Medidas del Gobierno vivienda

La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha decidido rechazar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y ha pedido su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda”. El Gobierno ha rechazado la propuesta de Junts y según fuentes del Ejecutivo "ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores".

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha apelado al Congreso de los Diputados a que no convalide los reales decretos de vivienda aprobados recientemente en el Consejo de Ministros, ya que sostiene que estos "agravan todavía más" el problema y "reducirán gravemente" la oferta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este miércoles "razonablemente optimista" sobre la convalidación en el Congreso de los dos reales decretos ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y ha defendido el trabajo realizado durante los últimos meses para tratar de alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios. "Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue la votación", ha señalado Sánchez durante una rueda de prensa en la Moncloa tras reunirse con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

El segundo de los dos reales decretos que el Gobierno aprobó el martes en el Consejo de Ministros obliga a los propietarios a indemnizar a sus inquilinos si estos rompen unilateralmente el arrendamiento. La medida introduce en España los llamados contratos indefinidos, una exigencia del sindicato de inquilinas que supone en la práctica la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada -por ejemplo, la necesidad suya o de algún familiar de habitar el inmueble- para no renovar el contrato. Si no lo hace, deberá pagar al arrendatario lo equivalente a doce mensualidades como compensación.

El Gobierno ha aprobado, vía Real Decreto-ley 26/2026, una regulación específica para el alquiler de temporada y el arrendamiento de habitaciones. La norma, publicada en el BOE del 30 de septiembre, establece límites de duración, controles de precio y sanciones para las plataformas que intermedien en alquileres de corta estancia. Ahora debe convalidarse en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados del viernes 2 de octubre.

El primero de los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el martes restringe hasta el 31 de diciembre de 2028 la capacidad de cualquier fondo de inversión para comprar viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación. La prohibición abarca tanto inmuebles en uso como edificios de calificación residencial que dispongan de certificado de fin de obra. Además limita a la definición de "fondo buitre" a cualquier entidad con o sin personalidad jurídica que tenga en su objeto social la adquisición de inmuebles.

El Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que lleva negociando durante semanas las propuestas que ha lanzando en los dos decretos para revertir la situación crítica que vive la vivienda en España. Sin embargo, a la hora de darse a conocer su contenido, PSOE y Sumar se han quedado solos en el apoyo a las medidas presentadas. El Ejecutivo necesita a los socios de investidura para que sean convalidados en la Cámara Baja este viernes, pero Podemos ya lo ha tachado de "trampa" por dividirlo en dos decretos y Junts ya se ha mostrado en contra de la renovación automática de los alquileres por tiempo indefinido y crítica las medidas frente a los desahucios o la prohibición de la compra de pisos a los llamados fondos 'buitre'.

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos reales decretos sobre vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de casas por 'fondos buitre' hasta el 2028 o la prórroga automática de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. También se vuelve a establecer un tope del 2% a la subida de las rentas de los arrendamientos, se aplica un IVA del 10% al negocio de los pisos turísticos o se dan ayudas para la compra de primera vivienda. Los decretos se llevarán al Congreso de los Diputados el próximo viernes 2 de octubre.

El real decreto de vivienda que prepara el Gobierno encara su fase final de negociación con más incógnitas que certezas. PSOE y Sumar mantienen conversaciones contra reloj para aunar un texto que pueda conjugar las exigencias divergentes de sus socios de investidura, desde Junts a Podemos, para que la iniciativa no vuelva a estrellarse en su convalidación en el Congreso. El borrador del paquete de medidas que esperan llevar al Consejo de Ministros de este martes incluye, entre otras, la prórroga de los alquileres, prohibir a los fondos de inversión la compra de vivienda o bonificaciones fiscales para los caseros que bajen el precio del alquiler.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado durante una entrevista en la cadena SER que el Gobierno sigue trabajando con los grupos parlamentarios en el Real Decreto-ley de vivienda cuya aprobación en Consejo de Ministros estaba prevista para antes del verano y que se retrasó a septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios. Sánchez ha remarcado que existen discrepancias con algunos elementos que está proponiendo el Gobierno, sobre todo con Junts y con los partidos a la izquierda del PSOE (como Sumar o Podemos). "Lo que pediría a los grupos parlamentarios es que hagamos un ejercicio de responsabilidad máxima", ha remarcado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado la propuesta del Plan Social para el Clima para el periodo 2026-2032 (PSpC) dotado con 9.099 millones de euros, y destinado a la rehabilitación energética de edificios, el impulso de la movilidad sostenible y la electrificación. Su diseño prioriza la reducción de las necesidades energéticas, así como el acceso a alternativas de movilidad limpias y asequibles. El componente de edificios cuenta con 4.723 millones con el objetivo de modernizar el parque residencial español con medidas como reducir el consumo de energía, mejorar el confort térmico y disminuir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que van a presentar un “plan de intervención urgente para prohibir la compra especulativa de vivienda y acabar con el acaparamiento y los pisos turísticos ilegales”. Asimismo, ha calificado a la vivienda como el “principal mecanismo extractivo de rentas para las clases trabajadoras” y ha asegurado que hay una “clase parasitaria, rentista e internacional que está aprovechando el funcionamiento y la distorsión del mercado para extraer los ingresos de los trabajadores y lucrarse a costa del derecho constitucional a la vivienda.

El Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto ley que incluye varias de las medidas que tumbó el Congreso de los Diputados, como la vuelta de la suspensión de los desahucios por alquiler de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional. Además, el decreto ley incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior texto: la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos que avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comienzos de mes.

El Congreso de los Diputados ha votado por una amplia mayoría de 315 votos a favor del decreto que aprueba la revalorización de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte o la suspensión de los desahucios de alquiler de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional en el segundo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de sacarlo adelante. PP y Junts, que votaron en contra hace menos de un mes, lo hacen ahora a favor con esta versión reducida del decreto, que ha excluido medidas fiscales y añade la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.

El Congreso de los Diputados deberá votar este miércoles si aprueba la revalorización de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte o la suspensión de los desahucios de alquiler de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional en el segundo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar adelante el decreto ley. El Ejecutivo ha llegado a un acuerdo con Junts para votar a favor, un voto positivo al que se ha unido el PP, según ha anunciado Alberto Núñez-Feijóo. Este nuevo decreto también incluye la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.

Durante la primera asamblea de la Asociación para la Vivienda de Alta Calidad DOM3 en 2025, su presidente, Charly Simon, criticó los nuevos impuestos propuestos por el Gobierno para compradores no residentes, considerándolos un “golpe innecesario a la reputación de España”. Según Simon, estas medidas no solucionarán el acceso a la vivienda y generan preocupación en el mercado. Expertos del sector, como Alex Petrov (Solvilla) y Christopher Clover (Panorama Properties), coincidieron en que la incertidumbre ha llevado a algunos compradores a acelerar operaciones para evitar cambios fiscales, calificando el impuesto de "absurdo".

Los expertos en arrendamientos y fiscalidad han empezado a hacer números sobre qué impacto tendrá la propuesta del Gobierno de poner en marcha una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que rebajen el precio del alquiler y apliquen una renta según el Índice de Precios de Referencia estatal, aunque las viviendas no se encuentren en una zona tensionada. A la espera de conocer los detalles de la medida, el mercado está dividido. La Agencia Negociadora del Alquiler cree que no resulta rentable para los propietarios, mientras que los Técnicos de Hacienda (Gestha) estiman un ahorro solo en algunos casos y el Consejo General de Economistas calcula un beneficio de al menos 300 euros para la mayoría de los caseros.

En unas semanas se cumplirá un año de la intervención del Gobierno en el precio del mercado del alquiler estableciendo un límite del 2% en la renovación anual de los contratos de arrendamiento, y que se alargará, como mínimo, todo 2023. Los alquileres a los que les toque renovar en marzo verán un incremento cercano a los 175 euros/año, mientras que si lo hubieran hecho con el IPC (6% en febrero), la subida hubiera sido de algo más de 520 euros/año. Repasamos el impacto de la tasa actual y lo que hubiera subido con la inflación en las capitales de provincia.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha defendido que ya ha cumplido o está en proceso de formalizar el cumplimiento del 98% de los compromisos adquiridos para esta legislatura, incluidos los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pactados con la Comisión Europea. Entre las principales actuaciones en vivienda están el desbloqueo de la Operación Campamento en Madrid, la firma de convenios para levantar 17.000 viviendas o los 1.889 millones destinados a rehabilitación residencial.

A falta de la confirmación oficial del Gobierno de España para prorrogar el límite del 2% en la renovación de los alquileres a todo 2023, una medida implantada desde finales de marzo, los contratos a los que les toque actualizar su renta en diciembre afrontarán una subida anual de poco más de 165 euros, según el estudio de idealista. Si la variación se hubiera mantenido con la inflación, el incremento habría superado los 560 euros al año, tras confirmarse la tasa del IPC de noviembre (6,8%). Los mayores incrementos se dan en Barcelona, San Sebastián y Madrid.

A poco más de un mes para conocer si el Gobierno prorrogará el límite del 2% en la subida de las rentas en la renovación anual de los contratos de alquiler de viviendas, aquellos arrendamientos a los que les toque actualizar durante noviembre van a ver una subida en torno a 170 euros al año, para establecer una nueva renta media de 714 euros/mes en España, según el estudio de idealista. Sin embargo, si se hubiera mantenido la vinculación con la actual tasa de inflación, tras el dato definitivo de octubre (7,3%), los alquileres habrían experimentado un incremento de más de 600 euros al año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas destinado a amortiguar la subida de la electricidad y del gas, para el que el Gobierno movilizará un total de 3.000 millones adicionales de los PGE. El próximo Consejo de Ministros aprobará un nuevo decreto con el que se pretende proteger al 40% de los hogares. Se reforzará el bono social eléctrico y unos 1,7 millones de pisos que cuentan con calderas de gas comunitaria podrán entrar dentro de la tarifa regulada hasta finales de 2023.

Desvincular la actualización de las rentas del alquiler de la inflación está suponiendo que un arrendamiento de un piso tipo de dos habitaciones en España tendrá que pagar en septiembre en torno a 695 euros/mes de media con la renovación anual su contrato al 2%, según el estudio de idealista. Sin el actual límite, un alquiler medio tendría que pagar más de 750 euros/m2 con la subida vinculada al IPC, tras la confirmación del dato de agosto, que ha cerrado con una tasa del 10,5% interanual. San Sebastián, Barcelona, Madrid y Bilbao registran los alquileres más caros.

La renovación de los contratos de alquiler de viviendas sigue topada al 2%, desde la entrada en vigor del decreto de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania en marzo, y ampliado hasta finales de año. Desvincular la actualización de rentas de la inflación supondrá que un arrendamiento de un piso tipo de dos habitaciones en España pasará a costar en agosto en torno a 663 euros/mes de media, según el estudio de idealista, frente a los 720 euros/m2 que hubiera supuesto la subida vinculada al IPC, tras confirmar el INE el dato de julio, que ha cerrado con una tasa del 10,8% interanual.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado el geoportal ‘Edificios Eficientes’ con información sobre los certificados energéticos de los edificios e inmuebles, tanto residenciales como del sector terciario. idealista/data ha prestado su apoyo en la elaboración de este portal, inicialmente disponible en una versión piloto para los edificios en la Comunidad de Castilla y León. Con esta herramienta se pretende promover las actuaciones en eficiencia energética, como las rehabilitaciones, y mejorar la información del negocio inmobiliario, para compraventas o alquileres de viviendas.