La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) avisa al Ayuntamiento de Jaume Collboni que podría emprender acciones legales contra el aumento impositivo que afecta de lleno a los pisos turísticos.
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En una sesión extraordinaria celebrada el 15 de octubre, el pleno del Consistorio ha aprobado inicialmente subir el IBI un 150% a los titulares de 4 o más licencias de pisos turísticos, una propuesta que aprobó la semana pasada la comisión de Economía y Hacienda y que ha contado con los votos a favor de PSC, BComú y ERC, la abstención de Junts y los votos en contra de PP y Vox.
La directora general de Apartur, Marian Muro, ha afirmado que el incremento del IBI en un 150% a los titulares de cuatro o más licencias de pisos turísticos en Barcelona es una medida "desproporcionada que genera inseguridad jurídica y vuelve a señalar a un sector que no es responsable del problema de acceso a la vivienda, ya que desde el 2014 no se otorgan nuevas licencias". Muro también ha avanzado que, si finalmente se aprueba, emprenderán las "acciones legales oportunas".
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Para la directora general de Apartur, "resulta preocupante que desde una posición de responsabilidad pública se plantee penalizar una actividad plenamente legal y amparada por licencias con carácter indefinido otorgadas por el propio Ayuntamiento".
Una medida para "endurecer y desincentivar"
El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha recalcado que hasta que no entre en vigor la eliminación de los pisos turísticos en Barcelona en 2028 utilizarán "todas las herramientas posibles para luchar contra esta actividad porque una vivienda no es un activo económico". Sobre la subida del IBI, ha concretado que servirá para "endurecer y desincentivar" esta práctica.
Valls ha concretado que en la capital catalana hay 10.600 licencias activas y que 6.000 son las que se verán afectadas por la tasa del 150%, mientras que 1.200 (de 2 a 3 licencias por titular) experimentarán un incremento del IBI del 100%. Para el teniente de alcalde de Economía, estos datos confirman que la iniciativa "está justificada".
El Consistorio ha materializado esta medida, que entra en periodo de alegaciones y se deberá aprobar definitivamente en el pleno de diciembre, tras la aprobación de dos nuevos decretos de vivienda por parte del Gobierno, después de que decayeran en el Congreso tras el voto en contra de PP, Vox y Junts; que deberá votar la Diputación Permanente de la Cámara Baja.
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