El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha este viernes una polémica convocatoria de ayudas dirigidas a las comunidades de propietarios que incorporen en sus estatutos la prohibición del uso turístico de vivienda, una medida que refuerza la estrategia del Gobierno municipal para reducir la presencia de pisos turísticos en la ciudad a la vez que genera críticas desde el sector turístico y parte del mercado inmobiliario.
La iniciativa, que forma parte del acuerdo presupuestario alcanzado entre el alcalde Jaume Collboni (PSC) y Esquerra Republicana, permite que una comunidad de vecinos pueda solicitar subvenciones de hasta el 50 % de los gastos de gestión asociados a la modificación de estatutos, como notarías, registro o honorarios, con topes de 2.500 euros para nuevos estatutos y 1.500 euros cuando se trate de modificar los ya existentes.
Según el consistorio, la finalidad de la medida es facilitar que más fincas opten por vetar la instalación de viviendas de uso turístico, consideradas por el Gobierno local como un factor que desplaza a residentes y presiona al alza los precios de alquiler y venta en barrios emblemáticos de la ciudad. El cuarto teniente de alcaldía, Jordi Valls, defendió que normativas como esta “contribuyen a velar contra la exclusicón residencial a Barcelona”, en referencia a la necesidad de ampliar la disponibilidad de vivienda para uso habitual.
Las ayudas podrán solicitarse a partir del 27 de febrero, y son retroactivas para las comunidades que hayan aprobado estas modificaciones desde el 1 de marzo de 2025. Para poder acceder a la subvención, además de incorporar la prohibición de pisos turísticos u otras actividades económicas que alteren la convivencia, los nuevos estatutos deben ser homologables según los criterios fijados por el Ayuntamiento, la Cambra de la Propietat Urbana y el Col·legi d’Administradors de Finques e inscritos en el Registro de la Propiedad.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno de Collboni para reducir la presencia de pisos turísticos en Barcelona, que incluye la intención de no renovar licencias de uso turístico y eliminar progresivamente estos alojamientos para 2028, amparándose en normativa autonómica que permite regular este tipo de actividades en mercados con problemas de acceso a la vivienda.
Sin embargo, la política ha generado rechazo entre organizaciones del sector, como Apartur, que el pasado enero llevó al Ayuntamiento a los tribunales por incentivar a las comunidades a adoptar prohibiciones, algo que, según estas asociaciones, ya está permitido por la legislación catalana y no requiere incentivos públicos, y consideran que estos recursos podrían destinarse a políticas con impacto más directo en la vivienda.
La polémica pone de manifiesto la tensión creciente entre las políticas de control del turismo y los intereses económicos de propietarios, plataformas y gestores turísticos en la ciudad, en un contexto en el que Barcelona sigue buscando fórmulas para equilibrar el acceso a la vivienda y la convivencia con uno de los sectores económicos que tradicionalmente más ha contribuido a su actividad y proyección internacional.
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