
Andalucía tendrá una nueva Ley de Vivienda en 2025. Así lo ha anunciado Juanma Moreno, presidente de la Junta, durante su intervención en el IV Congreso Nacional de Vivienda de la APCE en Málaga, que ha detallado que espera que la nueva normativa sea una realidad en el primer semestre del próximo año.
Según Moreno, el borrador del texto se encuentra en fase de alegaciones y el objetivo es llevarlo al Consejo de Gobierno el primer semestre de 2025. La normativa irá destinada a generar más suelo a precio asequible, incrementar la oferta residencial en el mercado, sacar al mercado de alquiler 20.000 viviendas protegidas en cinco años y poner en marcha subvenciones y ayudas en las zonas con más dificultad de acceso. Además, el texto estará consensuado con los colegios profesionales.
El presidente del Gobierno autonómico ha defendido durante su intervención que "la Administración tiene que "poner todos los esfuerzos para reducir el desequilibrio entre oferta y demanda" de viviendas. Y que este desajuste se ha agravado en los últimos años, a medida que ha ido creciendo la población y se ha estancado la producción de obra nueva.
En el caso concreto de Andalucía, el actual déficit de viviendas ronda las 90.000 unidades, según el Banco de España, aunque todo apunta a que la cifra irá a más, ya que cada año la población en la región crece en unas 25.000 personas. De hecho, se espera un crecimiento poblacional de 700.000 personas en la autonomía hasta 2040, y más de la mitad se concentrará en la provincia de Málaga.
El presidente de la Junta también ha puesto en valor el papel del ladrillo en la economía andaluza. "Tenemos que hablar con mucho respeto del sector de la vivienda. Es un sector que genera una enorme actividad económica y unos 250.000 empleos solo en Andalucía, y que se mueve en un entorno cada vez más digitalizado". Además, "el sector está volcado en construir más y construir mejor", ha apostillado.
Moreno también ha enumerado algunos de los factores que están lastrando actualmente la actividad promotora, como la falta de mano de obra, la burocracia, escasez de suelo y la falta de seguridad jurídica por la sobrerregulación.
"Si cambiamos las reglas del juego cuando ha empezado el partido, el inversor termina huyendo. No podemos hacer leyes sobre leyes. Lo que no funciona, es mejor cambiarlo", ha aseverado.
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