Ley de Vivienda

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará este martes la propuesta en materia de vivienda de su partido que incluirá medidas como avalar con un 15% la compra de la primera vivienda para jóvenes, así como avalar el coste de la fianza del alquiler para rentas medidas y bajas. Además, planteará otras para hacer frente a la "ocupación" ilegal que, a su juicio, es una "ausencia clamorosa" en la ley presentada por el Gobierno de coalición.

La alcaldesa de Barcelona y candidata de BComú, Ada Colau, ha asegurado que Barcelona será "la primera ciudad en aplicar" la Ley de la Vivienda en España, después de que el Gobierno llegara a un acuerdo con ERC y Bildu para aprobar la ley en el Congreso. Lo dijo el pasado domingo en la presentación de la candidatura completa del partido para las elecciones municipales del 28 de mayo en el Museo de Diseño de Barcelona.

El Congreso retoma la tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda, después del acuerdo al que ha llegado el Gobierno con Esquerra Republicana y EH Bildu para consolidar el tope a la subida del alquiler y modificar el concepto de gran tenedor, entre otras medidas. La ponencia de la Comisión de Transportes se reúne a puerta cerrada este 18 de abril para estudiar las enmiendas de la normativa, que posteriormente pasará a debatirse en Comisión pública. El objetivo es que se vote en el Pleno en las próximas semanas para remitir el texto al Senado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) para dedicarlas a alquiler asequible y se ha comprometido a elevar del 3 al 20% la vivienda pública en España, sin concretar el plazo.

El Gobierno de coalición ha cerrado un acuerdo con ERC y Bildu para desencallar la Ley de Vivienda con cambios sustanciales frente a la normativa que salió del Consejo de Ministros. La nueva ley reduce las condiciones a cumplir para que una CCAA o ayuntamiento declare zonas de mercado tensionado de alquiler, el IPC dejará de ser el índice de referencia en los contratos de alquiler y rebaja a cinco viviendas ya sea persona física o jurídica la definición de gran propietario en zonas tensionadas. Este año seguirá el tope del 2% en la renovación de contratos, subirá al 3% en 2024, y se creará un nuevo índice de alquiler que nunca será superior al IPC a partir de 2025.

La oficina del Defensor del Pueblo ha publicado su Informe Anual 2022, donde la vivienda ocupa un lugar destacado. El acceso a un hogar sigue siendo el principal problema de los jóvenes y las personas con menos recursos, por lo que las reclamaciones por las solicitudes de VPO en venta o la falta de oferta de alquiler social han sido las principales quejas. La institución insta a los poderes públicos a impulsar "medidas estructurales a corto y medio plazo" para facilitar una oferta de vivienda asequible y afirma seguir con interés la tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de intentar frenar la aprobación de la Ley de Vivienda: "Actúa de portavoz de los lobbies". Lo ha dicho tras declarar ante la jueza que la investiga por presunta prevaricación y coacciones al fondo de inversión Vauras, en la que también ha interpelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que "cumpla con su palabra y que demuestre que el presidente es él".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado durante la visita a una promoción de viviendas de alquiler asequible del Plan VIVE, ubicada en San Sebastián de los Reyes, que la Ley de Vivienda que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados supone “un ataque frontal contra la propiedad, la propiedad y la inversión, por lo que el Gobierno regional hará todo lo que esté en su mano para proteger sus competencias Además, ha alertado de que “cada vez que se intervienen los mercados y se topan los precios, lo único que sucede es que descienda la demanda y aumentan los precios”.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que "prácticamente" hay ya acuerdo en el seno del Gobierno de coalición sobre la Ley de Vivienda, pendiente sólo de algunos elementos que aún están en discusión. Preguntada por si uno de estos flecos es el de topar la revalorización del precio del alquiler al 3%, Montero no ha precisado si esta cuestión está ya cerrada con Unidas Podemos y se ha limitado a señalar que "algunos elementos de la ley están aún en debate".

El Pleno del Congreso ha rechazado la proposición de ley presentada por el Parlamento de las Islas Baleares, que modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que no ha salido adelante por 71 votos a favor, 270 en contra y 4 abstenciones. Este propuesta buscaba dar capacidad normativa a las comunidades autónomas para que pudieran poner un tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas.

El Congreso decide hoy martes si comienza a tramitar una proposición de ley para modificar la ley estatal de Arrendamientos Urbanos, con el objetivo de darle capacidad normativa a las comunidades autónomas para que puedan poner un tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas. Esta votación se producirá en plena polémica en el seno del Gobierno de coalición por la Ley de Vivienda. Este régimen de limitación del precio del alquiler vendrá con un régimen sancionador.

La vicepresidenta Nadia Calviño ha alejado la posibilidad de establecer un límite máximo de aumento del 3% de todos los alquileres en las llamadas zonas tensionadas que quiere introducir la futura Ley de Vivienda, aún en tramitación parlamentaria. La ministra ha defendido que el límite a la subida de alquileres ha sido un elemento de protección "absolutamente extraordinario" ante la actual coyuntura económica.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rebajado el optimismo de los últimos días sobre la aprobación de la ley de vivienda, tras una reunión con el ala socialista y aliados parlamentarios donde, a su juicio, se han sustanciado menos avances de lo esperado. Ha prometido que su formación va a seguir intentando mejorar el texto en dos materias bien definidas: la paralización de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables y la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas.

El Congreso de los Diputados retoma la tramitación de la polémica Ley de Vivienda un año después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto. La ponencia de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido convocada a las 11.30 horas del próximo martes para una reunión a puerta cerrada y breve, para no solaparse con el Pleno. El Gobierno y sus socios siguen negociando detalles como la definición de gran propietario y de las zonas tensionadas en las que se aplicaría el límite de los alquileres.

El Gobierno trabaja en la aprobación de la tan polémica Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda y en la gran multitud de enmiendas que atesora. Una de ellas guarda relación con el concepto de 'gran propietario', que hasta ahora estaba fijado en 10 casas (según el anteproyecto de ley) y que con la nueva norma podría reducirse hasta los 5 inmuebles.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado este lunes que las negociaciones de la futura ley de vivienda se encuentran en la "recta final con los grupos parlamentario" para incorporar "mejoras" y tratar de sacar adelante una normativa "sin grietas jurídicas".

La Ley de Vivienda sigue estancada en el Congreso casi un año después de su aprobación en Consejo de Ministros. De hecho, sigue siendo uno de los focos de enfrentamiento, que no han sido pocos, entre los socios de Gobierno en lo que va de legislatura y ha desatado la polémica en el sector inmobiliario, con medidas estrella como el tope a los alquileres. Partidos de la oposición, expertos y organismos consideran que algunas de sus medidas crean inseguridad jurídica y suponen un ataque a la propiedad privada y a la libertad de empresa.

El Gobierno tiene asumido que la Ley de Vivienda no entrará en vigor en lo que queda de año. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confía en que el texto que incluye medidas como el tope a los alquileres reciba luz verde de las Cortes Generales a principios de 2023 y niega que la tramitación parlamentaria esté bloqueada. Sánchez ha recordado que la posición presentó más de 800 enmiendas a la normativa y que siguen negociando para "alcanzar un acuerdo que reúna los máximos consensos posible".

El precio del alquiler sigue disparado, la oferta continúa desplomándose mientras la demanda aumenta. A esta presión se une la incertidumbre generada por las medidas del Gobierno como el límite del 2% en la renovación de las rentas y el actual texto de la Ley de Vivienda, aún en trámite parlamentario, que profundizarían aún más en retraer la oferta. idealista/news cuenta con la opinión de expertos para valorar cuáles serían las medidas necesarias para aumentar el stock de alquiler en España: poner fin al intervencionismo del Estado, más incentivos fiscales a los propietarios, estabilidad y certeza jurídica y acabar con la okupación de viviendas.

La escuela de negocios afirma en un estudio que la Ley de Vivienda, que todavía está en trámite parlamentario e incluye medidas como el tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas, es uno de los factores que marcará la evolución del mercado en España. Según el documento, la normativa podría lastrar la inversión en vivienda y mermar el desarrollo de nuevas promociones, lo que acabaría reduciendo la oferta de inmuebles. Las nuevas subidas de tipos y la retirada de estímulos por parte del BCE también incidirán en la evolución del sector.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha advertido a las fuerzas políticas progresistas de que tener "posiciones maximalistas" puede dificultar el acuerdo para sacar adelante la Ley de Vivienda, que se encuentra todavía en el Congreso a la espera de su aprobación. La responsable de vivienda del Gobierno recuerda a sus socios de Podemos que medidas como el control de precios no establecen una limitación de precios generalizada, sino a grandes tenedores en las zonas que CCAA y Ayuntamientos declaren como zonas tensionadas.

El Congreso de los Diputados inicia esta semana el debate de enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, pero ya se ha anunciado que el PSOE piensa frenar la discusión de las propuestas de sus socios de Unidas Podemos, ERC

El Ejecutivo quiere incluir en la Ley de Vivienda, que podría superar el trámite parlamentario antes de final de año, un veto que impida a las comunidades autónomas vender vivienda pública, con el fin de que mantengan todos los inmuebles que promuevan y puedan crear un gran parque residencial público para atender las necesidades de las familias vulnerables y con rentas bajas. Esta propuesta parte de Podemos y el PSOE estaría dispuesto a aceptarla, aunque el sector inmobiliario teme que la medida ahuyente al inversor privado.

La escasez de oferta de viviendas en alquiler en relación con la alta demanda sigue impulsando al alza los precios en España, "que no parecen haber encontrado su techo pese a la actual crisis inflacionista", según un informe de la aseguradora Arag. Otras claves, como la elevada regulación del mercado, con la actual limitación de la subida en la renovación de contratos, o la intención de la Ley de Vivienda de regular las rentas en zonas tensionadas, y junto al auge del alquiler turístico son algunas de las causas que explican que los alquileres alcancen en muchas zonas sus precios máximos.

Los socios del Gobierno han aprobado esta semana el proyecto de las cuentas públicas del próximo año, que incluirán el mayor gasto público de la historia y tienen al inmobiliario como protagonista. El Ejecutivo propone destinar una partida récord a la vivienda gracias a los fondos europeos, ampliar el bono joven del alquiler, crear un nuevo programa de alquileres asequibles y ampliar el parque de vivienda social. Sin embargo, no incluye ningún acuerdo sobre la Ley de Vivienda, que debe seguir su tramitación parlamentaria. Hacienda afirma que no es lógico que la normativa aparezca en estos Presupuestos, cuando fue "el broche de cierre" de los de 2022.