Algunos representantes de varias comunidades autónomas han debatido sobre la nueva Ley de Vivienda del Gobierno Central en la feria inmobiliaria Sima. Una norma que no ha sido igual de acogida dependiendo del territorio nacional. En este sentido, Madrid y Andalucía se oponen a la aplicación de la ley, mientras que Valencia y Cataluña la acogen con esperanza y defienden que muchas de las medidas ya se aplican en sus comunidades autónomas.
"La Ley de la Vivienda va a producir el efecto contrario al que se pretende. Lo que va a lograr esta ley es una reducción de la oferta y, en consecuencia, un aumento de precio, menor seguridad jurídica, se limita el derecho de propiedad, se favorecen los derechos que aquellos que ocupan viviendas sin un título de propiedad… Un ejemplo de ello es un informe de Moodys del 22 mayo que ha señalado que a partir de la entrada en vigor de la ley, las entidades financieras van a tener más dificultades para financiar las nuevas promociones de vivienda", ha afirmado María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Sobre la propuesta de revisión de los alquileres, la representante de Madrid ha explicado que lo peor es que genera inseguridad jurídica porque con esta ley no se sabe cómo se va a revisar. "Si la ley pone de manifiesto el fracaso de las Administraciones, no vemos por qué es el propietario el que tiene que asumir la carga de esto", ha añadido.
Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, se ha mostrado en la misma línea que Piccio-Marchetti. "Una ley es para regular y esta ley no sólo no va a ser inocua sino que va a ser perjudicial por la inseguridad e incertidumbre que está generando. Además, invade competencias de las Comunidades Autónomas", ha aseverado.
"Es una ley simplista en cuanto a la propuesta de solución. Si se pretende influir en el parque de vivienda en alquiler, habrá que aumentar la oferta de vivienda en alquiler. Una oferta profesionalizada y pública y no cargar de deberes a los propietarios", ha agregado.
En mitad del escenario se ha sentado Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El representante del Gobierno Central se ha mostrado conciliador y positivo. "Es imprescindible descender el debate a lo concreto y cuando abandonamos los titulares y bajamos, estamos de acuerdo en muchas más cosas", ha explicado.
"Con respecto a la definición de grandes tenedores, no hay en la ley donde se vea que se penaliza al propietario. Si una empresa o particular tiene como negocio el alquiler de vivienda, tiene una forma completamente diferente de funcionar y así debe gestionarse. No se trata de estigmatizar ni penalizar, se trata de que el tenedor tenga unas obligaciones concretas de ofrecer información para que las Administraciones puedan actuar", ha defendido con respecto a uno de los puntos más controvertidos de la ley. "Confiamos en el sector inmobiliario, sector tractor para la economía", ha lanzado en forma de mensaje pacificador.
Valencia y Cataluña defienden sus leyes autonómicas
Más amables con el discurso del Gobierno se han mostrado Silvia Grau, directora de la Agencia de Vivienda de Cataluña y Elena Azcárraga, directora general de Vivienda de la Generalitat Valenciana. "Desde Cataluña ya hace muchos años que se trabaja en aspectos que recoge la ley. Desde 2007 ya hicimos nuestra propia Ley de Vivienda.", ha explicado Grau.
"Nosotros apoyamos la Ley porque es un marco para ponernos a trabajar y aplicar medidas para las personas más vulnerables. Garantiza un marco de protección hacia los inquilinos", ha afirmado la política catalana. "Ahora toca ponernos a trabajar con el Ministerio para establecer esas zonas de mercado tensionadas. Desde hace años en Cataluña tenemos el índice de referencia de precios, ya tenemos esa experiencia para reconocer el índice de referencia que se ajusta más a esa zona concreta", ha explicado.
"En la misma línea reivindicativa se ha mostrado Azcárraga. "Desde la Comunidad Valenciana llevamos 4 años trabajando en la misma línea que recoge esta Ley de Vivienda. Las líneas de trabajo son muy similares", ha aseverado. "Será muy positivo que la Ley aterrice en cada territorio porque las diferencias territoriales son enormes. No tienen nada que ver la tensión que hay en municipios de costa por ejemplo. Hay que trabajar con datos", ha defendido.
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