La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido ampliar un año más la vigencia de los 10 juzgados de primera instancia especializados en atender el aluvión de cláusulas hipotecarias abusivas que todavía siguen activos y cuya disolución estaba prevista para el próximo 31 de diciembre.
La medida, que cuenta con informes favorables del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como de las comunidades autónomas y de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de los territorios correspondientes, prolonga la actividad de los juzgados más saturados de España al menos durante todo 2025. En concreto, de estos 10:
- Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Valladolid
- Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de Barcelona
- Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Alicante
- Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Castellón
- Juzgado de Primera Instancia n.º 25 de Valencia
- Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Vitoria-Gasteiz
- Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Donostia–San Sebastián
- Juzgado de Primera Instancia n.º 15 de Bilbao
- Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de Murcia
- Juzgado de Primera Instancia nº 101 de Madrid
Tras un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 1 de junio de 2017 estos organismos judiciales empezaron a operar a escala provincial, con el objetivo de evitar el colapso de la justicia ordinaria ante la oleada de reclamaciones de los consumidores contra la banca por las cláusulas abusivas de las hipotecas, como las suelo, la cláusula del vencimiento anticipado, los intereses moratorios, los gastos de formalización de hipoteca, las hipotecas multidivisa o las hipotecas referenciadas al índice IRPH.
Como recuerda el organismo judicial, "el plan de especialización en cláusulas abusivas (acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física".
A finales de 2020, dejaron de operar los primeros nueve juzgados (Zaragoza, Ávila, Soria, Segovia, Lugo, Ourense, Huesca, Teruel y La Rioja), dado el escaso volumen de asuntos pendientes de resolver que tenían entonces y de nuevas demandas que estaban recibiendo. Desde entonces han ido desapareciendo poco a poco más juzgados provinciales y el último fue el de Toledo, cuya actividad finalizó en junio de 2024.
En cambio, se han ido prorrogando de forma continuada aquellos con un elevado volumen de asuntos ingresados y/o pendientes de resolución. En el caso de la prórroga de los 10 juzgados mencionados, "la decisión se ha adoptado teniendo en cuenta el volumen de asuntos ingresados durante los tres primeros trimestres del año y el de asuntos pendientes a fecha de 30 de septiembre", concluye el comunicado del CGPJ.
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