Una cooperativa de viviendas recibirá 6 millones de la banca, responsable de las cantidades a cuenta

Fin del trayecto iniciado en 2000 para los cooperativistas de Mirador del Pardo II Sociedad cooperativa madrileña. Más de una treintena de familias anticiparon entre 150.000 y 200.000 euros, cada una,  para conseguir una vivienda en el PAU de Arroyo del Fresno. En estos días, gracias a un acuerdo con las tres entidades en las que ingresaron el dinero a cuenta, Bankia, Caixabank e Ibercaja, van a recuperar los cinco millones desembolsados, más otro millón en concepto de intereses. Un cambio de actitud en las entidades financieras: la firma de un acuerdo, en lugar de prolongar un proceso judicial durante años.

En este caso, lo que había arruinado la promoción, no fue solo la crisis económica. Los cooperativistas padecieron un laberinto judicial urbanístico, incluida la paralización del nuevo barrio en el noroeste de Madrid. A lo largo de tres lustros, al plan de pagos elaborado por la gestora, Atalaya Gestión Inmobiliaria, – unos tres millones de euros­-, se sumaron dos millones más por los retrasos.

Una cuarta parte de los socios se dieron de baja y la cooperativa acabó en liquidación.

Mirador del Pardo II no llegó a obtener financiación para la obra en ningún momento, aunque los cooperativistas ingresaron cantidades a cuenta de su futura vivienda en Ibercaja (300.000 euros); después, en Caja Madrid, hoy Bankia, (unos dos millones de euros) y, más tarde, en La Caixa, hoy Caixabank ,(tres millones de euros); única que financió e hipotecó el suelo.

Los cinco millones se destinaron al proyecto: la compra del suelo -actualmente revendido por Caixabank-, los honorarios de la gestora, el proyecto de los arquitectos y un largo etcétera. Es decir, el dinero ingresado en las cuentas especiales sí se destinó, como marca la ley, a la promoción, pero, en cambio, ninguna de las tres cajas exigió garantía de que los cooperativistas lo recuperarían, si no se hacían las casas.

“La ley 57, de 1968, y la de Ordenación de la Edificación estaban en vigor y dejaban claro que el banco o caja son los responsables de que, -cuando se abra la cuenta especial para recibir las cantidades a cuenta-, el promotor demuestre que hay un seguro o aval bancario, como garantía de que se restituirá el dinero adelantado si no se edifican las viviendas. Son guardianes del cumplimiento de la ley”, explica Susana Santamaría, del bufete Iure Iberia (Grupo Lawyer), defensor de Mirador del Pardo II.

Julio César Arnáiz, miembro del mismo despacho de abogados burgalés, remite a una sentencia de enero del año pasado, en la que el Tribunal Supremo, a instancias de este bufete, dictaminó que la banca debe asumir el compromiso de resarcir a los cooperativistas cuando no ha cumplido “la obligación legal de exigir al promotor la constitución de garantías para la apertura de cuentas o depósitos en la entidad”.

En este caso, las tres entidades han llegado a un acuerdo y pagado, antes de ir a juicio, con lo que ponen punto final al calvario de los cooperativistas, que se ahorran entre cinco y siete años de juicios.

Una buena noticia, porque abundan las de denuncias y procesos judiciales, pero son inusuales las de acuerdos. “Empezamos a ver un cambio de actitud en las entidades, sobre todo en el caso de Bankia. Hasta ahora, acumulaban sentencias condenatorias en primera instancia y en las audiencias provinciales, pero -sobre todo las entidades grandes -, intentaban retrasar el proceso al máximo, llegando hasta el Tribunal Supremo”, explica Santamaría.

Para el bufete del Grupo Lawyer, esta senda del acuerdo “es la más beneficiosa para los afectados que acortan así la solución varios años y para las propias entidades que disminuyen, en parte, la factura que tienen que pagar y mejoran su imagen, demostrando cierto compromiso social”.

No obstante, el Grupo tiene muchos casos abiertos en otras ciudades en los que, de momento, la banca opta por litigar; quizá porque algunos de los bufetes externos perciben mayores emolumentos si pleitean que si cierran acuerdos.