Suiza ha puesto en marcha una batería de medidas destinadas a limitar la adquisición de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros, en un contexto marcado por la escasez de oferta.
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El Ejecutivo suizo plantea modificar el marco legal que regula la compra de bienes inmuebles por extranjeros para introducir nuevas condiciones más estrictas.
Entre las principales novedades destaca la exigencia de un permiso previo para los ciudadanos de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein y Noruega) que deseen adquirir una vivienda en el país.
Además, estas personas estarían obligadas a vender la propiedad en un plazo de dos años si dejan de residir en Suiza, lo que introduce una limitación temporal a la tenencia del inmueble. Este requisito busca evitar que las viviendas adquiridas por extranjeros queden fuera del mercado residencial habitual o se destinen a la inversión pasiva.
Las restricciones también se extienden al ámbito comercial e inversor: el Gobierno propone impedir que los extranjeros compren inmuebles para ponerlos en alquiler. En la misma línea, se plantean más límites a la compra de segundas residencias y viviendas vacacionales, así como a la participación extranjera en sociedades inmobiliarias.
Incremento poblacional
Estas medidas responden a una situación de creciente tensión en el mercado inmobiliario suizo. Esta presión se debe al aumento de la población, que ha superado por primera vez los nueve millones de habitantes, una cifra récord.
El endurecimiento de las normas se produce, además, en un contexto político sensible, ya que en junio se celebrará un referéndum sobre una iniciativa popular que propone limitar la población a un máximo de 10 millones de habitantes.
Con este paquete de medidas, el Ejecutivo intenta ofrecer una alternativa regulatoria que permita contener la demanda de vivienda por parte de extranjeros. No obstante, las propuestas deberán pasar por un proceso de consulta antes de su aprobación definitiva.
Las iniciativas, que suponen un endurecimiento de la normativa vigente, buscan frenar la presión sobre el mercado residencial y responder al debate interno sobre el incremento demográfico en el acceso a la vivienda.
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