El canciller alemán, Friedrich Merz, ha lanzado una advertencia contra los planes que se negocian en Berlín para nacionalizar parte de las propiedades de los grandes propietarios de viviendas de alquiler. La capital alemana acoge una cumbre dirigida a captar inversión extranjera, mientras la crisis de vivienda y la inestabilidad política elevan la tensión entre los principales partidos del país, con la ultraderecha acechando.
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Merz pidió a los responsables políticos evitar “experimentar” con los derechos de propiedad y subrayó que la protección de la propiedad privada y la confianza en el funcionamiento del mercado son pilares de la economía social de mercado alemana. Sus declaraciones se producen durante las conversaciones para formar una coalición regional en Berlín entre Die Linke, el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes.
Las fuerzas estudian una iniciativa destinada a nacionalizar una parte significativa de los activos de propietarios que posean más de 10.000 viviendas. El objetivo declarado es “contener el encarecimiento de los alquileres y aliviar la falta crónica de vivienda asequible en la capital”. La propuesta podría afectar a más de 150.000 hogares, de acuerdo con las estimaciones del texto de negociación.
El planteamiento contempla una compensación máxima de 16.000 millones de euros para los propietarios afectados, una cifra que equivaldría a poco más de 100.000 euros por vivienda de media. Esa cantidad estaría previsiblemente por debajo del valor de mercado de los inmuebles, lo que anticipa una intensa batalla política, jurídica y financiera si la medida llega a materializarse.
Los partidos que negocian el futuro gobierno berlinés sostienen que podrían recurrir a un artículo de la Constitución alemana que permite la expropiación de terrenos y otros bienes por razones de interés público, siempre que exista una compensación.
Se trataría de un mecanismo constitucional que no ha sido utilizado hasta ahora y cuya aplicación abriría un debate de gran alcance sobre los límites de la intervención pública en el mercado inmobiliario.
El conflicto se enmarca en la compleja relación de Berlín con su parque de vivienda pública. Tras la reunificación alemana, la ciudad atravesó graves dificultades financieras y vendió más de 200.000 viviendas municipales a inversores privados. Con el tiempo, el aumento de los alquileres y la escasez de oferta han llevado a las administraciones a destinar miles de millones de euros a recomprar parte de esos activos.
La cuestión ha tenido un fuerte impacto electoral. Die Linke fue el partido más votado en las elecciones de Berlín de septiembre, con un 25,7 % de los votos, su mejor resultado histórico. La formación centró parte de su campaña en la expropiación de grandes carteras inmobiliarias, el control de los alquileres y la defensa de la vivienda asequible. En contraste, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz, que gobierna la ciudad-estado desde 2023, perdió nueve puntos y se situó en el 18,8 %. Alternativa para Alemania (AfD), por su parte, ascendió hasta el 16,3 %.
La reacción de los mercados no se ha hecho esperar. Las acciones de Vonovia, el mayor propietario residencial de Berlín, con más de 138.000 apartamentos en cartera, cayeron la semana pasada a su nivel más bajo desde 2023. La incertidumbre sobre una posible expropiación, así como la perspectiva de compensaciones inferiores al valor de mercado, han aumentado la preocupación entre inversores y empresas del sector.
El choque por la política de vivienda también ha agravado las tensiones entre la CDU y su socio en el Gobierno federal, el SPD. Merz ha presionado a los socialdemócratas para que busquen una alianza con los conservadores en Berlín, en lugar de pactar con Die Linke. El SPD, sin embargo, ha acusado a dirigentes regionales de la CDU de respaldar al candidato de AfD para presidir el parlamento regional de Sajonia-Anhalt.
Mientras tanto, Merz y el líder socialdemócrata Lars Klingbeil han intentado transmitir una imagen de unidad ante unos 200 inversores reunidos en la conferencia “Invest in Germany”. Ambos defendieron a Alemania como un destino estable y atractivo para el capital internacional, apoyándose en el nuevo paquete de inversión pública en infraestructuras y defensa.
Entre los compromisos anunciados por el Gobierno alemán figuran una inversión de 16.000 millones de euros por parte de Amazon y planes de Brookfield para destinar decenas de miles de millones en Alemania durante los próximos cinco años. Según el Ministerio de Economía, la inversión extranjera comprometida supera ya los 95.000 millones de euros en lo que va de año. En ese contexto, Merz busca convencer a los mercados de que Alemania sigue siendo un país fiable, pese a las crecientes tensiones políticas y al debate abierto sobre el futuro de la vivienda en Berlín.
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