El Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, ha aprobado el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de unos 50 euros por megavatio/hora (MWh) durante un periodo de 12 meses.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en valor que esta medida, que supone una respuesta "que tiene pocos antecedentes, o ninguno" en el pasado, ya que Europa ha entendido "las causas por las que España y Portugal deben contar con esta excepción", será "un paraguas" para proteger a los consumidores domésticos y a la gran industria.
Asimismo, subrayó que "por primer vez no pagarán los mismos" y la medida tiene como finalidad "reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas para que haya beneficios para todos".
La denominada 'excepción ibérica' estaba pendiente de aprobarse desde que a finales de abril los gobiernos de España y Portugal arrancaron el acuerdo político con Bruselas para establecer este mecanismo temporal para fijar este tope al gas en torno a una media de 50 euros/MWh.
Esta medida permitirá desacoplar temporalmente los precios del gas y la electricidad en la Península Ibérica, que se beneficiará así de una excepción, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de marzo.
El mecanismo durará unos 12 meses y permitirá fijar el precio medio del gas en torno a esos 50 euros/MWh (comenzando por 40 euros para ir posteriormente subiendo hasta los 48,8 euros), frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh -como en el caso del TTF holandés, de referencia en Europa-, con un precio que partirá de los 40 euros/MWh, durante seis meses.
En la configuración actual del mercado eléctrico, el gas determina el precio global de la electricidad cuando se utiliza, ya que todos los productores reciben el mismo precio por el mismo producto, la electricidad, cuando entra en la red.
De forma paralela, el mecanismo va a ser aprobado también este viernes por Portugal en un Consejo de Ministros extraordinario, en una muestra más de la "estrecha colaboración y coordinación" de ambos gobiernos.
España y Portugal enviaron a finales de la pasada semana su propuesta conjunta a la Comisión Europea, tras semanas arduas de negociaciones técnicas. Este acuerdo, alineado con la decisión del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, compatible con el tratado y los reglamentos, permitirá poner así en marcha un mecanismo temporal, la denominada 'excepción ibérica' y dar cobertura hasta el final del próximo invierno.
Además, todos los consumidores se verán beneficiados de este mecanismo, de manera inmediata, especialmente los que están indexados al mercado diario (spot), los de la tarifa regulada, el denominado PVPC. El Gobierno estima que supondrá una mejora inmediata para un 37% de los consumidores domésticos y para el 70% para los industriales.
Bruselas espera la notificación formal para evaluar la medida
La Comisión Europea está a la espera de recibir la notificación formal por parte de los Gobiernos de España y Portugal sobre el mecanismo con el que quieren limitar el precio del gas para la generación eléctrica para poder tomar una decisión definitiva sobre el plan, cuyos detalles han negociado ya con Bruselas tras lograr que el resto de socios reconocieran la excepcionalidad ibérica como isla energética dentro de la UE.
"Debemos esperar la notificación formal de las autoridades de España y Portugal para tomar después una decisión formal sobre este asunto, así que estamos a la espera", ha indicado en una rueda de prensa la portavoz comunitaria de Competencia, Arianna Podesta, en una rueda de prensa en Bruselas.
Los expertos del Ejecutivo comunitario han estado en constante contacto con Madrid y Lisboa durante la "concepción" de la medida, ha indicado la portavoz. El mecanismo ya cuenta con una evaluación favorable preliminar de Bruselas.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que la medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente el sábado, y que está a expensas de que el Ejecutivo comunitario dé su visto bueno formal a la norma, lo que podría retrasarse "unas dos semanas".
Según las reglas de la Unión Europea sobre ayudas de Estado, el Estado miembro tiene la capacidad de adoptar un plan que implique ayudas públicas sin esperar al veredicto definitivo de Bruselas, pero en todo caso no puede ponerlo en macha hasta contar con esa luz verde definitiva.
Con todo, si el Estado miembro en cuestión decide seguir adelante con la puesta en macha de la medida sin esperar para su aplicación a la adopción formal comunitaria, Bruselas puede no tomar medidas si tras su evaluación constata que lo aprobado se ajusta al mecanismo acordado.
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