El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, ha suavizado sus planteamientos iniciales para favorecer la construcción de viviendas sociales que sean gestionadas directamente por los ayuntamientos (las llamadas 'council homes', por su término en inglés), en un intento por impulsar el programa gubernamental de viviendas asequibles.
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Su Gobierno acaba de destinar los primeros 10.000 millones de libras (11.680 millones de euros) del programa laborista de viviendas sociales y asequibles, de un total de 39.000 millones (45.572 millones de euros) presupuestado, y que irá dirigido principalmente a las entidades que levantan vivienda de protección oficial en Gran Bretaña, más que a los propios ayuntamientos.
Burnham ha convertido un mayor control público sobre la vivienda en el pilar fundamental de su discurso político. En Inglaterra, la construcción de viviendas de protección oficial corre a cargo de diversas entidades, incluidas asociaciones de viviendas sin ánimo de lucro, que ofrecen alquileres sociales (aproximadamente el 50% del valor de mercado), alquileres asequibles (aproximadamente el 80% de las tarifas de mercado) y planes de propiedad compartida.
Sin embargo, Burnham ha manifestado repetidamente su deseo de que sean las autoridades locales sean las que asuman directamente esta función. En esta primera partida, el dinero se ha repartido entre 33 organizaciones y algunos ayuntamientos, siguiendo el plan de anterior Gobierno de Keir Starmer, en el que aproximadamente el 60% de las 70.000 viviendas que se construirán serán 'council homes'.
El año pasado, los ayuntamientos apenas construyeron 10.500 viviendas. En la década de 1950, los ayuntamientos construían una media de unas 190.000 viviendas al año, y en la década de 1970, la media rondaba las 130.000. El ambicioso Plan de Vivienda británico pretende poner en marcha 1,5 millones de nuevas viviendas durante la actual legislatura.
Muchos ayuntamientos han traspasado su parque residencial a asociaciones de vivienda, que asumieron la responsabilidad constructora. En la actualidad, apenas 162 de los 317 ayuntamientos ingleses son propietarios o promotores de vivienda, según el Instituto Colegiado de Vivienda (CIH).
Burnham quiere acabar con el ‘Right to Buy’, el derecho de compra de los inquilinos de pisos públicos
Otra de las medidas que quiere implementar el actual Gobierno laborista de Andy Burnham para aumentar el control de los ayuntamientos sobre el parque público de viviendas es acabar con la emblemática política del ‘Right to Buy’ que puso en marcha la conservadora Margaret Thatcher, es decir, el derecho de compra de los inquilinos de viviendas sociales.
El primer ministro ha afirmado repetidamente, incluso desde su época como alcalde de Manchester, que esta política dificulta garantizar un suministro adecuado de vivienda social.
La pérdida del parque público lleva siendo uno de los grandes problemas sociales de las últimas décadas. Según estudios de varias consultoras, más de 2 millones de viviendas han sido compradas por sus inquilinos desde que se introdujo esta política en la década de 1980. Los más críticos afirman que esta medida ha obligado a los Ayuntamientos a vender propiedades sin lograr suficiente dinero para poder reemplazarlas.
En el último año se han concretado 14.275 ventas de viviendas sociales (council homes), mientras que apenas se ha iniciado la construcción de menos de 12.000 viviendas de alquiler social para reemplazarlas. Este incremento se produjo antes de que el anterior Ejecutivo de Keir Starmer incluyera nuevas clausulas al derecho de compra de los inquilinos de viviendas sociales.
Las restricciones ampliaban el derecho de compra a aquellos inquilinos que residieran en la misma propiedad durante 10 años, ampliando el plazo de los tres años originales. También se eliminaban las ayudas a la compra que aplicó el Gobierno de coalición en 2012, liderado por David Cameron, junto a los liberaldemócratas.
Otra de las medidas aplicadas es que las viviendas sociales de nueva construcción estarán exentas de poder venderse durante los primeros 35 años y los ayuntamientos podrán conservar todos los ingresos.
Las previsiones del Gobierno estiman que estas políticas reducirán las ventas a 1.500 viviendas al año, frente a un promedio de 10.500 durante la última década.
Protección de los pubs ingleses y más casas cerca de paradas de tren y metro
Por otro lado, la ministra británica de Vivienda Angela Rayner ha conseguido sacar adelante la reforma en la política nacional de planificación urbanística, que servirá de guía a los ayuntamientos de Inglaterra. Entre otras medidas, se luchará contra el declive de las calles comerciales como evitar el cierre de los históricos pubs ingleses ante el incremento de reconversiones en oficinas, tiendas o viviendas.
Las nuevas medidas incluyen la exigencia de demostrar que el pub estuvo en venta durante al menos 12 meses antes de que se pueda siquiera considerar un cambio de uso, aunque hay ayuntamientos que lo extienden a tres años.
El anterior gobierno laborista inició en diciembre una consulta sobre cambios en el Marco Nacional de Política de Planificación Urbanística (NPPF, por sus siglas en inglés). Ahora, el Ejecutivo de Andy Burnham se ha comprometido a reducir en un 20% los impuestos sobre bienes inmuebles para pubs, clubes y locales sociales similares en toda Inglaterra a partir de abril del próximo año.
Dentro de la misma reforma del NPPF, se facilitará la construcción de nuevas viviendas cerca de estaciones de tren, tranvía y metro. Según la Federación de Constructores de Viviendas (HBF, por sus siglas en ingles), el número de proyectos que obtuvieron permiso de construcción cayó a su nivel más bajo en 20 años durante el primer trimestre de este año.
La HBF informó que solo 1.220 proyectos recibieron aprobación en Inglaterra, una cifra inferior a los casi 3.000 de 2017 y la más baja desde que se iniciaron los datos en 2006. El Ministerio de Vivienda afirmó que las reformas agilizarían la construcción de viviendas de calidad cerca de las estaciones.
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