La Justicia prohíbe los pisos turísticos por encima de la primera planta en Salamanca

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dicta que las viviendas vacacionales son de uso terciario y las equipara a los establecimientos hoteleros y locales comerciales
Archivo - Candados de viviendas de uso turístico en una céntrica calle del Casco antiguo.
Foto de archivo de candados de viviendas de uso turístico Europa Press

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado una sentencia de calado para el sector de los alojamientos turísticos en la región. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido que las viviendas turísticas son, a efectos urbanísticos, de uso terciario y no uso residencial, lo que las equipara a establecimientos hoteleros o locales comerciales y las somete a las mismas limitaciones de ubicación.

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Por lo tanto, este Tribunal prohíbe que estos pisos vacacionales puedan instalarse por encima de la primera planta, basándose en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Salamanca. 

El origen del conflicto: un propietario y dos pisos turísticos

El caso arranca cuando un particular presentó ante el Ayuntamiento de Salamanca una notificación ambiental -trámite previo necesario para ejercer la actividad- con el objetivo de poner en marcha dos viviendas de uso turístico ubicadas en el mismo edificio.

Una de ellas se sitúa en la segunda planta, por encima del umbral que el PGOU de Salamanca establece para los usos de carácter no residencial, por lo que el consistorio denegó la autorización, a lo que el propietario respondió con un recurso ante los tribunales.

En primera instancia, el juzgado contencioso-administrativo de Salamanca dio la razón al propietario, que le otorgaba el derecho a continuar con la actividad turística en los pisos, considerando que la actividad estaba amparada legalmente.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Salamanca decidió apelar la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el consistorio y ha revocado íntegramente la sentencia de instancia. Por tanto, el propietario ha perdido el derecho que le había sido reconocido previamente.

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