La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada de inaugurar la quinta edición de The District, la feria internacional inmobiliaria que, por primera vez, se ha celebrado en la capital del país tras varios años en Barcelona. Durante su intervención, Ayuso ha mandado un mensaje claro a todos los presentes: “Para nosotros, la propiedad privada es sagrada y la defenderemos a ultranza, porque solo mediante la compensación un propietario puede confiar y ceder su vivienda”.

Marbella, una de las ciudades exclusivas para vivir de toda España, tendrá un nuevo barrio residencial. El Ayuntamiento de la ciudad va a dar luz verde a las tareas de urbanización del sector URP-MB-2, un enclave situado al norte del casco urbano y en el que se levantarán unas 156 viviendas unifamiliares. Este proyecto, que se sitúa muy cerca del conocido centro comercial La Cañada y suma unos 105.000 m2 de superficie, lleva en trámites más de seis años porque se ubica próximo a un inmueble público llamado Trapiche del Prado, un antiguo complejo preindustrial azucarero que cuenta con la protección de Bien de Catalogación General desde 2007.

La cara más conocida de la saga cinematográfica ‘American Pie’, el actor Seann William Scott, ha decidido poner a la venta su increíble finca en Malibú por un precio cuatro veces superior a lo que pagó hace más de 20 años. El estadounidense, que adquirió la propiedad en 2004 por 3,95 millones de dólares, ha anunciado la propiedad por 17,5 millones de dólares (unos 15,2 millones de euros al cambio actual), lo que, de concretarse la operación, supondría una importante revalorización tras más de dos décadas.

La Junta de Andalucía ha desbloqueado el proyecto de 700 viviendas en los antiguos terrenos de la fábrica de Cross, en San Jerónimo (Sevilla). El plan llevaba paralizado desde principios de año porque la Consejería de Salud consideraba que las emisiones de los hornos crematorios del cementerio de San Fernando, situado muy cerca del futuro residencial, podían afectar a la salud de los vecinos. Un nuevo informe de dispersión de contaminantes ha descartado ese riesgo, por lo que el Ayuntamiento ha dado el visto bueno a un plan que reserva el 40% de las viviendas a protección oficial.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), ha anunciado durante el debate sobre el estado de la ciudad la puesta en marcha de varias medidas en vivienda. La más destacada es la iniciativa 'Programa de Defensa del Vecino', que incluye ayudas económicas a las comunidades de propietarios para que creen o modifiquen sus estatutos e impidan que se abran pisos turísticos en su edificio, así como orientación y asistencia jurídica para quienes inicien acciones penales. También ha adelantado que impulsará la construcción de más viviendas, una bajada del IBI del 20% y más deducciones fiscales para las familias.

La edad media del comprador de vivienda en España ha subido dos años en la última década, hasta situarse en 46 años durante 2025, según los datos del Portal Estadístico del Notariado, que afirman que los menores de 40 años solo representan el 36% del total de compraventas. Barcelona es la provincia del país con más peso de propietarios jóvenes (46,64%), mientras que en el extremo opuesto encontramos a Ávila, con apenas el 23%. Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, achaca esta situación a dos factores clave: los elevados precios y la escasa oferta.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido una batería de deducciones fiscales para los jóvenes, entre las que destaca la bonificación del IRPF durante sus primeros cuatro años de trabajo, una rebaja del 10% al 4% en el ITP y en el IVA, y la exoneración del pago de impuestos a las donaciones de padres a hijos para comprar una vivienda. Con esto, si un joven empieza a trabajar a los 25 años y compra una vivienda de 250.000 euros, tendrá entre 21.000 y 26.000 euros de ahorro fiscal y necesitará 50.000 euros menos para firmar la hipoteca, según el líder de la oposición.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá en noviembre con Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Cohesión y Reformas, para trasladarle su intención de limitar la compra de viviendas a compradores extranjeros. Para ello, el Ejecutivo del archipiélago trabaja en paralelo en dos frentes: el estatal, a través de una modificación legislativa que afectaría a los compradores no comunitarios, y el europeo, que también aplicaría estas restricciones a los ciudadanos de la Unión que no destinen estos inmuebles a residencia habitual.

La Junta de Andalucía recurrirá la partida de 90 millones de euros que el Gobierno central destinará exclusivamente a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, exige que el reparto atienda a criterios objetivos de necesidad habitacional y no al modelo regulatorio elegido por cada autonomía. Andalucía, que no ha topado los alquileres, quedaría excluida de estos fondos, al igual que la mayoría de comunidades gobernadas por el Partido Popular.