VPO

La decisión anunciada hace un par de meses por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre de levantar viviendas asequibles en suelos dotacionales de entre 35 y 45 m2 generó cierto revuelo en la ciudad costera, debido a su escasa superficie. Sin embargo, esta idea ha sido, en parte, corregida, ya que finalmente estos inmuebles de protección oficial contarán entre 45 y 60 m2 útiles, dependiendo de si disponen de uno o dos dormitorios. Además, el edil malagueño ha anunciado ayudas de hasta 18.000 euros por vivienda construida para incentivar a las compañías privadas.

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la admisión a trámite del proyecto de urbanización de Buenavista, un desarrollo promovido por Sepes, en el que prevén levantar 1.362 viviendas protegidas y que cuenta con un presupuesto de 33,6 millones de euros. En total, abarca casi 30 hectáreas distribuidas en 14 parcelas en el distrito de Campanillas, que además del uso residencial contarán con zonas verdes y espacios comerciales, deportivos y educativos. Se estima un plazo de ejecución de 20 meses una vez que consiga el visto bueno municipal definitivo.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (EMIVESA) ha aprobado el cambio de uso de siete parcelas -destinadas en una primera instancia a oficinas, comercios y vivienda libre- para levantar más de 150 inmuebles protegidos. Dichos terrenos forman parte de una consulta pública emitida por la Gerencia de Urbanismo y de Medio Ambiente (GUMA) de la capital andaluza, que pretendía recabar parcelas privadas en desuso destinadas a otra actividad para ampliar la oferta residencial protegida, y son propiedad de las promotoras Amenabar, Metrovacesa, Urbanarte y una cuarta impulsada por la propia GUMA.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha activado la venta de cinco parcelas municipales, que suman casi 11.500 m2, destinadas a la construcción de más de 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO). Según la concejala de Regeneración Urbana de la ciudad malagueña, Marina Vázquez, en los últimos 30 años sólo se han promovido 100 VPO, por lo que esta iniciativa supone un “paso importante” para facilitar el acceso a una vivienda protegida a muchas familias de esta localidad malagueña. El coste total de estos terrenos suma casi 9 millones de euros.

La tendencia al alza de los precios de la vivienda se está extendiendo también en el mercado protegido. Según datos del Ministerio de Vivienda, el valor tasado de la VPO ha batido récord en el primer trimestre al situarse por primera vez por encima de 1.170 euros/m2, frente a los 2.033 euros/m2 de los inmuebles libres, máximos desde 2008. Pero hay provincias donde la VPO es la opción más cara para los compradores, como Córdoba, Lleida, Jaén, Cuenca, Ávila, León, Ourense o Teruel. En cambio, en Baleares y Madrid la vivienda libre 'saca' más de 2.000 euros/m2 a la protegida.

La Junta ha entregado el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía al Consejo Económico y Social (CES), institución que analizará dicho documento antes de su tramitación parlamentaria. Sin embargo, en él se pueden apreciar dos cambios con respecto al borrador inicial. Se ha eliminado la posibilidad de vender una vivienda protegida (VPO) una vez hayan trascurridos 10 años desde su adjudicación, y el término ‘inquiocupación’ finalmente ha sido sustituido por “seguridad jurídica”.

Can Baró fue, durante décadas, uno de esos barrios olvidados en la ladera del Carmel, en Barcelona. Lo que hoy son calles tranquilas y bloques con vistas privilegiadas, fue hasta los años 70 un asentamiento de barracas donde malvivían cientos de familias llegadas de otras partes de España. Entonces, las condiciones eran tan precarias que muchas viviendas carecían de agua corriente, electricidad o acceso asfaltado. Fue en ese contexto de urgencia social que el Ayuntamiento construyó los conocidos como "pisos verdes", un conjunto de viviendas públicas levantadas para realojar a las familias barraquistas. Medio siglo después, esos mismos edificios siguen en pie… y arrastrando muchos de los problemas de entonces.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, continúa con la ronda de encuentros bilaterales con las autonomías tras presentar la semana pasada del Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030. Tras reunirse con el Gobierno vasco, Rodríguez ha acudido a Asturias para comprometer una inversión en materia de vivienda de 220 millones de euros en la región en los próximos años, casi un 400% más que hasta ahora. Además, ha adelantado que el Ejecutivo regional aprobará en las próximas semanas un cambio en su normativa para blindar el carácter permanente de la vivienda protegida.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que Cataluña se sumará a la propuesta de Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030, con la que el Gobierno pretende triplicar la inversión pública en vivienda y que se presentará durante la Conferencia de Presidentes. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que "para que España avance hacen falta viviendas dignas y asequibles", mientras que desde APCEspaña se han mostrado a favor de la iniciativa, pero sin olvidar el apoyo de la iniciativa privada.

Comprar una vivienda de protección oficial (VPO) puede parecer, a primera vista, una opción asequible. Sin embargo, hay un aspecto fiscal que a veces se pasa por alto: la base imponible para calcular el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) no siempre coincide con el precio pagado. En muchos casos, se aplica el valor de referencia del Catastro, que puede ser superior. La Dirección General de Tributos zanjó esta duda el 21 de marzo de 2025 en una consulta vinculante, confirmando que el comprador debe autoliquidar el impuesto teniendo en cuenta ese valor, incluso cuando el inmueble tiene un precio limitado por la propia Administración.

Ya están aprobados oficialmente los nuevos tipos de interés de los préstamos de las viviendas protegidas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado la resolución de la Dirección General de Vivienda y Suelo, tras obtener luz verde del Consejo de Ministros, para modificar los tipos de interés efectivos para los préstamos para VPO concedidos en el marco de los Planes de Vivienda entre 1996 y 2008, conforme a los datos del Banco de España. Tras la revisión, el tipo aplicado en el Programa del Plan de Vivienda 1996-1999 sube más de un punto, hasta el 2,92%, mientras que los de los Planes 2002-2005 y 2005 y 2008 bajan con fuerza, situándose en el 2,78% y 2,84%, respectivamente.

La gestora de inversión inmobiliaria y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado un acuerdo de financiación para el desarrollo de Distrito Universidad, un proyecto ubicado al oeste de Teatinos (Málaga) que contempla la construcción de 530 viviendas protegidas en régimen de alquiler, con rentas que rondarán los 600 euros mensuales. En concreto, Lagoom Living recibirá 59,3 millones de euros procedentes de los fondos europeos, tras recibir el visto bueno del Ministerio de Vivienda.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández, ha anunciado un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda con el que movilizarán 250 millones de euros para la construcción de 2.000 inmuebles en régimen de alquiler asequible. De esta cuantía total, la institución aportará 100 millones de euros directos en los próximos cuatro años, mientras que los 150 millones de euros restantes correrán a cargo del Gobierno central y la Junta andaluza. Los alquileres no podrán superar los 350 euros/mes y los inquilinos deben proceder de los registros públicos de demandantes de vivienda.

Las viviendas protegidas, entre las que figuran las viviendas de protección oficial (VPO) están destinadas a personas con un nivel de ingresos modesto. Su fin es permitir el acceso a una casa a aquellas personas que de otra forma no podrían. Entonces, ¿Qué ocurriría si te adjudican una VPO y luego tus ingresos crecen sustancialmente? ¿Te podrían quitar la vivienda protegida? Los expertos aseguran que no te la pueden quitar, una vez te la han adjudicado.

Los últimos datos del Ministerio de Vivienda confirman una evolución muy positiva de las viviendas protegidas en España. Durante el año pasado se solicitaron casi 24.000 calificaciones provisionales, casi el doble que un año antes, y que representaron casi un 20% del total de visados, con Madrid como punta de lanza del mercado. Jorge Ginés, director general de Asprima, explica que los buenos datos regionales responden a la subida del precio del módulo de la VPO a la movilización de suelos públicos a través de programas como el Plan VIVE y la transformación de suelo en desarrollo a finalista.

Madrid se ha consolidado como líder en el desarrollo de vivienda protegida en España, registrando un incremento del 700% en nuevas edificaciones durante 2024. Este repunte es el resultado de una serie de medidas innovadoras y actualizaciones normativas, como la revisión de precios máximos y la flexibilización de usos del suelo en áreas clave. Gracias a estas estrategias, la Comunidad de Madrid ha impulsado más de la mitad de las calificaciones de vivienda protegida solicitadas a nivel nacional, subrayando su firme compromiso con la promoción de viviendas asequibles en un mercado en constante evolución.

El número de calificaciones definitivas de vivienda protegida se disparó un 62% en 2024, hasta situarse en 14.371 unidades, el valor más alto desde el año 2014. Según los datos del Ministerio de Vivienda, Madrid fue la región que registró el mayor volumen (6.689 inmuebles protegidos), seguida de País Vasco (1.956) y Cataluña (1.893), mientras que prácticamente tres cuartas partes de las viviendas fueron promovidas por el sector privado. A pesar del repunte de la producción de VPO, el volumen sigue un 79% por debajo de los niveles del boom inmobiliario.

El grupo empresarial Atitlan, a través de su filial Atitlan Desarrollos Inmobiliarios (ATDI), y la empresa valenciana Grupo Ática han establecido una alianza estratégica con el objetivo de desarrollar cerca de 1.000 viviendas asequibles en la Comunidad Valenciana. Esta colaboración se enmarca en el Plan Vive de la Generalitat Valenciana, que busca promover la construcción de 10.000 viviendas de protección pública mediante la colaboración público-privada.

Comprar una vivienda de protección oficial (VPO) en España exige un ahorro inicial significativo, aunque las condiciones son más favorables en aspectos fiscales y financieros. Para adquirir una VPO, el comprador debe contar con aproximadamente el 30% del precio de venta, beneficiándose de impuestos reducidos y condiciones hipotecarias ventajosas. En este artículo te mostramos con algunos ejemplos cuánto dinero tienes que tener para hacer frente a la operación.

La vivienda protegida vivió un 2024 lleno de contrastes. El valor medio de la VPO terminó el año pasado en 1.169,4 euros/m2, el mismo importe que marcó en el segundo trimestre y que es el más elevado desde que el Ministerio de Vivienda tiene registros. Mientras tanto, se transaccionaron 47.418 inmuebles con protección en toda España, un 6,6% más que en el ejercicio anterior. A pesar del repunte, el dato apenas representó el 7,4% de las compraventas totales, lo que se traduce en su peso más bajo de la serie histórica del INE.

El acceso a la vivienda es uno de los principales retos en el mercado inmobiliario, y la vivienda de protección oficial (VPO) es una herramienta clave para facilitarlo. Sin embargo, durante años, la promoción de este tipo de vivienda ha sido escasa. La razón principal: no es viable económicamente para los promotores. Sergio López, CEO de Viviendea, ha llevado a cabo un ejercicio, con datos y gastos, sobre cuál es el coste de levantar un edificio de pisos para un promotor y aclarar si es o no rentable para ellos participar en la construcción de VPO en España. Si bien López se ha centrado en el mercado valenciano, este ejercicio es extrapolable a cualquier ciudad española.

El Ayuntamiento de Barcelona, bajo el mando de Jaume Collboni, ha intensificado su postura respecto a la normativa que exige destinar el 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a vivienda de protección oficial. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha desmentido categóricamente las afirmaciones sobre un supuesto perdón de multas a los infractores de esta regulación, asegurando que "todos los expedientes abiertos siguen vivos y con posibilidad de acabar en sanción". Esta declaración surge en respuesta a las críticas de diversos sectores que acusaban al Consistorio de laxitud en la aplicación de la normativa.

Al adquirir una vivienda de protección oficial (VPO) se asumen una serie de condiciones y requisitos, como la imposibilidad de vender la casa durante un período determinado y, en caso de poder hacerlo, tener que devolver las ayudas que desembocaron en su adquisición para lograr su descalificación. Pero no es posible evadir la devolución de las ayudas para descalificarla si se solicita que se convierta en una vivienda libre voluntariamente. Esto es un requisito indispensable para la descalificación de una VPO.

La vivienda pública sigue bajo mínimos. La sociedad de tasación CoHispania confirma en un reciente estudio que nuestro país construyó durante 2023 un total de 8.646 viviendas de protección oficial (VPOs), a falta de conocer los datos de 2024 del Ministerio de Vivienda. Una cifra que equivale a 18 propiedades asequibles por cada 100.000 habitantes, un 87,4% menos que hace 15 años, y ligeramente superior al mínimo histórico registrado en 2017, cuanto se levantaron 10,6 unidades. La realidad es que la construcción de viviendas con algún grado de protección pública se redujo considerablemente tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, muy lejos de las alrededor de 200.000 unidades protegidas al año que se levantaban tras la transición.

La Comunidad de Madrid y Avalmadrid han sellado un acuerdo para impulsar la construcción de viviendas protegidas en la región, basado en conceder financiación a promotores y coopeativas para comprar suelo finalista destinado a VPO. El objetivo es movilizar cerca de 893 millones de euros e impulsar el desarrollo de unas 10.000 viviendas en la región destinadas a la venta, a través de préstamos con un tipo de interés del 2% + euríbor a devolver en un máximo de 24 meses. La financiación máxima es de hasta el 80%.