Consejero de Vivienda en Canarias: “Movilizaremos todo para responder a la emergencia habitacional”

La semana pasada, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, presentó en la sede de Ecija Abogados en Madrid las leyes impulsadas por el actual Ejecutivo de las islas y las próximas medidas para favorecer la inversión en vivienda en el archipiélago. Ante el sector promotor y constructor madrileño, Valido hizo una apuesta por la construcción de vivienda protegida bajo la gestión privada, facilitando la concesión de licencias y la movilización de suelo público, (además de aumentar el precio del módulo de Vivienda de protección oficial-VPO), a lo que se añade también los cambios de uso de terrenos para turismo, oficinas e industrial hacia el residencial.

En esta entrevista con idealista/news, el consejero de Vivienda canario (CC) afirmó que “el problema de la vivienda se ha convertido en una emergencia habitacional en Canarias”. También mostró su opinión sobre las políticas nacionales, como Ley de Vivienda o la tramitación de la Ley del Suelo, además de las regulación que se está preparando para los alquileres de temporada y pisos turísticos, junto a la petición de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la más grande del archipiélago, para ser declarada zona de mercado residencial tensionado.

¿En qué situación se encuentra la vivienda en Canarias? ¿Cuáles son en líneas generales las medidas que ha presentado en Madrid?

Para Canarias, el problema de la vivienda es una prioridad. El Gobierno de Canarias desde el inicio de esta legislatura ha movilizado todos los instrumentos como nunca antes en la historia para precisamente dar respuesta a la emergencia habitacional. Y efectivamente, uno de esos elementos es buscar que se construya vivienda protegida por parte del sector privado y vivienda en general. 

Estamos hablando de que el diagnóstico del problema es bastante claro, es una descompensación entre la oferta y la demanda y por eso tenemos que incentivar la oferta. 

Para eso, hemos creado un decreto ley el año pasado que incorporaba herramientas para incrementar e incentivar la construcción de vivienda protegida y la transformación de vivienda protegida en el ámbito del archipiélago. Y, este año, también estamos trabajando en ese nuevo decreto ley que también va a seguir incentivando al sector privado y además va a agilizar la obtención de licencias. 

Hemos venido a Madrid para buscar, para atraer, para seducir al sector privado en la capital vinculado al sector inmobiliario, para que inviertan en el archipiélago, para que se incremente la oferta de vivienda, especialmente de vivienda protegida, pero también de toda tipología, porque el problema ya no es exclusivamente de los más jóvenes o de los más vulnerables, sino que es un problema que ya está en toda la sociedad y que requiere de toda tipología de vivienda. Y necesitamos que el sector privado dé respuesta también, igual que lo hace el público, a la emergencia habitacional.

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¿Cuáles son las proyecciones y las expectativas del Gobierno canario en cuanto a vivienda y de nuevos hogares en el archipiélago?

Es evidente que, ahora mismo, tenemos una demanda registrada de más de 27.000 ciudadanos que demandan una vivienda. De ellos, más del 50% lo que busca es una vivienda privada de compraventa o de alquiler y un tercio busca vivienda pública. 

Por la parte de los que buscan vivienda pública en régimen de alquiler, el Gobierno está haciendo la tarea multiplicando los esfuerzos para construir vivienda pública. 2024 lo cerramos iniciando la construcción de más de 1.000 viviendas públicas en Canarias. Este 2025, iniciaremos otras 1.000 viviendas públicas. Por lo tanto, más de 2000 viviendas públicas en apenas dos años.

La idea es continuar con ese ritmo y multiplicar los esfuerzos, pero necesitamos también dar respuesta a la emergencia habitacional a través de la vivienda protegida de régimen privado, tanto en alquiler como en compraventa, y la vivienda en términos generales. En ese sentido, estamos haciendo unos esfuerzos para que el sector se moje y, lo cierto, es que estamos encontrando bastante receptividad.

Es decir, hay muchos proyectos de construcción de vivienda protegida prácticamente en todas las islas para incrementar la oferta. 

Le doy un dato que creo que es relevante. Antes del año 2008 se construían en Canarias hasta 35.000 viviendas al año. En los últimos 10 años, los registros han estado en torno a las 1.000 viviendas al año de nueva producción. 

Antes de 2008 se construían en Canarias hasta 35.000 viviendas al año. En la última década, apenas 1.000 anuales

Es verdad que este último año, ese registro se ha incrementado en más de 3.000 viviendas, pero desde luego es insuficiente. Necesitamos incrementar la producción de viviendas. No es lo único que vamos a hacer pero, desde luego, es una medida que es importante impulsar y es importante contar con los inversores. 

Que todos aquellos que ven las grandes capitales, las grandes ciudades, como una oportunidad para construir viviendas, vean también el archipiélago, a pesar de estar un poco más lejos, como una enorme oportunidad.

¿Creen que han cumplido con las expectativas del Real Decreto aprobado hace un año?

El Decreto Ley 1/ 2024 que aprueba el Gobierno de Canarias de medidas urgentes en materia de vivienda, contemplaba dos objetivos principales. El primero, agilizar la producción y la construcción de vivienda pública. Ese objetivo se ha logrado en gran medida porque se han multiplicado los esfuerzos como he dicho antes. Por lo tanto, se ha logrado en gran medida uno de los objetivos principales del Decreto.

El otro gran objetivo era incentivar al sector privado, buscar fórmulas de que vieran un atractivo en la construcción, en la transformación de viviendas, especialmente de vivienda protegida, pero de viviendas en términos generales. 

Ahí, bajo dos paraguas, uno en la transformación de edificaciones ya existentes, fuimos pioneros en una norma que permitiera la transformación de locales, de edificios de oficinas en viviendas. Y ya se están produciendo esas transformaciones. Es verdad, que nos gustaría que todavía fuesen más, pero se están produciendo transformaciones de edificios que estaban inactivos, que estaban sin uso y que se están ahora transformando en viviendas.

Y la otra, la posibilidad de transformar y cambiar el uso de determinados suelos, que también estaban ociosos. Es decir, suelos turísticos en segunda línea que nunca se habían desarrollado, que se pudieran transformar en residencial. Esa era otra de las medidas que plantea el Decreto, así como la actualización del Módulo Básico Canario de Vivienda Protegida después de casi una década sin hacerlo. Un módulo básico que pasaba de 1.200 euros/m2 a 2.100 euros/m2 y que permitía precisamente la viabilidad económica de las viviendas protegidas en Canarias.

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¿Y qué va a suponer el nuevo Real Decreto que están preparando? ¿Nos lo podría resumir?

El nuevo Decreto ley que se aprobará en este primer trimestre del año tiene tres ámbitos. El primero, facilitar la obtención de licencias. Buscar mecanismos que logren que los promotores obtengan la licencia urbanística de construcción mucho más rápido, buscando un sistema muy parecido al de la Comunidad de Madrid, es decir, con entidades colaboradoras que emitan los informes técnicos y que permita, por tanto, destrabar ese obstáculo enorme que tienen en los ayuntamientos de todo el Estado, pero especialmente en Canarias.

Por otro lado, el decreto ley desarrolla una figura que también se va a desarrollar por primera vez en Canarias y que no se ha desarrollado en el resto del Estado, que es la vivienda asequible incentivada, que es vivienda libre, pero que tiene una serie de incentivos urbanísticos que la hacen asequible. Incentivos urbanísticos del tipo de evitar la limitación del número de viviendas, incrementar la edificabilidad o, por ejemplo, evitar determinadas cesiones que son obligatorias para que no lo sean. 

Esa vivienda asequible incentivada, a su vez, es más barata que la del mercado, pero va a dar respuesta a la demanda de personas de clase media que tienen buenos trabajos, pero que no encuentran vivienda en el mercado, y que no son susceptibles de entrar en la vivienda protegida ni en la vivienda pública, pero la vivienda libre tampoco se les hace posible. Por lo tanto, vamos a dar respuesta a una gran masa de personas para las que hoy es imposible encontrar vivienda.

Y, por otro lado, el tercer bloque va a ser de medidas de profundizar en las medidas para incentivar al sector privado como cambios de uso, cambios de transformación de suelo. En este caso, por ejemplo, con la transformación de suelos industriales, suelos terciarios, comerciales que no se han desarrollado y que van a poder pedir el cambio de uso a residencial, tratando de incrementar en este caso el número de suelos residenciales. También, de esa manera, bajando el precio del suelo, que es uno de los elementos que en muchas ocasiones encarece más la vivienda.

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¿Cree que la aprobación de la Ley del Suelo estatal, que se ha quedado en un cajón en el Congreso de los Diputados, favorecería el desarrollo del suelo en España? ¿Qué le parece la norma?

Todas las modificaciones que se hicieron después de la crisis económica financiera del 2007/2008, en lo que tiene que ver con la Ley del Suelo estatal han sido negativas, han ido limitando todas las posibilidades de desarrollo de suelo, de desarrollo, en definitiva, de proyectos de vivienda.

La modificación pactada que llevó el Gobierno de España de modificación de la Ley del Suelo, aun siendo insuficiente, nos parecía positiva. En este caso, su fracaso pues fue algo negativo. Creo que es importante plantearnos esa modificación e ir más allá. Hacernos un análisis mucho más profundo de realmente si está funcionando todo lo que tiene que ver con la gestión del suelo.

Al final, es algo enormemente complejo, pero que se resume a nuestro modo de ver, en algo muy sencillo. Y es que no es suelo, no es gestión urbanística, no es planificación, no son planes parciales, no son unidades de actuación. Estamos hablando de crear hogares, crear proyectos de vida y por eso es fundamental agilizar todo lo que tiene que ver con algo muy tedioso que es el urbanismo, para tratar precisamente de que los hogares, de que los proyectos de vida se puedan desarrollar lo antes posible.

¿Qué opinión le merece la Ley de Vivienda que lleva en vigor desde 2023? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha elaborado informes para solicitar ser declarada zona tensionada. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Canarias, que es el que tiene las competencias?

Sobre las zonas tensionadas, nosotros hemos dicho que toda medida que dificulte el incremento de la oferta es negativo para la situación de emergencia habitacional de Canarias.

Es decir, el diagnóstico es claro y lo compartimos todos, de que falta oferta ante un incremento de la demanda. Piense que solo en los últimos 25 años se ha incrementado en medio millón la población del archipiélago. Eso es una muestra evidente de que la demanda cada vez es más exigente, que hay un incremento de demanda que además se le añade y se le suma los extranjeros no residentes que también adquieren viviendas en el archipiélago y se le suma, en definitiva, también la modificación de la tipología de hogar. Es decir, que cada vez hace falta para el mismo número de personas más hogares por la propia tipología de la familia.

Eso hace que la demanda tan incrementada, si la oferta se reduce, es malo y vamos a analizar los informes que los ayuntamientos, como el de Las Palmas de Gran Canaria, que nos han hecho llegar, con un análisis riguroso de ver si realmente las medidas van a ser positivas o no, con toda la objetividad del mundo.

 Cualquier limitación de la oferta creo que es malo

Pero ya le avanzo que, para nosotros, cualquier limitación de la oferta creo que es malo. Si vemos el caso de Barcelona, que es el caso que más tiempo lleva con una medida de limitación de precios, vemos su resultado. Pues vemos que no ha sido positivo, porque lo que ha pasado es que se ha retirado del mercado de alquiler en Barcelona, creo que en torno a un 20% de la oferta. Por lo tanto, una retirada de la oferta, desde luego, produce efectos muy desfavorables para el conjunto de la ciudadanía.

El Congreso también está tramitando un decreto para regular los alquileres de temporada y equipararlos con los alquileres tradicionales. Su partido, Coalición Canaria, votó a favor de ese trámite en la Cámara Baja. ¿El Gobierno de Canarias va a aportar alguna medida para regular el alquiler de temporada?

Vamos a estudiarla, vamos a plantear mejoras, pero es evidente que tanto los alquileres de temporada como los alquileres turísticos afectan de manera clara al mercado de alquiler. Es decir, plantear que eso no tiene una afección directa en el mercado de alquiler es prácticamente no decir la verdad.

Piensen que hay un número de viviendas muy importante que se han retirado de la oferta de alquiler tradicional. Muchos o algunos, por la inseguridad que le generaba precisamente la Ley de Vivienda o la Ley de Arrendamientos Urbanos, y prefirieron tener su vivienda cerrada a tenerla en alquiler. Otros, porque vieron las rentas extraordinarias que daba, por ejemplo, el alquiler vacacional, y más en un destino como el nuestro, en el que el turismo tiene el peso que tiene. Y luego, otras también pueden haberse retirado por esos alquileres de temporada.

Con todo, nosotros tenemos que ser conscientes de que no estamos ni en contra de los alquileres de temporada, ni en contra del alquiler vacacional, ni mucho menos. Pero lo que estamos es a favor de que florezcan, de que crezcan el número de viviendas en régimen de alquiler tradicional, que se pongan en el mercado. 

Si hacemos una búsqueda en idealista hace unos años en Las Palmas de Gran Canaria, nos encontrábamos un número muy importante de viviendas en régimen de alquiler. Hoy, el número es enormemente inferior, a pesar de que la necesidad es mayor.

idealista/news

Ha habido protestas en el archipiélago porque hay demasiada vivienda turística. ¿Qué medidas está tomando o va a tomar el Gobierno de Canarias ante las reclamaciones de la sociedad?

En este caso, Canarias también ha sido pionera. Ha registrado ya en el Parlamento de Canarias una nueva ley para regular la vivienda vacacional. Somos plenamente conscientes que va a generar debate, de que va a ser intenso el debate en el Parlamento, pero en este 2025 se debe aprobar esa nueva norma. Una norma que no está en contra del alquiler vacacional. Lo que plantea es la regulación del alquiler vacacional. En ese sentido, creo que es importante.

Además, se ha hecho por primera vez con una doble perspectiva desde el punto de vista turístico, de cuidar el destino, es decir, que tengan unos parámetros de calidad igual que se le exige a un apartamento, igual que se le exige a un hotel, con la diferencia de que cada uno es un producto distinto, pero que tenga parámetros de calidad.

Pero también se ha regulado desde la perspectiva de la vivienda y de la emergencia habitacional. Es decir, se busca también de alguna manera que tenga un tope máximo el número de viviendas vacacionales en cada uno de los municipios para no expulsar a la población de determinadas zonas.

Y ahí me refiero, por ejemplo, y pongo un ejemplo concreto a Las Palmas de Gran Canaria, exactamente a la zona de la playa de Las Canteras o La Cícer (Guanarteme), en donde la permisividad, en este caso de las administraciones locales y la promoción de las mismas, en que cada vez haya más edificios completos dedicados a alquiler vacacional, ha ido haciendo imposible que los residentes vivan en esa zona. Y esa expulsión, creo que de alguna manera hay que regularla. No estamos en contra de la actividad, pero sí de la regularización de las mismas.