Aurora Fornos, secretaria de Política Institucional de Aliança Catalana, defiende que la promoción pública sea complementaria a la privada y se dirija a colectivos como los jóvenes catalanes y las familias numerosas, con un mínimo de varios años de empadronamiento. En una entrevista con idealista/news, evita fijar una cifra de viviendas asequibles para una legislatura y apuesta por movilizar suelo público y facilitar que los promotores privados construyan.
Su propuesta para el alquiler pasa por retirar los topes de precios, incluidos los de temporada y por habitaciones, y ofrecer garantías públicas frente a los impagos. Para los jóvenes que pueden pagar una hipoteca pero no han ahorrado lo suficiente para la entrada, plantea avales públicos y suprimir el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la compra de la primera vivienda. Fornells también defiende eliminar la reserva del 30% de vivienda protegida en Barcelona y atribuye parte de la subida de los precios a la presión migratoria.
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¿Cuál es el principal error que se ha cometido en las políticas de vivienda en Cataluña?
El principal error ha sido tratar la vivienda como un problema de precios que se resuelve interviniendo en el mercado y castigando al propietario, cuando el problema es la falta de oferta. La demanda ha crecido mucho por el aumento de la población y la presión migratoria, mientras que la oferta ha disminuido por las regulaciones demenciales que se han aplicado.
Los catalanes siempre hemos tenido en mente ahorrar e invertir en vivienda para complementar la jubilación. Ahora se está criminalizando al pequeño y al mediano propietario, incluso a familias que tienen cinco viviendas o que han heredado pisos. Cataluña ha declarado zonas tensionadas en casi 300 municipios. Podría haber decidido no hacerlo, porque es una competencia autonómica. También ha aplicado topes al alquiler, ha rebajado a cinco viviendas el umbral para ser considerado gran tenedor, frente a las más de diez de la ley estatal, y ha ampliado las limitaciones a los alquileres de temporada. A todo ello se suman las trabas a la inversión y a la construcción.
El resultado ha sido el contrario al que se pretendía: menos pisos que nunca en el mercado del alquiler, más inseguridad jurídica, más okupación y unos precios que siguen altos porque no hay oferta suficiente. Como hemos dicho siempre, el fracaso es del Estado y de la Generalitat, que ha impuesto límites que otras comunidades autónomas no han aplicado.
¿Cuál sería la primera medida que tomaría Aliança Catalana para corregirlo?
Empezaríamos por revertir las regulaciones autonómicas que más desincentivan la puesta de vivienda en alquiler. Revocaríamos las declaraciones de zonas de mercado residencial tensionado o dejaríamos que caducaran, elevaríamos el umbral de gran tenedor al menos al nivel estatal, de más de diez viviendas, y eliminaríamos los topes de precios en todas las modalidades de alquiler, incluidos los de temporada y por habitaciones. También actuaríamos contra la okupación ilegal con desalojos exprés y más seguridad jurídica para los propietarios. Con estas medidas, los propietarios recuperarían la confianza y volverían a poner viviendas en el mercado. Con más oferta y dejando actuar a la oferta y la demanda, los precios bajarían.
Aliança Catalana propone eliminar los topes al alquiler. ¿Cómo conseguiríais que eso se tradujera en más oferta y en precios más asequibles? ¿Qué tendría que cambiar para que un propietario que ha retirado su piso del alquiler habitual volviera a ofrecerlo?
Eliminar los topes al alquiler es indispensable para que vuelva la oferta. Si un propietario siente que se le criminaliza por tener cinco viviendas, ve que el precio que puede cobrar está limitado artificialmente y cree que tardará años en recuperar el piso en caso de impago u ocupación, acaba retirándolo del mercado del alquiler. Lo vende, lo deja vacío o le da otro uso. Si se eliminan los topes y vuelven a salir pisos al mercado, habrá más oferta y los precios subirán más despacio, se estabilizarán o incluso podrán bajar. Creemos que el mercado debe autorregularse, porque las regulaciones estatales y autonómicas lo han empeorado todo.
"Los cambios normativos continuos nos confunden hasta a quienes somos abogados"
Para que un propietario vuelva a alquilar su piso, tiene que cambiar su percepción del riesgo y de la rentabilidad. Tiene que saber que, si le okupan el piso o el inquilino deja de pagarle, podrá recuperarlo en un plazo razonable. También tiene que saber que no le obligarán a alquilarlo por debajo del precio de mercado. Y hay que frenar los cambios normativos continuos, que nos confunden hasta a quienes somos abogados. Cada pocos meses se aprueban nuevos decretos con más obligaciones y sanciones. Es una locura.
¿Ofreceríais garantías públicas ante los impagos o incentivos fiscales?
Sí. Se podrían eliminar los topes y ofrecer garantías o seguros públicos que cubran al propietario en caso de impago. El propietario no tiene por qué asumir la función social que le corresponde a la Administración.
En cuanto a los incentivos fiscales, proponemos deducciones o reducciones en el IRPF por los ingresos del alquiler de vivienda habitual y ventajas fiscales temporales para quienes reincorporen al mercado un piso que habían retirado y lo destinen al alquiler de larga duración. También proponemos agilizar los trámites y reducir la carga burocrática.
El objetivo es que el propietario vuelva a confiar en que alquilar es seguro y rentable. Cuando eso ocurra, habrá más oferta y los precios serán más asequibles de verdad, no por decreto.
¿Qué trámites o normas cambiaría primero Aliança Catalana para facilitar la construcción de vivienda? Como especialista en derecho administrativo, ¿qué plazo máximo considera razonable para conceder una licencia de obras?
En la Administración se acumulan informes y requisitos que alargan los plazos. La regla general es el silencio administrativo positivo, pero en la construcción de vivienda nueva, que requiere un proyecto técnico, el silencio es negativo. En la práctica, las licencias tardan entre nueve y doce meses. Es inaceptable y desincentiva a los promotores, porque la espera puede hacer que el proyecto deje de salirles a cuenta.
Reduciríamos el número de informes preceptivos a los estrictamente necesarios por motivos de seguridad y protección ambiental. También dotaríamos a la Administración de más medios y agilizaríamos la tramitación para que una licencia se conceda en un máximo de tres meses.
"El propietario no tiene por qué asumir la función social que le corresponde a la Administración"
¿Mantendríais, modificaríais o eliminaríais la reserva del 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones de Barcelona?
La eliminaríamos. La reserva del 30%, aprobada en 2018 durante el mandato de Ada Colau, es una barbaridad. Ha encarecido las promociones y ha desincentivado a los promotores. Eso ha reducido la oferta total de vivienda y lo acaba pagando el comprador o el promotor privado. Colau la propuso, pero el PSC, ERC, Junts y la CUP también la votaron a favor. Todos son responsables.
Habría que ofrecer incentivos fiscales y urbanísticos para que los promotores construyan y agilizar la liberalización del suelo.
¿Qué papel debe tener la Administración en la promoción de vivienda? ¿Cuántas viviendas asequibles os marcaríais como objetivo en una legislatura y cómo las financiaríais?
El presidente Montilla, del PSC, prometió en 2006 construir 50.000 viviendas. El actual presidente, Salvador Illa, también del PSC, volvió a prometer la misma cifra en 2024. Han pasado veinte años y estamos igual. La Generalitat del PSC prometió 50.000 viviendas: han pasado 20 años y estamos igual.
La Administración tiene que facilitar que el sector privado construya y rehabilite. Para ello hacen falta suelo disponible, licencias rápidas, seguridad jurídica y una fiscalidad moderada. La promoción pública directa debe ser complementaria y dirigirse sobre todo a colectivos concretos, como los jóvenes catalanes y las familias numerosas, con un requisito mínimo de varios años de empadronamiento.
En Aliança Catalana no tenemos una cifra prefijada e inflada de viviendas públicas porque ya hemos visto que eso es populismo barato. No vamos a prometer algo que no podamos cumplir. La prioridad sería movilizar el suelo público existente y fomentar la colaboración público-privada con reglas claras. También evitaríamos los gastos superfluos que hacen los demás. Si elimináramos las trabas que tiene hoy el sector privado para construir, ya avanzaríamos mucho.
Proponéis eliminar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la compra de la primera vivienda. ¿Quién podría beneficiarse? ¿Qué coste tendría la medida?
Se beneficiarían principalmente los catalanes que compran su primera vivienda habitual, en especial los jóvenes y las familias que dan el paso de comprar. La medida busca facilitar el acceso a la propiedad a quienes viven y trabajan aquí y excluiría a inversores y compradores de segundas residencias.
"Montilla e Illa prometieron 50.000 viviendas. Han pasado veinte años y estamos igual"
El coste depende del volumen de operaciones y del tipo actual del ITP en Cataluña, que ronda el 10%. Podría ascender a varios cientos de millones de euros al año, pero se compensaría en parte. Más transacciones supondrían más actividad económica, más ingresos por IVA, más empleo en el sector y menos necesidad de otras ayudas. También se podría fijar un precio máximo para las viviendas que se acojan a la medida y concentrar así el beneficio en quienes más lo necesitan. Lo consideramos una inversión en el acceso a la propiedad.
Sobre todo, dejaríamos de despilfarrar dinero en ayudas a quienes no las merecen y en chiringuitos que pretenden desarrollar proyectos en Guatemala, Marruecos o Palestina. Primero, los de casa. “No despilfarraremos dinero en ayudas a quienes no las merecen. Primero, los de casa”
¿Qué proponéis para los jóvenes que pueden pagar una cuota hipotecaria, pero no tienen ahorros suficientes para la entrada? ¿Priorizaríais las ayudas a la compra, el alquiler asequible u otras fórmulas de acceso a la propiedad?
Priorizamos el acceso a la propiedad. Para los jóvenes que pueden pagar la cuota, pero no han podido ahorrar para la entrada, proponemos avales públicos o líneas de garantía que cubran parte de la entrada, junto con la eliminación del ITP en la compra de la primera vivienda. También proponemos incentivos fiscales y trámites más ágiles para aumentar la oferta de vivienda asequible en venta.
El alquiler asequible puede ser una solución temporal. Nuestra prioridad es que los jóvenes catalanes puedan convertirse en propietarios con seguridad y evitar que queden atrapados en un mercado del alquiler intervenido e inestable. La propiedad da estabilidad y arraigo.
¿Qué medidas proponéis contra la ocupación ilegal?
Proponemos desalojos exprés en un plazo máximo de 48 horas en casos de ocupación flagrante y agilizar los procedimientos judiciales y administrativos para recuperar las viviendas. Cataluña tiene competencias para organizar los medios materiales de la Administración de Justicia. Si se destinan más recursos, los procedimientos serían más rápidos. Ese dinero estaría mejor empleado ahí que en ayudas y chiringuitos para gente que abusa.
La ocupación genera inseguridad jurídica, retira vivienda del mercado y perjudica especialmente a los pequeños propietarios. Hay que acabar con la sensación de impunidad.
Una de las posturas más polémicas de Aliança Catalana es su defensa de restringir la inmigración que, a vuestro juicio, no beneficia a Cataluña. ¿Qué entendéis por «beneficiar a Cataluña» y hasta qué punto creéis que la inmigración incide en las dificultades para acceder a la vivienda?
Para nosotros, significa que la inmigración sea legal, selectiva y ordenada, con contrato en origen, y que aporte más de lo que demanda. Quienes lleguen deben integrarse lingüística y culturalmente, sin suponer una carga neta para los servicios públicos, la vivienda, la sanidad o la educación, ni generar problemas de seguridad o cohesión. Queremos que Cataluña controle quién entra y que, una vez terminado el contrato, esas personas regresen a su país de origen. Así se hace en países como Canadá o Australia y nadie se escandaliza.
La inmigración incide de forma clara en la vivienda. En Cataluña hemos pasado de seis a ocho millones de habitantes, sin que los servicios ni el número de viviendas hayan crecido al mismo ritmo. Ese aumento rápido y descontrolado de la población eleva la demanda de forma sostenida, mientras que la oferta no puede seguir el ritmo por las regulaciones, la lentitud administrativa y la falta de suelo. Eso presiona los precios al alza y dificulta el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes catalanes. Reducir la presión demográfica externa, junto con las medidas para aumentar la oferta y reforzar la seguridad jurídica, es parte de la solución.
**Las opiniones expresadas en esta entrevista son responsabilidad exclusiva de la entrevistada. idealista/news no se responsabiliza de sus declaraciones y su publicación no implica que el medio comparta sus opiniones.**
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