El uso del decreto ley para reactivar medidas rechazadas por el Congreso plantea dudas constitucionales
Reintroducir medidas que ya han sido rechazadas por el Congreso a través de un nuevo decreto ley, como el Gobierno pretende hacer a la vuelta del verano con la prórroga de los alquileres, plantea serias dudas constitucionales. El artículo 86.1 CE reserva esta figura para urgencias excepcionales, no para mantener normas que no superaron el control parlamentario. Además, la sucesión de reformas urgentes agrava la inseguridad jurídica y, lejos de ampliar la oferta de alquiler, incentiva a los propietarios a abandonar ese mercado.