La Junta de Andalucía ha retirado del anteproyecto de Ley de Vivienda, anunciado en septiembre del pasado año y que se espera que esté listo para finales de este, una de las medidas que más controversia generó: la posibilidad de vender una VPO una vez hayan trascurridos 10 años desde su adjudicación.
El primer borrador establecía que la descalificación (proceso por el cual una vivienda protegida deja de serlo y puede ser incluida en el mercado libre) se acordaría “una vez hayan transcurrido 10 años desde la calificación definitiva o el plazo establecido para que proceda la descalificación fijada en el plan al que estuviera acogida la vivienda si éste fuera inferior a 10 años”.
Sin embargo, el nuevo documento suprime este apartado y especifica que cada plan de vivienda será el que determine el periodo establecido. Aparte, el Ejecutivo andaluz ha especificado en el texto que aquellas viviendas protegidas levantadas en suelos dotacionales no se podrán descalificar nunca.
Los plazos actuales, recogidos en el Plan Vive 2020-2030 establece que se podrán descalificar:
- Viviendas de régimen especial y alojamientos protegidos: 15 años.
- Viviendas protegidas de régimen general: 10 años.
- Viviendas protegidas de precio limitado: 7 años.
Este cambio mantiene la tendencia establecida por el Gobierno que preside Juanma Moreno, que apuesta por incrementar el parque público de vivienda y fomentar este tipo de inmuebles, por lo que, además de retrasar el proceso de descalificación, también se le obligará al propietario a reintegrar la totalidad de subvenciones, préstamos y ayudas recibidas a la hora de obtener una de estas viviendas.
Suprimido el término ‘inquiocupación’
El primer borrador también incluía la creación de una comisión “contra la Ocupación ilegal e inquiocupación”, cuyo objetivo era “establecer las directrices para la coordinación de la información, asesoramiento y acciones para evitar la ocupación ilegal e inquiocupación y para ofrecer soluciones habitacionales conjuntas en situaciones de desahucio y vulnerabilidad social”.
Finalmente, este término ha sido suprimido y se ha apostado por “ofrecer seguridad jurídica” a los propietarios.
También se ha eliminado del texto el Registro Oficial de Agentes inmobiliarios y se imposibilita a la Junta a participar en los registros municipales de demandantes de vivienda protegida.
Anteproyecto entregado al CES
Una vez el texto ha sido estudiado y modificado, tras haber pasado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha asegurado que el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía ya está en manos del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), institución que analizará dicho documento antes de su tramitación parlamentaria.
La consejera ha destacado que “el texto del anteproyecto ha sido objeto de debate en la mesa de diálogo social que la consejería mantiene con los agentes sociales más representativos, como CEA, UGT y CCOO”.
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