El Gobierno de Canadá ha anunciado una nueva exención que permitirá a compradores extranjeros adquirir viviendas de nueva construcción, una apertura parcial tras la prohibición implantada en 2023 para frenar la compra de inmuebles por parte de los no residentes.
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La medida supone un cambio relevante, aunque no elimina la restricción en su totalidad. Los compradores extranjeros seguirán sin poder adquirir viviendas ya existentes y la prohibición sobre este tipo de operaciones, que expiraba al inicio del nuevo año, se ha ampliado hasta 2029.
La iniciativa sigue un modelo inspirado en Australia: dirigir la inversión internacional exclusivamente hacia la obra nueva. El objetivo es evitar que el capital extranjero incremente la competencia por viviendas de segunda mano, un segmento más directamente vinculado a las necesidades de los compradores locales.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Ottawa confía en que las compras de extranjeros ayuden a los promotores a asegurar la financiación necesaria para poner en marcha o completar nuevos proyectos. Las preventas y la comercialización de unidades terminadas son factores decisivos para que muchas constructoras puedan continuar edificando, especialmente en un contexto de menor demanda.
Varios expertos consideran que esta fórmula podría contribuir a activar la construcción de viviendas en Canadá. “Cuando los proyectos no alcanzan las ventas necesarias, los promotores paralizan los futuros desarrollos, con el consiguiente impacto sobre la oferta residencial”, aclaran.
No obstante, hay otros analistas que piensan lo contrario. Se cuestionan que estimular la demanda permita abaratar los precios de la vivienda. “Parece que la prioridad del Ejecutivo pasa por mantener la actividad del sector de la construcción, más que resolver el problema de accesibilidad”, destacan.
La exención llega en un momento especialmente complejo para el mercado de apartamentos en Canadá. Toronto y Vancouver acumulan miles de unidades nuevas sin vender y, de acuerdo con el Royal Bank of Canada (RBC), el exceso de oferta ya ha provocado una caída significativa de precios en esta clase de viviendas.
Queda por ver si los compradores extranjeros responderán a la medida. Además de las restricciones federales, continúan vigentes varios impuestos de las provincias canadienses: Ontario aplica un impuesto del 25% a compradores extranjeros, mientras que determinadas zonas de la Columbia Británica imponen un recargo del 20%.
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