Asufin recomienda solicitar la prórroga del contrato de alquiler mientras "esté vivo el decreto"

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha recomendado a los inquilinos solicitar la prórroga de sus contratos durante la vigencia del decreto de vivienda por la guerra en Irán para "beneficiarse de las condiciones actuales durante dos años adicionales" y considera que la medida "no perjudica a los propietarios, ya que "garantiza el cobro de las rentas" y permite recuperar la vivienda para uso propio o de familiares.

Asufin ha destacado que el Real Decreto-ley en materia de vivienda "refuerza la seguridad jurídica tanto de inquilinos como de propietarios", al extender la protección frente a subidas de precios a todos los contratos de alquiler en vigor hasta diciembre de 2027.

Por otro lado, la asociación ha valorado positivamente la prioridad otorgada a la vivienda frente a la instalación de centros de datos en el acceso a conexiones energéticas, recogida en el Real Decreto-ley que recoge las medidas en materia de energía aprobado por el Gobierno la semana pasada, al considerar que esta medida "contribuye a aliviar la presión sobre el acceso residencial". La semana pasada, los datos de Aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica) confirmaron que la saturación de la red eléctrica ya supera el 86%.

Además, han subrayado que esta medida evita que el crecimiento de infraestructuras digitales "limite la construcción de vivienda", al tiempo que apuesta por ubicar los centros de datos en zonas con "menor presión sobre el mercado inmobiliario", como áreas de la España vaciada, donde podrían actuar como motor económico.

En concreto, el decreto 8/2026 establece como prioritarias las solicitudes de acceso y conexión "vinculadas a promociones inmobiliarias para el uso residencial y servicios esenciales", frente a otros usos intensivos de la energía.

Ambos decretos deberán ser convalidados por el Congreso en el plazo de 30 días para continuar en vigor. El de medidas fiscales se votará este jueves, 26 de marzo, mientras que el de vivienda aún no tiene fecha. El Gobierno quiere apurar el plazo para intentar negociar con los diferentes grupos parlamentarios y mantener así sus efectos jurídicos.