Información sobre vivienda y economía

La gestión de la vivienda pública de alquiler en País Vasco modera la subida de los precios

Panorámica de Bilbao / Gtres
Panorámica de Bilbao / Gtres

Durante los años de la burbuja inmobiliaria la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos de España se volcaron, en su gestión de vivienda pública, en construir casas en propiedad. España era un país de propietarios y el mercado del alquiler apenas estaba profesionalizado, salvo en el caso del País Vasco. Desde 2001, esta comunidad apostó también por construir y gestionar su propia bolsa de vivienda social en alquiler, que a día de hoy supone prácticamente el 25% del parque de vivienda pública total.

En pleno debate sobre cómo mejorar el mercado del alquiler en España, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, muchos expertos ponen como ejemplo el modelo de vivienda social de Viena, donde el 77% de los pisos en alquiler son vivienda habitual y seis de cada 10 son viviendas sociales

Sin embargo, País Vasco es también un modelo a estudiar. Del total del parque de viviendas públicas, el 24,5% está destinado al alquiler. Es decir, cuenta con 18.275 viviendas sociales en alquiler de un total de 74.524 casas protegidas a cierre de 2017, según datos de la propia Consejería de Vivienda del Gobierno vasco.

De los 18.275 pisos en alquiler social, aproximadamente 13.400 son propiedad del Gobierno vasco mientras que cerca de 5.000 pisos son propiedad de los ayuntamientos, principalmente Bilbao (4.000 viviendas en alquiler) y San Sebastián (algo más de 1.000 unidades). Aparte hay un pequeño grupo de viviendas de propietarios particulares cuyo alquiler está cedido a los ayuntamientos para que se encarguen de todo Se trata del programa Bizigune y al cabo de seis años, devuelven la casa al propietario particular. La bolsa de vivienda pública en alquiler continúa creciendo ya que el País Vasco construye y pone en el mercado anualmente unas 900 viviendas más, aunque durante los años de crisis se produjo un pequeño parón.

Si a España se le achaca desde Europa y organismos como la ONU la escasez de vivienda pública, que se sitúa en torno al 1% del parque total de vivienda, el País Vasco está muy por encima: Según los datos del Catastro a cierre de 2018, el parque de viviendas existente en Euskadi era de 1.168.238 y el número de vivienda social en 2017 (último año disponible) era de 74.524, un 6,3% del total de vivienda existente.

El precio del alquiler social frente al alquiler libre

De media la renta de un piso social de unos 80 m2 es de 228 euros al mes. Por provincias, el alquiler protegido medio en Álava es de 216 euros, en Vizcaya es de 226 euros y en Guipúzcoa es de 246 euros.

Estas cifras contrastan con el precio medio del alquiler en el mercado libre. En Álava el precio medio de un piso de unos 80 m2 es de 730 euros mensuales, en Vizcaya es de 880 euros mensuales y en Guipúzcoa es de 1.000 euros mensuales a cierre de 2018 según datos de idealista. Los precios del alquiler de vivienda libre suben principalmente por la ley de oferta y demanda: o disminuye el stock o sube la demanda.

Pero mientras en otros mercados como Madrid o Barcelona los precios del alquiler de vivienda entre 2014-17 subieron de manera relevante, en el País Vasco no fue así y las subidas experimentadas por el alquiler de vivienda libre, no protegida, ha tenido un recorrido mucho más moderado que en otras áreas de España, manteniéndose estable en parte gracias a la política de vivienda pública en alquiler.

Cómo acceder a este tipo de viviendas

Para acceder a las viviendas sociales es necesario estar inscrito como demandante de vivienda en Etxebide. La renta máxima anual de estas viviendas se fija en base a los ingresos anuales de la unidad familiar arrendataria y el precio de la vivienda en cuestión. 

El precio de la vivienda se fija multiplicando la superficie útil de la vivienda por el correspondiente precio del metro cuadrado, dependiendo del tipo de vivienda y del municipio donde esté ubicada la vivienda. En las viviendas de su propiedad, el Gobierno Vasco se ha comprometido a no cobrar rentas superiores al 30% de los ingresos de las unidades familiares arrendatarias.

Los criterios que se siguen para la adjudicación de este tipo de viviendas se hacen según un baremo de preferencia que valora: necesidades familiares, ingresos de la unidad familiar, antigüedad en el registro, etc. Eso sí, la vivienda protegida en esta comunidad autónoma nunca pierde su calificación, lo que significa que siempre será vivienda pública y no podrá pasar al mercado libre. 

Desde la Consejería de Vivienda del Gobierno vasco aseguran que hacen seguimiento del cumplimiento de los requisitos, tanto en el parque de vivienda pública en compra como en alquiler. En este último, los contratos se revisan-renuevan cada tres años, al margen de las inspecciones rotatorias para comprobar la ocupación de la vivienda y que viven en ella las personas registradas. En el caso del parque en compra, existe un servicio de inspección. El año pasado, por ejemplo, se hicieron 9.000 visitas de inspección.   

En cuanto a si hay desahucios por impago del alquiler, aseguran que muy pocos porque consiguen por todos los medios mediante los servicios sociales ayudar al inquilino a que pueda pagar la renta. No obstante, en 2018 se produjeron unos 40-50 desahucios, una cifra ínfima con respecto a todo el parque de pisos en alquiler (18.275).