El Gobierno alemán avanza en la preparación de una ley para frenar los planes de nacionalización de viviendas en Berlín. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha concretado los requisitos que pretende introducir mediante una Ley de Protección de Inversiones, en respuesta al acuerdo preliminar de La Izquierda, el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes para expropiar unas 150.000 viviendas de grandes empresas inmobiliarias.
Según la información de EFE publicada por Swissinfo, Dobrindt ha explicado al diario Bild que la iniciativa establecería tres condiciones. Las compensaciones tendrían que ajustarse al valor de mercado de los inmuebles, determinado mediante un peritaje; abonarse inmediatamente y en dinero; y justificarse como último recurso, una vez agotadas las demás medidas para afrontar la escasez residencial.
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El planteamiento incide en uno de los puntos centrales del proyecto berlinés: el coste de las indemnizaciones. Los partidos que negocian la formación del Gobierno regional contemplan destinar unos 16.000 millones de euros a compensar a los propietarios afectados, una cantidad inferior al valor de mercado estimado de las viviendas.
La iniciativa federal ha provocado el rechazo de La Izquierda. Uno de sus colíderes, Luigi Pantisano, acusa al Ejecutivo de Friedrich Merz de priorizar a los accionistas de Vonovia frente a los inquilinos y sostiene que la futura norma sería declarada inconstitucional.
Un pulso que comenzó antes de las negociaciones de Gobierno
La preparación de esta ley ya había sido anunciada por Merz en septiembre. El canciller defendió entonces una intervención federal para impedir las nacionalizaciones y evitar que la incertidumbre sobre la propiedad privada deteriorase la confianza de los inversores. El desarrollo de sus requisitos concreta ahora cómo pretende dificultar esas operaciones, aunque la norma todavía no está aprobada.
En octubre, durante una cumbre destinada a captar inversión extranjera, Merz volvió a advertir contra los experimentos con los derechos de propiedad. Mientras tanto, La Izquierda, el SPD y Los Verdes avanzaban en las conversaciones para formar una coalición en Berlín y preparar la transferencia de grandes carteras residenciales al sector público.
El proyecto que negocian los partidos berlineses afectaría a las empresas con más de 10.000 viviendas en la ciudad, que conservarían ese umbral y entregarían los inmuebles que lo superasen. Según los datos empresariales recogidos por el Financial Times, más de 144.000 pisos podrían quedar sujetos a la medida. La legislación regional se plantearía de cara a 2028.
La propuesta tiene como antecedente el referéndum de 2021, en el que una mayoría de los votantes berlineses respaldó la socialización de las grandes sociedades propietarias de viviendas. Aquella consulta no era vinculante y los gobiernos posteriores no ejecutaron la nacionalización. Su posible aplicación sigue abriendo interrogantes jurídicos sobre un mecanismo constitucional que no se ha utilizado hasta ahora.
La incertidumbre ya condiciona la inversión
El enfrentamiento también se ha trasladado al mercado inmobiliario. Heimstaden ha anunciado que no invertirá más capital en Alemania mientras continúe sobre la mesa el plan berlinés. Su codirector ejecutivo, Christian Fladeland, considera muy baja la probabilidad de que las expropiaciones lleguen a ejecutarse, pero reconoce que la incertidumbre ya influye en las decisiones de inversión de la compañía.
Vonovia es otra de las empresas más expuestas. Según los cálculos del Financial Times recogidos por idealista/news, podría afrontar pérdidas superiores a 8.000 millones de euros si prospera el proyecto con las compensaciones previstas. Para las cuatro compañías analizadas, Vonovia, Heimstaden, Adler y Covivio, el impacto conjunto superaría los 11.000 millones respecto al valor contable de los activos afectados.
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