Helena Beunza: “Hemos llamado ‘buitre’ en este país a todo el que tenga más de tres viviendas”

“Hemos llamado ‘buitre’ en este país a todo el mundo que tenga más de tres viviendas y especulador a todo aquel que tenga más de tres viviendas”. Con estas palabras, Helena Beunza, presidenta de ASVAL, cuestionó el trato que reciben los propietarios durante su intervención en la mesa “Los ciudadanos ante el acceso a la vivienda», celebrada en el marco del V Congreso Nacional de Vivienda, organizado por APCEspaña y APCE Cataluña. Beunza vinculó ese discurso con la salida de fondos de inversión y pidió un cambio en la manera de abordar el problema. “Hay que dejar de insultar a la gente”, afirmó. A su juicio, la demonización del sector dificulta la llegada del capital necesario para ampliar la oferta de vivienda y compromete el trabajo realizado para conseguir financiación estable.

Sigue a idealista/news en el canal de Whatsapp

La presidenta de ASVAL reclamó seguridad jurídica y reconocimiento para un sector que, según defendió, ha realizado un gran esfuerzo para recuperarse y cumple una función social fundamental. También rechazó que los propietarios particulares tengan que asumir las consecuencias de la falta de actuación de las administraciones.

Su crítica se extendió a la prioridad que los poderes públicos conceden a la vivienda. “La vivienda no está en el centro. La vivienda está siendo un argumento más”, sostuvo. Para Beunza, el compromiso político debe traducirse en recursos: “Las políticas que están en el centro son aquellas que tienen consignación presupuestaria”. En este sentido, reclamó que el Estado ejerza sus obligaciones con una inversión comparable a la de los países del entorno. Durante su intervención, contrapuso los 7.000 millones de euros en cinco años que mencionó para el plan estatal con los 8.000 millones anuales que, según expuso, deberían constituir una referencia mínima.

Beunza defendió que la respuesta a la vulnerabilidad corresponde a los poderes públicos y no puede descansar sobre los particulares que ponen una vivienda en alquiler. También cuestionó que el debate se plantee como un enfrentamiento entre propietarios e inquilinos. “Las familias españolas son propietarias y son inquilinas a la vez”, recordó. A su juicio, las dificultades de acceso afectan de forma transversal a la sociedad y no pueden reducirse a un conflicto de clases o generacional, porque también los hijos de las familias más acomodadas encuentran problemas para alquilar.

Una advertencia sobre la financiación

La presidenta de ASVAL fue igualmente crítica con los decretos analizados durante la mesa. “Estos decretos tampoco van por el buen camino de llegar a un acuerdo”, afirmó, al considerar que su planteamiento fomenta la confrontación. En particular, calificó las medidas sobre financiación como “un disparo brutal a la línea de flotación” de las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos. Según explicó, la introducción de derechos de tanteo y retracto para los inquilinos, incluso en promociones sin división horizontal, puede comprometer la financiación de esas operaciones.

También cuestionó que la definición de alquiler asequible se base únicamente en la renta mediana de los hogares del municipio. Beunza defendió incorporar los costes de construcción para evitar desequilibrios que dificulten la viabilidad de las promociones.

Entre sus propuestas, incluyó favorecer el crecimiento del tercer sector, tanto de las entidades sin ánimo de lucro como de aquellas con beneficio limitado, y facilitar que los ayuntamientos destinen sus recursos a vivienda. En este ámbito, señaló la infrafinanciación municipal y los obstáculos normativos y de contratación como problemas pendientes de resolver.

Trilla reclama inversión pública y una respuesta diversificada

La mesa contó también con Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3, y Jordi Gálvez, presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña, bajo la moderación de Josep Donés, vocal secretario de APCEspaña.

Gálvez defendió el papel de las cooperativas en la producción de vivienda asequible y social y valoró las medidas que facilitan la compra y reducen la presión fiscal sobre las familias. Donés insistió en la necesidad de un pacto de vivienda, un plan con recursos suficientes y soluciones adaptadas a las características de cada territorio.

Trilla, por su parte, ofreció una lectura distinta de los decretos. Los situó en un contexto de polarización política y social marcado por las consecuencias de la burbuja inmobiliaria y los desahucios. A su juicio, legislar en ese escenario exige un «encaje de bolillos» para proteger a los inquilinos sin desincentivar a los propietarios.

Aunque coincidió en denunciar una dejación de la política de vivienda durante los últimos quince años, añadió que el crecimiento de la población había encontrado al país sin la capacidad necesaria para producir nuevas viviendas, intensificando la presión sobre el alquiler.

La presidenta de Hàbitat3 defendió ampliar el parque público y social de alquiler, pero también diversificar el acceso mediante la compra y otras fórmulas. Cerró su diagnóstico con una reclamación presupuestaria: construir un parque equiparable al europeo no puede depender principalmente del endeudamiento de entidades y administraciones. Para ello, sostuvo, hace falta una aportación pública directa que permita producir más vivienda sin hipotecar durante décadas la capacidad de quienes la promueven.