El Ayuntamiento de Málaga exigirá cinco años de empadronamiento a quienes quieran optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en la ciudad, frente al único año que se exige en la actualidad. La medida va más allá de lo previsto hasta ahora por el Ejecutivo local, que en un principio barajaba exigir tres años de censo en el registro.
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Además, los ciudadanos malagueños que hayan abandonado recientemente la ciudad también podrán aspirar a una VPO, ya que el consistorio permitirá las solicitudes de aquellos que hayan estado inscritos, al menos, cinco de los diez años anteriores a la solicitud.
El objetivo del Ayuntamiento es evitar el “efecto llamada” provocado por los últimos sorteos de vivienda protegida en la capital, 13 en los últimos dos años, y que los adjudicatarios sean preferentemente residentes en la ciudad.
El nuevo requisito se aplicará, previsiblemente, en el próximo sorteo de vivienda protegida, que ofrece 70 inmuebles de alquiler asequible en la zona de Teatinos y que está previsto que se abra a finales de año o principios de 2027.
Sin embargo, en las promociones de iniciativa privada, el Ayuntamiento podrá sugerir a las empresas que amplíen el requisito, pero no obligarlas hasta que la modificación de la normativa esté aprobada y en vigor.
Cabe destacar que el pasado mes de julio, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento presentó una moción en la que pretendía exigir cinco años de empadronamiento para viviendas en alquiler y 10 años en la compraventa. Esta idea fue rechaza por el Partido Popular, que finalmente ha fijado en cinco años el mínimo para acceder a una VPO.
Este cambio comenzó a fraguarse en marzo de este año, cuando el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, anunció que se elevaría la antigüedad mínima en el padrón, que se encontraba en tan solo un año, y citó ejemplos como el de Barcelona y Bilbao (tres años) y Madrid (cinco).
Por otro lado, esta nueva normativa busca que los demandantes de VPO puedan hacer la inscripción en el registro mediante declaración responsable y fijar la validez de la inscripción en dos años, que podrá ser renovada por los usuarios; tal y como recoge la nueva Ley de Vivienda de Andalucía.
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