Prorroga alquiler

El temor a una nueva derrota parlamentaria ha llevado al Gobierno a renunciar a aprobar este martes el real decreto de vivienda con el que tenía previsto, entre otras medidas, congelar los alquileres durante los próximos dos años. El rechazo tajante de Junts a varios puntos de la iniciativa y el de Podemos a los beneficios fiscales que incluía el borrador de la norma, al que ha podido acceder idealista/news, han acabado forzando al Ejecutivo a dar marcha atrás hasta después del verano.

PSOE y Sumar incluirán una prórroga de los alquileres hasta 2028 y medidas antidesahucios en el decreto de vivienda que esperan aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, el último antes del verano. Por ahora, ambos partidos no han avanzado las bonificaciones fiscales a los caseros que prometieron añadir a la iniciativa para atraer el voto de Junts, que votó en contra de la medida en el Congreso. El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha avisado este lunes que su partido sólo apoyará el decreto ley que el Gobierno pretende aprobar en materia de vivienda este verano si recupera la suspensión de desahucios a personas vulnerables y no incluye beneficios fiscales para los propietarios de vivienda, una de las principales peticiones de Junts para apoyar esta normativa que luego tendrá que ir al Pleno del Congreso de los Diputados para su convalidación o derogación.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha confirmado que el decreto de vivienda "va a salir antes del final de agosto", como ha acordado el Gobierno de coalición, y que se volverán a presentar para su votación "algunos de los contenidos esenciales" que recogen las que han sido gran parte de las "prioridades" de Sumar en esta legislatura, lo que incluye la prórroga de los alquileres.

Firmar un contrato de temporada no siempre significa que vaya a ser considerado como tal. Si el inmueble se utiliza para cubrir una necesidad permanente, los tribunales pueden aplicar las protecciones previstas para los alquileres de vivienda. La Audiencia Provincial de A Coruña ha revocado un desahucio promovido por la sociedad propietaria de un piso al concluir que en realidad estaba ocultando un alquiler sujeto a las prórrogas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El fallo se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo y recuerda que la duración, por sí sola, no determina la existencia de un verdadero alquiler de temporada, sino que la clave es su finalidad real.

El anuncio del Gobierno de aprobar un nuevo decreto en vivienda incluyendo otra vez la prórroga de alquileres que ya fue tumbada por mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril no ha pasado desapercibido para los expertos juristas. Aunque aún se desconocen los detalles de este nuevo decreto, en caso de incluir de nuevo la prórroga de los alquileres pondría en evidencia la tan cacareada vigencia que defendieron sus partidarios, desde Gabriel Rufián a los lobbies inmobiliarios de extrema izquierda o la ministra de vivienda Isabel Rodríguez, que afirmaron taxativamente que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga de los alquileres solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica. De incluirse otra vez esta prórroga en el futuro decreto se confirmaría que tales afirmaciones no eran ciertas y los líderes políticos liaron a la ciudadanía.

¿Puede el propietario de una vivienda recuperarla aunque esté alquilada bajo un contrato de renta antigua? La respuesta es sí, siempre y cuando concurran los requisitos previstos en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, como ha recordado la Audiencia Provincial de Murcia. La LAU antigua contempla supuestos tasados de denegación, entre ellos que el arrendador necesite la vivienda para sí o para que los ocupen sus ascendientes o descendientes. El fallo confirma que la prórroga forzosa no tiene carácter absoluto y que el arrendador está facultado para denegarla cuando acredita una necesidad real como la ya mencionada.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado volver a aprobar la prórroga de los contratos de alquiler y seguir la estela del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha sacado adelante la congelación de alquileres a casi un millón de viviendas.Sigue a ide

El Ejecutivo prevé cerrar el curso político con un nuevo paquete de medidas tras el alto el fuego en Irán que se aprobará en el Consejo de Ministros del 30 de junio. El presidente lo anunció durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta formulada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que le interpelaba por los casos de corrupción que rodean al PSOE. Sin embargo, no ha avanzado las iniciativas que contendrá, tampoco si incluirá la prorroga de los alquileres que le reclama Sumar.

Firmar como avalista puede parecer un compromiso limitado a garantizar que el propietario cobrará la renta si el arrendatario deja de pagar. Sin embargo, cuando el alquiler se prolonga más allá de la duración inicial, surge una pregunta cuya respuesta no siempre es evidente: ¿seguirá respondiendo de las deudas que puedan generarse? La Audiencia Provincial de Murcia abordó esta cuestión en una sentencia del 20 de marzo. La obligación se limita al plazo para el que fue constituida (en el caso resuelto fue de seis meses de duración inicial) y no existía ninguna prueba de que el fiador hubiera aceptado responder también durante las prórrogas.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha puesto como "prioridad" volver a presentar en el Congreso la prórroga de los alquileres para "antes del verano”. "Trabajamos con total determinación y estamos convencidos de que existen las condiciones para que haya un acuerdo político suficiente para que salga adelante", ha señalado el ministro. Se trata de una estrategia por parte del partido liderado por Yolanda Díaz que ha despertado gran sorpresa en el mundo judicial y que tira por tierra su propia “tesis oficial” de que el decreto anterior consolidó los derechos de los inquilinos a la prórroga de dos años y la subida de las rentas al 2% sólo por la solicitud de la misma.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves que el Gobierno y Sumar están "dispuestos a negociar" con Junts un nuevo decreto de vivienda que incluya la prórroga de los alquileres, después que los de Carles Puigdemont se hayan abierto a ello bajo algunas condiciones."Junts se ha

La Audiencia Provincial de Cantabria considera que una habitación alquilada tiene consideración de vivienda, por lo que la arrendataria goza de las prórrogas forzosas que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sigue a idealista/news en el canal de WhatsappAsí lo determina en una sent

La derogación del Real Decreto ley 8/2026, que contemplaba la prórroga extraordinaria de dos años en los contratos de alquiler de vivienda habitual y el tope del 2% en la actualización de las rentas, mantiene la confrontación entre propietarios e inquilinos para continuar con los contratos como consecuencia de la interpretación del alcance de sus efectos. Un informe de la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid explica las diferentes situaciones que se han creado y deja claro que aquellos contratos que vencían tras la derogación no tienen derecho a prórroga, salvo que el propietario la haya aceptado.

Sumar vuelve a la carga con la prórroga extraordinaria del alquiler. Tras el rechazo del Congreso de los Diputados el pasado 28 de abril a esta medida aprobada por Real Decreto ley en el Consejo de Ministros, ahora el partido quiere retomar esta prórroga cuanto antes elaborando un borrador de texto esta misma semana y mediante otro Real Decreto ley. Sin embargo, se trata de una estrategia por parte del partido liderado por Yolanda Díaz que ha despertado gran sorpresa en el mundo judicial y que tira por tierra su propia “tesis oficial” de que el decreto anterior consolidó los derechos de los inquilinos a la prórroga de dos años sólo por la solicitud de la misma.

Sumar vuelve a tomar la iniciativa al margen del PSOE para intentar sacar adelante la prórroga de alquiler y enviará 'motu proprio' a los grupos en el Congreso una propuesta de decreto de vivienda de "consenso", es decir, con la opción de contemplar medidas para atraer el apoyo de Junts y PNV. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, para enfatizar que aspiran a retomar la prórroga de alquileres cuanto antes, elaborando un borrador de texto esta misma semana, y que su preferencia es que sea de nuevo mediante un decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

Sumar quiere volver a llevar al Congreso de los Diputados el decreto de vivienda con la prórroga de los alquileres con cesiones a Junts, como las bonificaciones fiscales a los caseros para que estos apoyen el texto y pueda convalidarse. El PP, Vox y Junts tumbaron el pasado martes 29 de abril en el Pleno del Congreso el decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 y limitar al 2% la subida de los precios del alquiler. Tras el varapalo, varios miembros de Sumar han salido a reprochar el voto en contra de estos partidos al decreto y han avanzado que su intención es llevar al Consejo de Ministros lo antes posible un nuevo decreto para intentar aprobarlo.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha negado que su formación esté "en contra de una prórroga" de los alquileres durante dos años, pero ha insistido en que sólo apoyarían un nuevo decreto ley si se trata de un texto "corregido". Según Nogueras, el texto impulsado por Sumar que ha tumbado la Cámara Baja contiene "artículos que son jurídicamente inaplicables", y solo estarían abiertos a apoyar un nuevo decreto si incluye salvedades a la prórroga, como que el propietario necesite la vivienda o que el inquilino haya incurrido en impagos; y recoge el IVA franquiciado para autónomos y nuevas desgravacaciones fiscales para los alquileres y las hipotecas.

Establecer la duración de un contrato de alquiler en España hoy en día se ha convertido en un auténtico laberinto jurídico. Los cambios normativos de los últimos años, incluida la no convalidación en el Congreso de la prórroga extraordinaria de dos años de Sumar, han creado un ecosistema de plazos, prórrogas y excepciones que generan una enorme inseguridad tanto en propietarios como en inquilinos. Para analizar este escenario con rigor, contamos con uno de los mayores expertos en arrendamientos y referencia en el análisis jurídico del mercado inmobiliario, José Ramón Zurdo, abogado y director general de Agencia Negociadora del Alquiler.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado convalidar el Real Decreto-ley 8/2026 que establece la prórroga extraordinaria de dos años para contratos de alquiler que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 y el límite del 2% en la actualización anual de las rentas. El decreto liderado por Sumar no ha salido adelante en la Cámara Baja por 177 votos en contra del PP, Vox y de Junts, el partido de Carles Puigdemont que desde el inicio mostró públicamente su negativa a aprobar esta medida, pese a los intentos del Gobierno por conseguir su apoyo para sacarla adelante. Ahora el caos está sembrado entre inquilinos y propietarios porque sólo podrán disfrutar de esta prórroga extraordinaria de dos años aquellos contratos de arrendamiento que se encuentren en el momento de prórroga obligatoria o tácita entre el 22 de marzo y el 28 de abril y cuyos inquilinos la hayan solicitado formalmente al propietario.

Sumar se ha mostrado partidario de ofrecer concesiones a Junts como bonificaciones a caseros y aplicar el IVA franquiciado y ha emplazado al PSOE a implicarse en esta negociación para forjar un acuerdo que permita salvar la prórroga de alquileres, incluida en el decreto de medidas de vivienda que se votará este martes en el Congreso. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha recalcado que estas dos medidas son demandas públicas de los postconvergentes y que pueden hacerles cambiar de opinión, pese a que han expresado su rechazo a este decreto al igual que PP y Vox.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan o concentran 50 o más propiedades cada una para informarles de que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de sus inquilinos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 si así lo han solicitado. Sin embargo, abogados y magistrados consultados por idealista/news aseguran que la clave es que el contrato venza durante la vigencia del decreto, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y todo apunta a que esta medida decaerá en el Pleno del Congreso de los Diputados del próximo 28 de abril. De ser así, se prorrogarán sólo los contratos que venzan entre el 22 de marzo y el día de publicación en el BOE de la no convalidación.

El próximo 28 de abril el Congreso de los Diputados votará la convalidación o no del Real Decreto-ley 8/2026 que establece la prórroga extraordinaria de dos años para contratos de alquiler que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 y el límite del 2% en la actualización anual de las rentas. Mientras tanto, las dudas sobre qué inquilinos pueden solicitar esta prórroga crecen. Abogados como José Ramón Zurdo o Alejandro Fuentes-Lojo señalan que para acogerse a esta prórroga el contrato de alquiler debe estar ya en el plazo de las dos prórrogas legales, ya sean la obligatoria o la tácita.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno "en su conjunto" está trabajando para que el próximo 28 de abril se convalide en el Congreso el decreto de prórroga de los alquileres.Sigue a idealista/news en el canal de Whatsapp"Deseo que salga adelante", ha d

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado este lunes "absolutamente convencido" de que la prórroga de los alquileres será aprobada en el Congreso, pues es un "clamor social" de la mayoría de la población española, y ha augurado un "enorme coste político