CGPJ

En los nueve primeros meses del año los ciudadanos han interpuesto en los juzgados 1.401 demandas por okupación de viviendas. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el volumen de nuevos procedimientos ingresados ha bajado un 21% respecto al año pasado, coincidiendo con la entrada en vigor de la normativa que obliga a negociar e intentar llegar a un acuerdo con los usurpadores antes de acudir a la justicia. Andalucía es la región con más casos hasta septiembre, seguida de cerca por Cataluña, mientras que Barcelona es la provincia más destacada.

Las demandas por okupación de viviendas en España han roto la tendencia por partida doble en el segundo trimestre del año. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el volumen de asuntos ingresados en los juzgados de toda España se desplomó casi un 24% interanual y un 18% respecto al arranque de 2025, con 487 casos. Se trata del segundo dato más bajo de los últimos años, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley que obliga a los propietarios a negociar con los okupas antes de interponer la demanda. Por otro lado, Cataluña ha cedido el puesto a Andalucía como la región con más casos, aunque Barcelona se mantiene como la provincia más afectada.

Las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran un repunte superior al 5% de las demandas por okupación de viviendas presentadas en los juzgados en el arranque de año. En concreto, el organismo cifra en 592 el volumen de asuntos ingresados entre enero y marzo, lo que arroja un incremento del 5,2% interaual y se convierte en el número más elevado desde primavera del año pasado (639). Cataluña ha acumulado uno de cada cinco nuevos procedimientos, seguida de Andalucía (111), Comunidad Valenciana (72), con Barcelona como la provincia más afectada de todo el país.

Los juzgados de toda España siguen recibiendo cientos de casos de okupaciones de viviendas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los nueve primeros meses del año los Juzgados de Primera Instancia han ingresado un total de 1.782 procedimientos por ocupaciones ilegales de inmuebles residenciales, de los que 580 se registraron en verano. La cifra ha crecido un 55% interanual y casi todas las CCAA han registrado aumentos, con Cantabria y Cataluña a la cabeza. La región catalana, además, es la que registra más casos tanto en el trimestre como en el conjunto del año.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido ampliar la vigencia de los 10 juzgados de primera instancia especializados en atender el aluvión de cláusulas abusivas de las hipotecas, como las suelo, las hipotecas multidivisa o las hipotecas referenciadas al índice IRPH, que todavía siguen activos y cuya disolución estaba prevista para el próximo 31 de diciembre. Se trata de los tribunales que operan en las provincias de Barcelona, Alicante, Castellón, Valencia, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Murcia y Valladolid, cuya actividad se mantendrá durante todo 2025, aunque podría prorrogarse más.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado su informe trimestral de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024. Entre abril y junio se realizaron 7.850 ejecuciones de desahucios, un 7,8% interanual. La mayoría de ellos (74,8%) se practicaron como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y crecieron un 10,7% anual. Mientras tanto, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 1,9%. Cataluña encabeza este tipo de actuaciones judiciales, sobre todo las procedentes de la LAU (1.577), ya que representan un 26,8% del total nacional.

Los juzgados provinciales especializados creados en 2017 para atender las demandas de los consumidores por las cláusulas abusivas de las hipotecas han ido poco a poco desapareciendo en España. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha anunciado el cese de la actividad del órgano de Toledo y la prórroga hasta final de año de los de Alicante, Álava, Barcelona, Vizcaya, Castellón, Guipúzcoa, Murcia, Valencia y Valladolid, cuyo vencimiento estaba previsto para el 30 de junio. El de Madrid ya había sido prorrogado hasta el 31 de diciembre.

El tiempo que debe esperar un propietario en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de una vivienda está en máximos históricos. A cierre del año pasado, el plazo medio se situó en 23,2 meses, sumando los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los posibles recursos de las Audiencias Provinciales. Castilla y León y Murcia son las CCAA con los periodos más largos, mientras que Navarra y Aragón tienen los más reducidos. Los despachos de abogados critican el colapso de la Administración de Justicia por falta de medios y aseguran que se está debilitando el derecho a la propiedad privada.

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre alcanzó una cifra total de 7.424, lo que supone un crecimiento del 12,8% respecto al mismo periodo de 2023, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este aumento supone acabar con una racha de siete trimestres consecutivos, casi dos años de caídas de los lanzamientos practicados derivados de ejecuciones hipotecarias como de los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Cataluña (1.870) lidera el número de lanzamientos, mientras siete de cada 10 procedieron de procedimientos derivados de la LAU.

El número de lanzamientos sobre inmuebles practicados el año 2023 fue de 26.659, lo que supone un 30,3% menos respecto al año anterior, de acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el informe, un 74,1% de los lanzamientos, 19.676, ha sid

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran en 17.264 el número de casos relacionados con la okupación ilegal de viviendas que han ingresado en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia en toda España en el último lustro, lo que arroja un promedio de 9 demandas al día. El dato más reciente es el del tercer trimestre de año, cuando se han contabilizado 373 procedimientos, un 38,6% menos interanual y la cifra más baja de la serie histórica. Desde verano de 2018, Cataluña es la región con más causas de este tipo, con más de 4.100 asuntos, mientras que Navarra y La Rioja cierran el ranking con menos de un centenar de demandas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado prorrogar durante seis meses más el plan de especialización en materia de cláusulas abusivas en seis órganos judiciales en los que el vencimiento de esta medida estaba previsto para el 30 de junio. Con este acuerdo, el número

Con el paso de los años está aumentando el tiempo que deben esperar los propietarios en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de las viviendas. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia se situó en 10,9 meses en 2022, frente a los 9,6 meses de un año antes o de los 4,9 meses de 2018. Si sumamos lo que tardan las apelaciones en las Audiencias Provinciales, el plazo total se amplía hasta 20,5 meses, aunque Andalucía, Baleares, Canarias o Castilla y León se acercan a dos años. Los expertos piden cambios normativos para acelerar la recuperación de los inmuebles.

Los 10.816 lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2022 han supuesto un 6,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mayor parte proceden de impagos del alquiler (72,8%) frente a las ejecuciones hipotecarias (18,2%). Cataluña (2.414), Comunidad Valenciana (1.863), Andalucía (1.858) y Madrid (1.005) son las regiones que acumulan más lanzamientos. Mientras, los juzgados ingresaron 779 asuntos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 26,2% menos que el año anterior.

La okupación se ha convertido en los últimos meses en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los propietarios. Más allá del perjuicio económico que supone el hecho de no poder disponer de la propiedad, uno de los grandes problemas es el tiempo que tardan los juzgados en dictar una sentencia que permita el desalojo de los inquilinos ilegales. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el plazo medio se situó en 2021 en 18,1 meses, cuando en 2018 no llegaba al año. Castilla y León, Canarias y Murcia son las CCAA con los periodos más largos.

Ya han pasado cinco años desde que se pusieron en marcha los juzgados provinciales especializados en atender el aluvión de demandas de los consumidores por las cláusulas abusivas de las hipotecas. La mayoría de ellos ya se ha disuelto, aunque un total de 22 seguirán operando al menos hasta final de año, dado el volumen de casos pendientes de resolver y a las demandas que todavía siguen recibiendo. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre los juzgados activos se encuentran los de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Burgos, Navarra, Guipúzcoa, Castellón y Toledo.

El despacho de Abogados Arriaga ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para trasladar la situación de "colapso crónico" del Juzgado 101 Bis de Madrid especializado en cláusulas abusivas, según ha informado a través de un comunicado.Además, prevé traslad

El PP, Ciudadanos, el PNV, Junts y el PDeCAT han registrado en el Congreso enmiendas de devolución al proyecto de ley de Vivienda con la intención de tumbar la iniciativa en su primera votación, prevista para marzo, mientras que Esquerra Republicana ha optado por plantear un texto alternativo a la propuesta del Gobierno de coalición. Vox podría sumarse a este bloque, que sumaría 163 votos. Las formaciones rechazan el texto por la invasión de competencias autonómicas y el ataque que supone para la propiedad privada, y afirman que el Gobierno está a tiempo de plantear y aprobar una nueva ley antes del 30 de septiembre, como prometió a Bruselas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 1 de febrero el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda tras sufrir varios retrasos durante su proceso de elaboración. Por ello, ha pedido que se tramite por el procedimiento de urgencia en las Cortes para poder cumplir con los plazos que se había propuesto el Gobierno de coalición y poner en marcha la normativa antes del cuarto trimestre del año. A pesar de que afirma que es un texto garantista, el Ejecutivo no descarta la judicialización de su contenido.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por mayoría el nuevo informe preceptivo que han elaborado dos vocales sobre el anteproyecto de la Ley de Vivienda. El documento habla de un complejo encaje constitucional por invadir competencias autonómicas, de una redacción recargada y de unas medidas que no están justificadas y que podrían provocar un aluvión de procedimientos judiciales. El Ejecutivo estudiará las recomendaciones judiciales y prevé sacar adelante la normativa.

A finales de esta semana, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe debatir sobre la nueva propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, después de que fuera rechazado el primer texto a mediados de mes. El nuevo documento insiste en que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica", y recalca que la Constitución "no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar la efectividad" del derecho a una vivienda digna.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "absoluto respeto" a la posición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Vivienda, aunque ha remarcado el compromiso del Ejecutivo con su aprobación con el objetivo de "construir el quinto pilar del estado de bienestar".

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, lamenta el nuevo retraso en la aprobación de la Ley de Vivienda, tras el rechazo del informe de la norma por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A pesar de que insiste en que no hay conflicto competencial con las autonomías, recalca que el Gobierno tendrá en cuenta el contenido del informe que apruebe la justicia y que adaptará la ley si es necesario.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 14 de enero el informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda elaborado por un vocal del organismo judicial, que avalaba la normativa, pese a detectar algunas imprecisiones y carecer de una justificación suficiente para limitar el alquiler. El acuerdo del Pleno no es vinculante, aunque ha encargado la elaboración de un nuevo informe que será votado el próximo 27 de enero. Así, el Consejo de Ministros no podrá aprobar el anteproyecto al menos hasta principios de febrero.

El Consejo General del Poder Judicial debe debatir el próximo viernes el informe sobre el contenido del anteproyecto de la Ley de Vivienda, paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros y el inicio de su tramitación parlamentaria. La justicia cree que el texto es adecuado para reforzar el derecho a la vivienda, aunque también destaca unos 'peros'. Cree que no está suficientemente justificada la necesidad de controlar los precios del alquiler y que no están claros conceptos como la vivienda digna.