La Generalitat de Cataluña vuelve a hacer un llamamiento a las administraciones de la comunidad. La consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha asistido a la inauguración de dos edificios de nueva creación de viviendas protegidas en la ciudad de Badalona, desde donde ha destacado la importancia que “cada vez más municipios se sumen a la colaboración público-privada y a la promoción de las emergentes fórmulas promovidas por cooperativas”. "La vivienda es una necesidad social fundamental y ante la falta de parque destinado a vivienda asequible, corregir este déficit es un deber y una obligación", ha subrayado.
Además, la consejera ha hecho hincapié en la “la importancia de cooperar entre las administraciones para hacer crecer la oferta de alquiler social”. Una cooperación que por Cervera, “pasa por todos: agentes sociales, económicos y políticos, públicos y privados”.
La consellera ha aprovechado la asistencia al acto de un representante del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para insistir en el traspaso a la Generalitat de los pisos vacíos de Sareb.
“Tenemos una falta importante de vivienda dedicada a alquiler social. En pandemia ha habido una moratoria de desahucios, pero si esta moratoria termina en septiembre, puede afectar a 4.500 familias. Nuestra prioridad es conseguir viviendas, a corto, medio y largo plazo. Y este corto plazo lo tenemos en nuestras manos, con los pisos de la Sareb, que ya están financiados con dinero público”.
En cuanto las nuevas promociones levantadas, el Edificio Levante cuenta con 56 viviendas en régimen de venta, que constan de tres y cuatro dormitorios, dos baños, terraza, plazas de aparcamiento y trasteros. Y el Edificio Gregal cuenta con 80 viviendas de alquiler social de 1, 2, 3 y 4 dormitorios y plazas de aparcamiento y trasteros.
Desde el Departamento de Derechos Sociales se ha realizado una aportación de 1,67 millones de euros por la construcción de 56 viviendas de protección oficial. Esta inyección para la promoción de los pisos se hizo a través de la convocatoria de 2019 de los fondos del Plan Vivienda, que se resolvió a favor de la cooperativa ARAUCA.
La Generalitat reconoce que la incertidumbre jurídica desincentiva poner pisos en alquiler
El covid-19, el límite del alquiler y las medidas vinculadas a la crisis sanitaria no han ayudado al mercado del alquiler en Cataluña. Según un informe de la Generalitat de Cataluña, estas herramientas han hecho que se reduzca la oferta de pisos en alquiler, se dispare el precio y que haya un escenario de “inseguridad jurídica” que complica la evolución de este sector.
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