El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha convertido la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros en uno de los principales objetivos.
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Para ello, su Ejecutivo trabaja en paralelo en dos frentes: el estatal, a través de una modificación legislativa que afectaría a los compradores no comunitarios, y el europeo, imprescindible para extender las restricciones también a los ciudadanos de la Unión que no destinen estos inmuebles a residencia habitual.
Según el presidente canario, también es necesario actuar sobre una parte de la demanda vinculada a compradores con mayor capacidad económica que adquieren inmuebles, lo que, a juicio del Ejecutivo autonómico, contribuye a encarecer el mercado y a reducir la disponibilidad de vivienda para quienes residen en las islas.
El mecanismo que plantea el Gobierno autonómico permitiría penalizar fiscalmente a los compradores extracomunitarios que adquieran una vivienda en el archipiélago y no la destinen ni a residencia habitual ni al arrendamiento de larga duración.
En este sentido, plantean la posibilidad de establecer restricciones sobre el uso de determinados inmuebles y la capacidad de incrementar el IBI de las viviendas que permanezcan vacías.
La nueva normativa europea, a favor
Clavijo se basa en la nueva normativa europea que, si acaba aprobándose en el Parlamento, dotaría a los ayuntamientos e instituciones regionales de las herramientas jurídicas necesarias para poner coto a la compra de segundas residencias en aquellos municipios que sean declarados de ‘alta presión residencial’.
Con ello, el Gobierno de Canarias pretende extender las restricciones a los ciudadanos comunitarios, ya que, según el Ejecutivo, cuentan con un poder adquisitivo mayor que los residentes.
Para ello, el Ejecutivo trabaja en informes jurídicos que acrediten la excepcionalidad de la situación habitacional en las islas y que sirvan de base para justificar las restricciones ante las instituciones europeas.
Para trasladar estas propuestas a Bruselas, el presidente canario tiene previsto reunirse en noviembre con Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Cohesión y Reformas.
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