Los inquilinos, obligados a pagar la tasa de basuras si está contemplado en el contrato de alquiler

Varios ayuntamientos de España han comenzado a cobrar la tasa de basuras, un pago obligatorio aplicado en municipios con más de 5.000 habitantes y cuyo objetivo es la recogida, transporte, tratamiento de residuos urbanos y mantenimiento de vertederos y está basado en el principio de que “quien contamina, paga”. La duda de muchos inquilinos es saber si tienen que pagar ellos este tributo o los arrendadores. 

La clave está en el contrato de arrendamiento: si contempla una cláusula que especifique quién tiene que asumir la tasa de basuras, tal y como contempla el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), entonces deberá pagarlo a quien le toque por contrato. Si aparece que es el inquilino, entonces éste deberá abonar anualmente esta tasa. 

Pero, además, en el contrato debe quedar constatado el importe anual de dicho gasto a la fecha del contrato. Es decir, debe quedar establecido quién paga la tasa de basuras y el importe anual a abonar. Si figura el inquilino, éste deberá pagar el tributo anualmente. 

Se trata de una tasa que repercuten a los ciudadanos porque muchos ayuntamientos vienen financiando todo o parte de los servicios de basuras con recursos generales del presupuesto municipal, pero ahora no podrán hacerlo al tener la obligación de cubrir con la tasa el 100% del coste del servicio de basuras, porque la tasa no puede ser deficitaria.

Esta nueva tasa está contemplada en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular e incorpora una directiva europea aprobada en 2018. Dicha directiva no exigía la imposición de un nuevo tributo, sino medidas para reducir los residuos alimentarios del UE del 30% en 2026 y del 50% en 2030. El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha optado por aprobar hace tres años este nuevo tributo que deben pagar los ciudadanos. 

Cómo se calcula esta nueva tasa

Para determinar esta tasa cada ayuntamiento con más de 5.000 habitantes tomará sus propios criterios: desde determinarlo en base al consumo de agua por vivienda, a tomar en cuenta el valor de referencia del catastro o el número de residentes en la casa. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid esta nueva tasa de basuras se calcula según el valor catastral de la vivienda, junto con la generación de residuos por barrios y la calidad de la separación de las basuras en cada distrito. 

La nueva tasa de basuras, ¿cómo funciona?

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a las Haciendas Locales a establecer una tasa específica y diferenciada para cubrir los costes reales de la gestión de residuos. Por tanto, la nueva tasa de basuras de 2025:

• Debe “reflejar el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía”
• No puede integrarse en otros tributos o tasas, siendo fundamental que su cálculo sea transparente y separado de otras obligaciones fiscales.
• Debe ser no deficitaria, es decir, el importe recaudado debe cubrir íntegramente el coste del servicio sin generar pérdidas.

Esta medida busca facilitar la implantación de sistemas de pago por generación, es decir, los ciudadanos y empresas pagarán en función de la cantidad de residuos que produzcan, incentivando así una mejor gestión individual y colectiva.

Ventajas del sistema de pago por generación

Este sistema premia a los usuarios que mejor gestionen los residuos:

• Incentivos para reducir residuos: Cuanto menos residuos mezclados se generen, menor será la tasa a pagar
• Promueve el reciclaje: Los ciudadanos son recompensados por separar adecuadamente los materiales reciclables o realizar compostaje doméstico
• Mayor equidad: Los costes se reparten de forma más justa, dependiendo del impacto ambiental de cada persona o vivienda

La Ley 7/2022 recomienda los sistemas de pago por generación, pero no obliga a implementarlos, ya que la viabilidad de esto depende de la capacidad técnica y administrativa de cada municipio, así como de la voluntad política para avanzar hacia modelos más sostenibles y equitativos.

De hecho, la citada ley contempla que los ayuntamientos puedan adaptarla a las necesidades y características específicas de su población, a la par que deja libertad para implementar diversos factores que promuevan la sostenibilidad y equidad social:

1. Incentivos para la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y similares: Busca fomentar prácticas responsables en alojamientos temporales, donde la gestión de residuos puede ser más compleja debido a la rotación de inquilinos.
2. Reducciones por compostaje doméstico o comunitario: Se reconoce y auspicia la gestión sostenible de residuos orgánicos mediante prácticas de compostaje, otorgando descuentos a quienes las implementen.
3. Deducciones por participación en recogidas separadas: Se premia a aquellos que colaboren activamente en sistemas de recogida separada, ya sea mediante puntos limpios o puntos de entrega establecidos por el municipio, lo que facilita el reciclaje y la reutilización.
4. Ayudas para personas en riesgo de exclusión social: Las personas y familias vulnerables, incluidas las familias numerosas, pueden beneficiarse de reducciones en la cuota, como ya lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid al incluir bonificaciones concretas.
5. Programas obligatorios: Los municipios con más de 5.000 habitantes deben desarrollar programas de gestión de residuos alineados con los planes autonómicos y estatales.