El Gobierno de Canarias ha arrancado el proceso de actualización de la Ley de Suelo (aprobada en 2017) con el fin de simplificar y aclarar la tramitación y normativa urbanística al tiempo que incluye nuevos indicadores sobre agenda urbana, transición ecológica y reto demográfico.
Los detalles de esta iniciativa, que ha contado con aportaciones de unas 800 personas de instituciones públicas y colegios profesionales, principalmente, fueron expuestos por el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda; la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, lena Zárate, y el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz.
El borrador de la nueva ley implica una apuesta por la ordenación urbanística estructural frente a la pormenorizada y supone que los Planes Generales de Ordenación (PGO) reducen su contenido hasta en un 40%.
Además, se reducen los plazos de expropiación pública, algo que la Consejería ha justificado en la facilidad de acceso a la información debido a la digitalización, y se fomenta una mayor protección del territorio con el incremento de las sanciones, que pasan de 60 a 300 euros en caso de que sean leves, y se duplican hasta los 600.000 euros para las más graves.
En ese sentido, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Apmun) ampliará sustancialmente los tiempos de intervención sobre infracciones, al duplicar los plazos de prescripción de cuatro a ocho años.
La tramitación parlamentaria arrancará en septiembre
Miranda ha insistido también en que no va a haber "ni un metro de suelo más" urbanizable si bien la ley sí permite cambios de uso justificados por los ayuntamientos para desarrollar suelo residencial o turístico, por ejemplo.
No en vano, esta reforma legal hace una apuesta por incrementar la construcción de vivienda pública con el aumento del 10% al 15% el porcentaje de cesión de aprovechamiento de suelo público.
En cuanto al suelo industrial, también se introducen herramientas para mejorar las zonas degradadas, con más de 60.000 hectáreas en Canarias e igualmente hay un tratamiento diferenciado para el suelo agrícola y los municipios de menos de 10.000 habitantes.
La ley también elimina la diferencia entre planes parciales y especiales, equipara los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU) a la tramitación de ordenanzas y mantiene las declaraciones de interés insular.
Miranda, que se ha esforzado en defender que la ley de 2017 era "una buena ley", pero necesitaba una "actualización", ha señalado que este proceso viene "de abajo" porque había "un sentir" entre instituciones y profesionales de la planificación urbanística, por lo que no es una "imposición" del Gobierno.
Ha indicado que no se cuestionan los "principios básicos" de la ley de 2017 ni que haya que "volver a la Cotmac" y se ha mostrado a favor de la "descentralización" en manos de cabildos y ayuntamientos y de adaptar el planeamiento urbanístico "a los nuevos tiempos".
"No nos llevemos a confusiones, la ley se cambia para mejorarla, para actualizarla y para que se entienda mejor y sea un instrumento más rápido y fácil a todos aquellos que la están usando a diario y en algún momento han tenido dificultades para su tramitación y su desarrollo", ha señalado.
La previsión del Gobierno es que el texto entre en la Cámara regional a partir del mes de septiembre, una vez se culmine el periodo de exposición pública, se cuente con el aval del Consejo Consultivo y se apruebe el anteproyecto de ley en Consejo de Gobierno.
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