La turística y exclusiva ciudad francesa de Biarritz ha llevado la guerra contra las segundas residencias al límite. El Ayuntamiento decidió aplicar un recargo del 60% sobre este tipo de viviendas para aumentar la recaudación y tratar de liberar oferta residencial para vecinos habituales. Pero la medida ha terminado generando un inesperado efecto bumerán: la ciudad calcula que ha perdido alrededor de un millón de euros porque los propietarios habrían cambiado oficialmente el uso de sus inmuebles para esquivar el impuesto.
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Según denuncian las autoridades locales, muchos dueños de viviendas habrían pasado a declarar sus casas como residencia principal aunque, en la práctica, sigan utilizándolas como segunda vivienda. El consistorio asegura que esta “inversión” administrativa ha provocado una caída de unos 750.000 euros en ingresos por el impuesto de vivienda y otros 250.000 euros vinculados a penalizaciones y mecanismos fiscales asociados a la normativa francesa de vivienda social.
El caso ha desatado un fuerte debate en Francia sobre los límites de la fiscalidad contra las segundas residencias y las enormes dificultades para controlar el uso real de las viviendas. El Ayuntamiento de Biarritz ya ha anunciado que reforzará las inspecciones y los controles cruzados con Hacienda para detectar posibles irregularidades, aunque reconoce que demostrar la ocupación efectiva de una vivienda no siempre es sencillo.
La situación refleja la enorme tensión inmobiliaria que vive esta localidad del País Vasco francés, convertida desde hace años en uno de los destinos más exclusivos del Atlántico europeo. El auge del turismo internacional, las compras de alto poder adquisitivo y el crecimiento del alquiler vacacional han disparado los precios y reducido la oferta disponible para residentes permanentes.
Biarritz se ha convertido así en uno de los ejemplos más extremos de una tendencia que empieza a extenderse por numerosas ciudades turísticas europeas: penalizar fiscalmente las viviendas vacías o las segundas residencias para intentar devolver stock al mercado tradicional.
El debate no resulta ajeno a España. Municipios costeros, islas y grandes ciudades llevan tiempo estudiando fórmulas similares ante el aumento de la presión sobre la vivienda. En zonas especialmente tensionadas, las administraciones empiezan a poner el foco sobre los inmuebles infrautilizados, las viviendas de uso ocasional y el impacto del alquiler turístico.
Sin embargo, el caso francés también deja una advertencia clara: subir impuestos no siempre garantiza más recaudación ni más vivienda disponible. En mercados donde el atractivo inmobiliario sigue disparado, muchos propietarios buscan fórmulas alternativas para evitar el coste fiscal, obligando a las administraciones a endurecer controles y vigilancia.
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