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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez Europa Press
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La Junta de Andalucía recurrirá ante los tribunales, como ya ha anunciado el Gobierno de Canarias, el Registro único de pisos turísticos impulsado por el Gobierno central, alegando "una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional".

El Decreto Estatal de Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración está en vigor desde el pasado 2 de enero, pero no será efectivo hasta el 1 de julio.

El Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno considera que las CCAA son las únicas administraciones competentes en materia de turismo y vivienda.

“Andalucía está absolutamente de acuerdo con la normativa europea sobre alquileres de corta duración, aprobada en abril de 2024, que busca mejorar la transparencia y el intercambio de información en este mercado", afirma el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. Sin embargo, el consejero critica que “el Ejecutivo central haya creado un registro estatal sin contar con las comunidades autónomas, que son quienes ostentan la competencia exclusiva en materia de turismo”.

"No solamente debíamos ser oídos por una razón de sentido común, sino que el propio reglamento europeo así lo decía: no establezcan ustedes registros duplicados cuando ya existen en la comunidad autónoma, no hace falta. El Gobierno de España se lo ha saltado a la torera", ha afirmado Bernal, quien insiste en que la Junta ha seguido todos los cauces legales y administrativos previos antes de presentar el recurso.

Bernal ha recordado que el propio Consejo de Estado ha emitido un “dictamen demoledor que cuestiona la legalidad del Real Decreto ”, y ha recordado que “la Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por la forma en que se ha regulado este registro, advirtiendo de la posible duplicidad y exceso de burocracia”.

El consejero de Turismo insiste que “la Junta no se opone a la regulación ni a la lucha contra la oferta ilegal, pero sí a la imposición de un sistema que, según denuncia, genera más costes y trámites innecesarios para los administrados y no respeta el reparto de competencias”. 

El Ejecutivo andaluz también ha solicitado al Gobierno central la convocatoria a todas las comunidades para exponer los avances del grupo de trabajo para la regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto a la vivienda, tal y como se recoge el en reglamento contra el que se ha presentado el recurso.

Rodríguez critica que CCAA pongan "palos en la rueda"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha criticado que haya gobiernos autonómicos que "pongan palos en la rueda" a las medidas sobre vivienda recurriendo ante los tribunales, como ha hecho Andalucía.

"La ciudadanía no quiere que discutamos de las competencias, sino que le demos respuestas y soluciones, y es lo que hace la ministra de Vivienda al ofrecer soluciones para garantizar el acceso a la vivienda, para abaratar los alquileres, para impedir la especulación y es lo que deseo y demando de todas las administraciones públicas", ha subrayado Rodríguez en una entrevista en Onda Cero.

También ha afirmado que las comunidades tienen mucho que decir en materia de regulación del turismo o en materia de competencias en torno a la vivienda y ha señalado que lo que ella les pide es que las ejecuten al máximo. "Lo que no entiendo es que cuando se ponen encima de la mesa instrumentos como éste (registro de pisos turísticos), que incluso además lo que hacemos es desarrollar normativa europea, en lugar de acompañar este desarrollo, se pongan palos en la rueda", ha lamentado la ministra.

Rodríguez ha asegurado que no comprende el recurso de la Junta de Andalucía contra el registro de pisos turísticos, “pues es una herramienta que proporciona soluciones a las comunidades autónomas, que tiene la competencia de perseguir estos pisos turísticos ilegales o de regular el turismo, por ejemplo, a través de una tasa turística o dictando, a nivel local, ordenanzas que impidan la implantación de pisos turísticos”.

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