'lobby' hotelero francés consideraba a la plataforma de alquiler vacacional una agencia inmobiliaria. El tribunal europeo estima que Airbnb es un “servicio de la sociedad de la información”, por lo que no se le puede exigir que disponga de una tarjeta profesional de agente inmobiliario.

Revés de Europa al 'lobby' hotelero francés AHTOP (Asociación para la defensa del alojamiento y el turismo profesionales). La Gran Sala del Tribunal de Justicia ha declarado que procede calificar de “servicio de la sociedad de la información” a Airbnb, a cambio de una comisión, destinado a poner en contacto mediante una plataforma electrónica a potenciales clientes con arrendadores, profesionales o no profesionales, que ofrecen servicios de alojamiento de corta estancia.

Pero, además, Airbnb ofrece a los arrendadores, ya sean particulares o profesionales, prestaciones accesorias, como un seguro de responsabilidad civil, una herramienta de estimaciones del precio de su arrendamiento o servicios de pago relativos a estas prestaciones.

De este modo, con esta sentencia, el TJUE da la espalda al 'lobby' hotelero que había interpuesto una denuncia contra Airbnb Ireland, sosteniendo que esta empresa no se limitaba a poner en contacto a dos partes gracias a la plataforma online, sino que ejercía una actividad de agente inmobiliario sin estar en posesión de una tarjeta profesional de agente inmobiliario. la AHTOP consideraba que Airbnb infringía la “Ley Hoguet”, aplicable en Francia a las actividades de los profesionales del sector inmobiliario. Por su parte, Airbnb alegaba que la Directiva 2000/31 se oponía a dicha normativa.

El TJUE justifica esta decisión en que ni ese servicio de intermediación ni otros adicionales proporcionados por la plataforma —como pueden ser los de asesoramiento en la publicación de los anuncios, las herramientas de estimación del precio del alquiler, sus servicios de pago o los seguros de responsabilidad civil— hacen posible establecer la existencia de una influencia decisiva de la compañía en el servicio de alojamiento al que se refiere su actividad, ya sea determinando el precio final del alquiler ni en el uso que los huéspedes o los anfitriones hacen de la plataforma. Añade, además, que la actividad de intermediación que realiza la plataforma no resulta imprescindible para que se produzca ese alquiler temporal —ya que huéspedes y anfitriones disponen de otros muchos canales para este fin—.

Adigital (la Asociación Española de la Economía Digital) celebra el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el que define a la plataforma digital de alojamientos turísticos Airbnb como un servicio de la sociedad de la información amparado por la Directiva 2000/13 de Comercio Electrónico y no un agente inmobiliario.

Adigital considera esta decisión clave no solo para Airbnb sino para el conjunto del sector de las plataformas digitales de alquiler temporal en Europa (como HomeAway, Spain-Holiday, Rentalia o Niumba-Trip Advisor) en la medida en que clarifica la consideración de este tipo de empresas y la regulación que les es aplicable y contribuye a aportar consistencia normativa y un marco de referencia, frente a la actual fragmentación regulatoria local y regional. Esto es algo especialmente relevante en un país como España, que encabeza el uso de este tipo de plataformas para el alquiler de alojamientos turísticos en Europa.