Mayor rentabilidad del activo y en beneficio del interés público, así es como el presidente madrileño Ángel Garrido intenta defender esta polémica operación. Después de que el pasado 25 de mayo el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid emitiera un fallo histórico dándole la razón a un inquilino del Ivima (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid), la Comunidad de Madrid se ha puesto en pie de guerra y trata de impedir la anulación de la venta pisos de VPO a fondos en 2013 con un recurso que defiende el "ahorro de costes" en base a una "decisión política legítima".
El germen de este entramado judicial está en Navalcarnero (Madrid) cuya Vivienda de Protección Oficial (VPO) fue vendida a Goldman Sachs en 2013. El resultado de la denuncia se saldó anulando la enajenación a este denominado fondo buitre de otras 2.935 VPO como la del denunciante repartidas en 32 promociones, con inquilinos dentro que denuncian tanto que se les sube el alquiler indiscriminadamente como que se les expulsa de sus domicilios.
La Comunidad de Madrid, defendiendo que la operación se cerró dentro de la legalidad, ha recurrido ante el TSJM. El escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, defiende continuamente la “legitimidad” de la operación basada en una “decisión política”.
“La reducción del patrimonio público se ampara no en un mero capricho, sino en argumentos sólidos ligados al ahorro de costes que tanto reclama la ciudadanía a las Administraciones y a la mejor eficacia en la gestión”, se desprende del documento. “Resulta preciso tener en cuenta que la calificación de las viviendas como de protección pública no se ve alterada por la titularidad de las mismas”, señala el recurso.
Según el gobierno autonómico de Madrid, la venta se llevó a cabo “ante la necesidad de obtener la liquidez necesaria para mantener el funcionamiento normal del Ivima en una situación de restricción del crédito”. No obstante, el consistorio recuerda que, “la enajenación de las viviendas no afectaba para nada a la preservación de los derechos de los inquilinos”.
Si bien la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia tardará todavía unos meses en llegar, el abogado del querellante ha pedido al TSJM que declare “improcedentes” los recientes documentos aportados por el equipo jurídico de la Comunidad como pruebas al haber tenido tiempo de hacerlo en instancias anteriores y no ajustarse a la legalidad vigente.
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