Llevaban casi nueve años separados, pero el marido seguía aportando dinero a su esposa y asumiendo buena parte de los gastos familiares. Cuando finalmente llegó el divorcio, ella solicitó una pensión compensatoria de carácter vitalicio.
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La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1628/2026, de 19 de octubre, ha confirmado que no tenía por qué ser indefinida, avalando una prestación de 500 euros al mes durante tres años porque las circunstancias permitían prever que podría recuperar su autonomía económica.
La resolución también aclara una cuestión importante en materia de divorcios: aplicar la perspectiva de género obliga a tener en cuenta cómo ha afectado la dedicación a la familia a la carrera profesional de uno de los cónyuges, pero eso no significa que la pensión deba reconocerse de por vida.
¿Cuándo puede establecerse una pensión compensatoria temporal?
El artículo 97 del Código Civil permite establecer una pensión compensatoria de forma temporal cuando las circunstancias del caso permiten prever que el cónyuge perjudicado podrá superar el desequilibrio económico en un plazo determinado.
Por lo tanto, esta prestación no pretende equiparar los patrimonios de quienes se divorcian ni garantizar al beneficiario el mismo nivel de ingresos de por vida, sino paliar el impacto de la ruptura matrimonial y ayudar al cónyuge afectado a recuperar su autonomía financiera.
El Supremo recuerda que los jueces deben hacer una valoración realista de las posibilidades de que el beneficiario consiga suficientes ingresos propios. Para ello, no basta comprobar su edad o capacidad física para trabajar, ya que también se deben examinar su formación, experiencia profesional, situación personal y oportunidades reales de encontrar empleo.
Además, el Supremo exige un juicio prospectivo de naturaleza probabilística, suficientemente motivado y cualificado. La temporalidad no puede sustentarse en una mera expectativa de encontrar trabajo, sino en una valoración prudente de sus posibilidades reales de superar el desequilibrio y del plazo necesario para conseguirlo.
La perspectiva de género no implica que la pensión compensatoria sea vitalicia
Es sabido que quien asume durante años la mayor parte de las responsabilidades familiares puede haber renunciado a ciertas oportunidades laborales, formación o cotizaciones que habrían mejorado su independencia económica.
Por eso, el alto tribunal recuerda que los jueces deben incorporar la perspectiva de género al aplicar el artículo 97 del Código Civil, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lo que supone analizar cómo se repartieron las tareas y las consecuencias de esa distribución sobre la trayectoria profesional del cónyuge que solicita la pensión.
Sin embargo, esto no implica que la pensión compensatoria deba ser vitalicia. Los tribunales deben comprobar si existen oportunidades profesionales efectivas para el cónyuge y si los ingresos que podría obtener le permitirían superar el desequilibrio económico.
Una pensión compensatoria tras nueve años de separación
La pareja se casó en agosto de 1997 y tuvo dos hijos. La convivencia terminó en 2015, tras casi dos décadas de vida en común. Sin embargo, no formalizaron el divorcio hasta febrero de 2024.
Durante la separación, la mujer y los hijos continuaron viviendo de alquiler por 220 euros mensuales, más 40 de comunidad. El marido siguió entregando unos 500 euros al mes a su esposa y 200 para cada hijo.
El marido era socio, trabajador y administrador único de una empresa de excavaciones y desbroces de carácter ganancial. La Audiencia Provincial de Pontevedra estimó sus ingresos netos en unos 2.000 euros mensuales, por encima de los declarados oficialmente. Además, percibía rentas por el arrendamiento de una finca rústica privativa.
La esposa, por su parte, era licenciada en Geografía e Historia y daba clases particulares. Reconoció que obtenía alrededor de 350 euros mensuales, aunque se consideró acreditado que había llegado a tener entre seis y siete alumnos, lo que supondría unos ingresos netos estimados entre 540 y 630 euros al mes.
Su trayectoria de cotización, en cambio, era muy reducida: solo tenía acreditados 282 días hasta abril de 2024 y no constaba que hubiera cotizado por su actividad como profesora particular. Aunque llevaban años sin convivir, las aportaciones del marido habían permitido que se mantuviera la dependencia económica durante la separación.
Cuando el marido presentó la demanda de divorcio, en febrero de 2024, la esposa solicitó una pensión compensatoria de 800 euros mensuales mediante reconvención. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Caldas de Reis le reconoció 600 sin límite de duración.
Sin embargo, la Audiencia Provincial redujo esa cuantía a 500 euros y fijó una duración de tres años, a contar desde el 1 de agosto de 2025, por lo que la mujer recurrió al Supremo.
¿Por qué el Supremo confirmó una pensión de 500 euros durante tres años?
La esposa tenía 48 años cuando terminó la convivencia y rondaba los 59 cuando el alto tribunal resolvió el recurso. La Sala de lo Civil también tuvo en cuenta que habían transcurrido casi once años desde la ruptura y que los hijos ya eran mayores de edad.
El mayor había completado sus estudios y la hija se encontraba en formación universitaria cuando se dictó la sentencia de primera instancia. Asimismo, valoró que, durante los años anteriores a la demanda de divorcio, la esposa había dispuesto de tiempo para reorganizar su futuro profesional.
La empresa también tuvo un peso en la decisión. Al ser ganancial, la esposa tendría derecho a la participación que le correspondiera en su patrimonio y rendimientos tras la liquidación del régimen económico matrimonial, circunstancia que podía mejorar su situación.
Los pagos durante la separación no acreditan un posible acuerdo
La mujer defendió que las aportaciones mensuales del marido respondían a un acuerdo verbal para mantener una pensión compensatoria de 600 euros al mes y de forma indefinida.
Sin embargo, el Supremo no llegó a pronunciarse sobre la existencia o validez de ese supuesto acuerdo, ya que la mujer no planteó esta cuestión en primera instancia ni durante la apelación, sino que la introdujo por primera vez en el recurso de casación.
Además, señala que la propia esposa había solicitado una pensión de 800 euros en su reconvención, cuantía distinta de los 600 que después atribuyó al supuesto acuerdo.
La Sala recuerda que este recurso no permite incorporar cuestiones no debatidas con anterioridad, pues hacerlo privaría a la otra parte de la posibilidad de defenderse en las instancias correspondientes.
Por tanto, los pagos durante la separación sirvieron para acreditar que la dependencia se había mantenido, pero no para demostrar que existía un pacto verbal sobre una pensión compensatoria vitalicia.
El Supremo considera que las circunstancias personales, profesionales y patrimoniales del caso permitían prever que podría superar el desequilibrio económico durante ese plazo.
Por ello, desestimó el recurso de casación, impuso las costas a la mujer y acordó la pérdida del depósito constituido para recurrir. La esposa percibirá así 500 euros mensuales durante tres años, computados desde el 1 de agosto de 2025, en lugar de la pensión indefinida que había solicitado.
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