La actividad de los órganos judiciales sufrió un importantísimo descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por el covid-19. La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales.
El mayor impacto se observó en los lanzamientos. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2020 (1.383) fue un 90,6% inferior al del mismo trimestre de 2019, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” del Consejo General del Poder Judicial.
El 73,2% de los lanzamientos (1.013) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 300, el 21,7% restante, se derivaron de ejecuciones hipotecarias, con 70 que obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias llevan 20 trimestres consecutivos de disminuciones; mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron por quinto trimestre consecutivo.
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