El Consejo de Gobierno del País Vasco ha aprobado el Proyecto de Presupuestos para 2027, unas cuentas públicas que alcanzan los 17.629 millones de euros, un 7,6% más respecto a 2026. De esta partida, 504 millones de euros se destinarán a la Consejería de Vivienda y Agenda Urbana, un 19% más que este 2026.
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El consejero de Vivienda de la comunidad, Denis Itxaso, ha situado el acceso a la vivienda como una “crisis que afecta tanto a las personas más vulnerables como a jóvenes con empleo, familias trabajadoras y clases medias. Un presupuesto no es solo una tabla de cifras, es una declaración de prioridades”.
Entre los principales objetivos recalcados por el consejero se encuentran: financiación para ampliar el alquiler protegido y asequible, movilizar vivienda vacía, reforzar las prestaciones y rehabilitar el parque existente.
Del total, 493 millones de euros se destinarán directamente a la vivienda y 413,1 millones de euros de esta partida servirán para financiar el Programa Alquiler del Gobierno vasco, que contempla el inicio de las obras de 1.840 viviendas de protección pública y apartamentos dotacionales durante 2027.
Suelo para 10.000 viviendas y protección del parque existente
La primera reforma legal planteada habilitará la asignación directa de suelos al Fondo Social de Vivienda, con el que se habilitarán terrenos para 10.000 nuevas casas de alquiler asequible para clases trabajadoras y medias, mediante colaboración público-privada y bajo planificación pública.
La segunda modificación propone prorrogar la calificación temporal de las viviendas protegidas anteriores a 2003 que estén situadas en zonas tensionadas y puedan perder su protección a partir de 2027.
“No tendría sentido pedir a la ciudadanía un esfuerzo presupuestario creciente para construir nuevas viviendas protegidas mientras dejamos escapar parte del parque que ya existe”, ha enfatizado Itxaso.
Una inmobiliaria pública para ordenar la compraventa de VPO
La tercera herramienta es una inmobiliaria pública para ordenar las compraventas de vivienda protegida. La propuesta permitirá determinar quién debe adquirir las viviendas que se transmiten entre particulares a partir de las personas inscritas como demandantes de compra, con criterios como las necesidades de la unidad convivencial, la antigüedad en el registro y la renta.
Según el Ejecutivo del País Vasco, cada año se venden en la región alrededor de 1.000 viviendas protegidas privadas. La medida pretende garantizar adjudicaciones transparentes y combatir sobreprecios encubiertos.
“La vivienda protegida no puede convertirse en un espacio de abuso privado construido sobre una ventaja pública”, ha advertido el consejero.
Además, Itxaso ha avanzado que el Gobierno vasco impulsará en 2027 una enmienda a la proposición de ley de simplificación y agilización para la actividad económica sostenible, actualmente en tramitación parlamentaria, para que los Proyectos de Interés Público Superior puedan incorporar también actuaciones residenciales destinadas a vivienda de protección pública. Esta nueva herramienta permitiría al Consejo de Gobierno aprobar, previa justificación de su interés general y de su contribución a satisfacer la demanda de vivienda protegida, actuaciones estratégicas que faciliten su integración en el planeamiento territorial y urbanístico, siempre respetando las garantías y reservas legales.
“No basta con disponer de suelo residencial planificado si permanece años sin desarrollarse. Necesitamos una visión de conjunto, anticiparnos a las necesidades y disponer de instrumentos capaces de transformar la planificación en viviendas realmente construidas”, ha señalado.
83 millones en ayudas, 30 millones para jóvenes y más de 80 millones a rehabilitación
El presupuesto reserva 83 millones de euros para las prestaciones económicas, 18 millones más que en 2026, aunque la dotación tendrá carácter ampliable para “atender a todas las personas con el derecho reconocido”.
En esta línea, Gaztelagun -la ayuda económica para la emancipación de los jóvenes- aumenta su dotación hasta los 30 millones de euros, también ampliables. También se mantiene el compromiso de reservar el 50% de las viviendas de alquiler asequible para menores de 36 años. “La crisis de vivienda está rompiendo el calendario vital de una generación”, ha advertido el consejero.
Por último, la Dirección de Rehabilitación y Regeneración de Barrios contará con 81,49 millones de euros y las nuevas ayudas para mejorar la habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética suman 56,8 millones, incluyendo financiación para 2027.
“No venimos a decir que la crisis de vivienda esté resuelta. Venimos a decir que País Vasco está construyendo una respuesta más fuerte, más estructural y más completa. Sin vivienda asequible no hay emancipación real ni proyecto vital”, ha reivindicado el consejero al terminar su intervención.
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