El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha estrenado en el Pleno del Congreso con una crítica a la opacidad de la factura eléctrica regulada en los hogares, conocida como PVPC, y a la falta de vivienda pública, durante la presentación del informe anual de 2021. También ha destacado el importante número de quejas en la gestión de las ayudas al alquiler del Plan Estatal.
Gabilondo ha lamentado que "el parque público de viviendas sociales es exiguo y no da respuesta a toda la demanda que reúne los requisitos", provocando el aumento de las listas de espera. Asimismo, ha pedido que los procedimientos de adjudicación sean "más ágiles y transparentes".
Respecto a las ayudas al pago del alquiler, ha señalado que "se resuelven con meses de retraso" respecto al plazo previsto, que "no hay una cuantía suficiente asignada" y que "los requisitos no siempre son fáciles de cumplir".
También ha destacado "el importante número de quejas" asociadas a la "dificultad de acceso a la vivienda", tanto en la adjudicación de vivienda pública protegida como en la gestión de las ayudas al alquiler del Plan Estatal.
Expediente abierto por la tarifa regulada de la luz
El Defensor del Pueblo también ha aludido a las numerosas quejas relacionadas con los problemas en el suministro eléctrico en los hogares, sobre todo en la facturación, al "arbitrar" consumos estimados o en el reconocimiento de la condición de beneficiario de los bonos eléctrico y térmico.
Por otro lado, Gabilondo ha señalado que el Defensor abrió una actuación por "la opacidad del modelo de factura PVPC" que "continúa en trámite". También ha apuntado que son "frecuentes" las quejas por el corte de suministro a personas vulnerables, por ser personas de avanzada edad, enfermas o menores.
También ha destacado la "preocupación creciente" de vecinos por el "impacto" de la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos "en la biodiversidad y el paisaje", llamando a "minimizar" el mismo con la evaluación ambiental y "el cumplimiento riguroso" de la legislación.
Insuficiencia en los servicios de reclamación financiera
Gabilondo también ha criticado "la insuficiencia de los servicios de reclamaciones" del Banco de España o de la Dirección General de Seguros, y espera una mejora en la tramitación de las mismas con la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Precisamente, esta misma semana el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para la creación de este ente, cuyas resoluciones serán vinculantes para la entidad financiera cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros.
Finalmente, el Defensor del Pueblo ha hecho referencia al expediente abierto durante el año pasado, en marzo de 2021, ante el Servicio Público de Empleo (SEPE) y la Agencia Tributaria (AEAT) para conocer las medidas para "evitar que los errores que acumuló el SEPE en los abonos al ERTE supongan una penalización fiscal para estos ciudadanos en la Campaña de Renta de 2020".
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