El Senado ha rechazado una iniciativa parlamentaria presentada durante la Comisión General de las Comunidades Autónomas que instaba al Gobierno a impulsar un plan específico de construcción de viviendas públicas en Baleares y Canarias, con la intención de levantar 74.000 inmuebles asequibles entre los dos archipiélagos.
La propuesta buscaba aumentar de forma significativa el parque público de vivienda en ambas comunidades para hacer frente a la creciente dificultad de acceso a la vivienda en estos territorios. Concretamente, se apostaba por levantar 44.000 inmuebles en Canarias y 30.000 en Baleares.
La iniciativa presentada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) solo ha contado con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ya que el PSOE y el PNV se han abstenido, mientras que el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha votado en contra.
La moción, presentada como iniciativa no vinculante, planteaba promover la construcción de decenas de miles de viviendas públicas en las islas, con el objetivo de aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda a residentes con ingresos medios y bajos.
Según la ASG, el objetivo era aumentar la oferta de vivienda protegida y de alquiler asequible mediante un programa estatal coordinado con las comunidades autónomas, que permitiría movilizar suelo público, sacar al mercado viviendas vacías y recibir más recursos financieros para nuevas promociones.
Además, los impulsores de la iniciativa sostenían que las particularidades territoriales de ambos archipiélagos, como la limitación de suelo y la fuerte presión del mercado, justifican medidas específicas que refuercen la intervención pública en el sector residencial.
Rechazo a dos enmiendas
En primer lugar, la propuesta que pretendía incluir medidas específicas para los archipiélagos dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda sostenía introducir el papel de los cabildos en la cooperación interinstitucional en materia de vivienda.
Por otro lado, el ala más extremista de la Agrupación pretendía intervenir en el mercado mediante limitación de compras de viviendas por parte de no residentes.
Los populares han argumentado que la propuesta no ofrecía soluciones eficaces y que esta medida invadía ciertas competencias autonómicas. Además, han recalcado que para solventar el problema de la vivienda hay que apostar por incentivos a la construcción, simplificación administrativa y movilización del suelo disponible, dejando de lado los modelos de intervención pública.
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