Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen: “Su caso no es un ejemplo del drama social que viven muchas personas”

Conversamos con Ignacio Lázaro. Su familia fue la propietaria hasta 2018 del edificio de Sainz de Baranda que se ha hecho famoso por ser donde se encuentra el piso en el que residía la anciana María del Carmen Abascal. La mujer de 87 años, que residía en una vivienda con un alquiler de renta antigua, sufrió el desahucio decretado por un juez a partir de la denuncia de la empresa ahora dueña del inmueble. Días después la empresa Urbagestión llegó a un acuerdo con los representantes de la anciana y la mediación del Ayuntamiento de Madrid para que volviera a casa.

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El abuelo de Ignacio fue propietario del inmueble desde que se levantó en los años 50 y sus herederos, hijos y nietos, fueron copropietarios del inmueble hasta que lo vendieron en 2018. El desahucio de Maricarmen se ha convertido en el estandarte de las protestas en materia de vivienda que han desencadenado en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, y en los dos decretos de urgencia que el Gobierno ha impuesto en apenas unos días.

¿Cómo valora las medidas del Gobierno en materia de alquiler y vivienda?

Creo que la reducción de viviendas disponibles para alquilar es solo el principio. Cuando un propietario conoce las condiciones de determinados contratos, puede decidir no alquilar. Si se plantea una ocupación prácticamente perpetua, con limitaciones de actualización, algunos propietarios preferirán retirar la vivienda del mercado, aunque ello implique asumir impuestos más altos. Muchas viviendas se compraron pensando en los hijos y no necesariamente como una inversión destinada al alquiler.

¿Considera que la actual regulación se parece a la renta antigua?

Me parece incluso peor. La renta antigua respondió a unas necesidades concretas en una España que salía de la Guerra Civil, y no es comparable con el contexto actual. Hoy existen elevados costes de construcción: materiales, mano de obra, electricidad, hormigón o suelo. El problema de la vivienda es estructural y no se resuelve con un decreto.

¿Cuál debería ser, a su juicio, la respuesta al problema de acceso a la vivienda?

Hay que gestionar correctamente los impuestos y construir. Se anuncian planes de vivienda, pero muchas veces no se ven avances materiales. También hay edificios públicos o grandes inmuebles que podrían haberse destinado a vivienda social o para estudiantes. No es un problema exclusivo de Madrid o las grandes ciudades: sucede también en zonas costeras, donde es muy difícil encontrar un piso.

¿Qué opinión le merece que Maricarmen se haya convertido en símbolo de las protestas por la vivienda?

A todos nos conmueve ver a una persona mayor salir de su casa. Pero su caso se ha convertido en una imagen muy concreta del problema. En 2018, la renta que pagaba era de 170 euros; otros importes del recibo correspondían a servicios de terceros, como ascensor, portería o luz de escalera, no a ingresos para la propiedad.

También se le ofreció una residencia, pagada por el propietario, donde podría estar acompañada y atendida. Si una persona requiere muchas horas de asistencia social, quizá disponer de atención continuada tenga más sentido que vivir sola en una vivienda de tres dormitorios.

Hay muchas personas que compraron una vivienda durante la burbuja inmobiliaria, pagaron hipotecas muy altas y terminaron entregando las llaves al banco, a veces tras años de pagos. También hay dramas personales graves que apenas reciben atención. El debate no debería centrarse únicamente en un caso mediático, sino en las distintas realidades de quienes tienen dificultades para acceder o conservar una vivienda.

¿Cómo era el edificio de Sainz de Baranda cuando pertenecía a su familia?

Tenía 26 viviendas en planta, tres viviendas en bajos y dos locales comerciales; inicialmente fueron tres locales. Cuando yo era niño, prácticamente todos los inquilinos estaban en régimen de renta antigua. El inmueble no era un edificio de lujo, aunque hoy se encuentre en una zona con precios elevados.

¿Cómo eran las viviendas?

Rondaban los 100 metros construidos, con superficies habitables de unos 90 metros, según el piso. La distribución era típica de los edificios de posguerra: cuatro cuartos, un baño, un aseo, cocina, ropero y vestíbulo. Habitualmente, una estancia hacía de salón-comedor y las otras tres eran dormitorios; en algunos casos había cuatro dormitorios.

¿Vivía su familia en el edificio?

Sí. Mis padres, mis hermanos y yo vivimos allí durante diferentes etapas. También residió una tía de mi padre tras enviudar, para estar cerca de su hija, que vivía en otro piso del edificio. Yo viví allí durante los años en que nacieron mis hijos, hasta que se vendió el inmueble y nos trasladamos a Rivas-Vaciamadrid. Mi hermana permaneció algunos años más y una prima compró su vivienda posteriormente al nuevo propietario.

¿Por qué decidió la familia vender el edificio en 2018?

No era un bien rentable. Las hermanas de mi padre, varias de ellas solteras, se encargaban de administrarlo, pero fueron haciéndose mayores y no había relevo. La gestión no consistía solo en emitir recibos y cobrar alquileres: había que mantener el edificio, resolver averías y afrontar obras. Era un inmueble de 1952 y, aunque se hacían reformas, siempre había reparaciones: calefacción, bajantes, patios y otros elementos.

Además, el edificio no tenía división horizontal. Para repartir pisos entre los herederos habría sido necesario hacerla a nuestra costa. Yo, por ejemplo, tenía una dieciochoava parte: con 26 pisos, tres bajos y dos locales, mi parte equivalía a poco más de una vivienda. No tenía sentido invertir dinero para quedarse con un piso con una renta muy baja y con obligaciones de mantenimiento. El edificio se vendió por debajo del 50% de lo que habría valido si se hubiera vendido vivienda por vivienda.

¿Cómo recuerda el efecto de la llegada de la renta antigua en la familia?

Se veía como una solución incompleta. Limitaba la subrogación permanente, pero no aliviaba a los caseros. La falta de rendimiento acabó haciendo que el edificio costara dinero a la familia. Aun así, se mantuvo hasta su venta en condiciones aceptables y cumpliendo los requisitos legales. Nunca se hicieron cosas para forzar a los inquilinos a marcharse.