País Vasco activa el fondo social de 2.000 millones para levantar 10.000 viviendas asequibles

La primera fase del fondo contempla el desarrollo de 2.065 viviendas en diferentes municipios, con una inversión público-privada de 452 millones
Edificios en Bilbao
Edificios en Bilbao idealista

El Gobierno vasco ha presentado una de sus medidas estrella en vivienda para los próximos años: el fondo social con el que quiere movilizar 2.000 millones de euros para impulsar 10.000 viviendas protegidas en la región en un plazo de ocho años. La iniciativa busca atraer capital público y privado hacia proyectos de vivienda asequible.

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Tal y como estaba previsto, el bautizado Fondo Social de Vivienda (FSV) contará con una aportación pública minoritaria (cerca del 30%) y se complementará con la participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), fondos de pensiones vascos (Entidades de Previsión Social Voluntaria -EPSVs-) y otros actores "comprometidos con la causa social de la vivienda", según ha confirmado el Ejecutivo vasco. 

El fondo se desplegará en varias fases y la primera de ellas contempla el desarrollo de 2.065 viviendas en alquiler asequible sobre "suelos ya identificados y disponibles en diferentes municipios", como ha explicado el Gobierno autonómico. 

En esta primera etapa, en la que se invertirán unos 452 millones de euros, las promociones se levantarán en distintos ámbitos de las tres provincias (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa), con desarrollos en Vitoria-Gasteiz (653 unidades), Bilbao (540), Sestao (400), Oiartzun (200), Azkoitia (111), Errenteria (45), Portugalete (32) y Santurtzi (32), entre otros municipios. 

Con el tiempo, se irán incorporando nuevos suelos y más recursos financieros, "ampliando de forma sostenida el parque de vivienda en alquiler asequible durante las próximas décadas", detalla el Ejecutivo de Euskadi. 

En concreto, el esquema prevé la movilización de suelo público mediante derechos de superficie de larga duración, la participación de capital privado y el acceso a instrumentos de financiación especializados para desarrollar promociones; con una gestión profesionalizada y una distribución de riesgos entre los distintos agentes participantes. 

Con esta iniciativa para acelerar la producción de vivienda asequible, que forma parte del Plan Director de Vivienda 2025-2027 de Euskadi, el Gobierno autonómico busca "facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible a miles de familias", especialmente a las que "tienen dificultades para acceder tanto a la vivienda protegida disponible como al mercado libre"; y permitirá al País Vasco duplicar "la media europea en vivienda protegida construida".

"El Fondo Social de Vivienda constituye la pieza que nos faltaba para dar el salto de escala que necesita Euskadi", ha asegurado el consejero regional de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, quien ha insistido en que esta nueva herramienta para "conectar suelo público e inversión a largo plazo" se suma a las diferentes líneas de actuación que se han puesto en marcha en los últimos años para intentar reducir la presión sobre el mercado residencial, como la disponibilidad de suelo, la agilización urbanística, la industrialización de la construcción o la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. 

Durante la presentación del Fondo Social de Vivienda, Itxaso también ha hecho un llamamiento a las fundaciones bancarias, a las EPSV y al capital local para sumarse a este tipo de iniciativas, y ha confirmado que en diciembre se lanzará la licitación pública para incorporar nuevos 'socios' privados. 

Requisitos y condiciones de los alquileres

Las viviendas asequibles que se impulsen a través del Fondo Social de Vivienda (FSV) estarán sujetas a criterios de asequibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y calidad constructiva; y se destinarán a hogares con ingresos de entre 25.000 y 65.000 euros que estén inscritos en el servicio público de vivienda regional (Etxebide), un tramo que representa aproximadamente el 45% de las familias en Euskadi, según los cálculos oficiales. 

Una vez que se adjudiquen, los inmuebles tendrán un alquiler protegido de entre 8 y 10 euros/m2, lo que supondría rentas mensuales de entre 634 euros y 680 euros, sin incluir anejos como trastero o plaza de garaje. 

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