En el último programa de Salvados, emitido en La Sexta, se entrevistó a Ione Belarra, secretaria general de Podemos, donde habló de la vivienda en España. Aseguraba que las inmobiliarias no deben cobrar honorarios a los inquilinos por la gestión del alquiler por no estar regulada en la ley. La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) le responde que la percepción de dichos honorarios es perfectamente legal y se recoge dentro de los contratos atípicos consolidados por la doctrina de los tribunales. Es más, va más allá y la asociación señala que la ministra pretende camuflar con sus declaraciones el verdadero problema que tiene España: la falta de vivienda social. España está a la cola de Europa en este aspecto, con una media del 2,5% mientras Europa está en bastante más del triple -9,3%-.
El Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no publica informes sobre vivienda social desde 2020, cuando debería realizar uno al trimestre, lo que define a la perfección “la escasa preocupación que el Gobierno mantiene al respecto, que ni siquiera se preocupa de analizar la situación” afirman desde AMADEI.
No obstante, como bien recoge literalmente el último informe de 2020, “la vivienda protegida destinada al alquiler se ha caracterizado en España, por una presencia mucho menor que la destinada al régimen de propiedad,” y añadiendo “en cuanto a las calificaciones definitivas puede observarse cómo, salvo excepciones como las de Cantabria, Navarra, Cataluña o País Vasco, con una pequeña cantidad de vivienda protegida en régimen de alquiler, la proporción en los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) es prácticamente inexistente en la mayoría de comunidades autónomas”.
En España, la tenencia de vivienda pública contempla varios escenarios: compraventa, alquiler y alquiler con opción a compra. Sin embargo, en el resto de la Unión Europea la tendencia ha sido claramente a favor del alquiler social o asequible de vivienda pública.
Desde AMADEI se puntualiza que “no solo ocupamos los últimos lugares de Europa en vivienda social, sino que, además, dentro de la escasísima oferta de esta vivienda en España, el alquiler social está por los suelos”. Por tanto, desde AMADEI se considera que “el Gobierno junto con las distintas comunidades autónomas y los ayuntamientos deben impulsar el alquiler de vivienda protegida y social y dejar de intervenir el mercado del alquiler, pretendiendo que los particulares sustituyan la función público social de las distintas administraciones y sometiendo a la propiedad privada y a los arrendadores a un sistema rígido de regulación y limitaciones de precios de alquileres y sus actualizaciones, que solo crea inseguridad jurídica, especulación y escasez de oferta, como se ha demostrado en Cataluña con las medidas adoptadas por el Govern”.
Para AMADEI son medidas populistas que realmente, se adopten o no se adopten, no van a solucionar ni siquiera mitigar la crítica realidad del alquiler para los estratos más bajos de ingresos, rentas bajas y medias.
En este sentido, insistir con los grandes tenedores, cuando no cuentan en cartera con mucho más de 115.000 pisos en alquiler -poco más del 3,5% del mercado- mientras que hay casi 2 millones de personas que disponen de uno o dos pisos en alquiler, no cambiará gran cosa la preocupante deriva que está tomando el mercado del alquiler en medio de una situación económica incierta y afectado en demasía por el incremento de tipos hipotecarios, dado que muchos propietarios que no puedan pagar sus hipotecas venderán con la intención de alquilar y se encontrarán de bruces con esa escasez de oferta, derivada del clima de inseguridad jurídica provocado por las medidas públicas adoptadas y las que se ciernen sobre el futuro panorama.
Y en este contexto, incidir en no permitir que las agencias inmobiliarias perciban honorarios de los demandantes de alquileres que se conviertan en inquilinos, por gestionar precisamente esa conversión además de ofrecerles servicios de asesoramiento una vez firmado el contrato de alquiler, “es otra medida populista más que carece de razón de ser y atenta contra la libertad de pactos o contractual, algo que ya se dedujo en su momento y de ahí que la normativa sobre alquiler haya establecido que únicamente el inquilino no abone estos gastos cuando el arrendador es una persona jurídica”, afirman. Además, AMADEI recuerda que “existe la legislación de protección y defensa del consumidor a la que puede acogerse el inquilino, formulando la oportuna denuncia, cuando considere que se le han cobrado honorarios de forma abusiva”.
Precisamente, lo que las agencias inmobiliarias defienden es proteger a los consumidores y es por ello que en la futura Ley de la Vivienda se ha pedido que se regule la creación de registros autonómicos obligatorios de agentes y agencias inmobiliarias, exigiendo a todo aquel que quiera ejercer en el mercado de la intermediación, que acredite que cumple unos requisitos de experiencia, conocimientos y solvencia que dote al ejercicio de la actividad de medición y asesoramiento inmobiliarios de una seguridad jurídica y mayores garantías para el consumidor.
Esta petición, que acabaría con las malas praxis en el sector, se ha elevado en forma de enmienda a la ley, por las principales federaciones y asociaciones del sector, incluida la patronal FADEI, a la que pertenece AMADEI, siendo apoyada por diversos grupos políticos. Por tanto, entendiendo que esto sí que es una medida que reforzará la posición del consumidor, esperamos que el Gobierno sea sensible al respecto y finalmente incluya en la nueva ley esta petición de establecer un registro oficial comunitario obligatorio como ya existe en algunas comunidades autónomas, pero a nivel nacional.
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