El pasado 22 de marzo entró en vigor en forma de Real Decreto-ley tanto la prórroga extraordinaria del alquiler para aquellos contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027 como el tope del 2% en la actualización de los alquileres. Sin embargo, el riesgo de que esta norma sea tumbada en el Congreso de los Diputados es elevado, ya que el Gobierno no tiene atada la mayoría absoluta para sacarla adelante. Mientras tanto, el caos está sembrado entre propietarios e inquilinos que no saben cómo deben actuar correctamente y conforme a la ley. Entrevistamos al abogado Alejandro Fuentes-Lojo para esclarecer la situación.

El pasado lunes 30 de marzo el Ministerio de Consumo envió una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para obligarles a prorrogar los contratos de sus inquilinos que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, tal y como reza el comunicado de prensa publicado. Sin embargo, abogados consultados por idealista/news aseguran que no en todos los casos los arrendadores están obligados a ello, sólo aquellos cuyos contratos vencen durante la vigencia del Real Decreto-ley que contempla esta medida, ya que el Congreso de los Diputados debe convalidarlo aún (tiene de fecha límite el 21 o 22 de abril) y el Gobierno actualmente no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante esta prórroga extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2027.

El valor global de las transacciones inmobiliarias alcanzó los 873.000 millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento interanual de alrededor del 12 %, aunque el número de transacciones se mantuvo prácticamente estable, según datos de McKinsey & Company.

El pasado mes de diciembre entró en vigor una ley que regula la información que los anunciantes muestran en los anuncios subidos en portales inmobiliarios o en RRSS, o en la publicidad inmobiliaria. Se trata de la Ley 10/2025, de servicios de atención a la clientela y afecta a promotores y agencias inmobiliarias o intermediarios. Con esta nueva regulación, el anuncio ya no puede limitarse a mostrar una cifra. El abogado especializado en Derecho Inmobiliario Jesús Prieto señala que la principal novedad radica en que el precio debe respetar y mencionar expresamente cualquier normativa limitativa de precios aplicable, como la que rige en zonas tensionadas. Además, se exige la inclusión de los potenciales gastos de gestión, como los honorarios de intermediación.

En los últimos días los medios de comunicación están publicando información contradictoria en relación con el Real Decreto ley (RDL) que establece una prórroga extraordinaria de dos años para contratos que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027. Y desde el Ministerio de Consumo han enviado una nota de prensa asegurando que los propietarios están obligados a aceptar esta prórroga de los alquileres. Sin embargo, tanto jueces, catedráticos, como abogados consultados por idealista/news aseguran que no en todos los casos los arrendadores están obligados a ello, sólo aquellos cuyos contratos venzan durante la vigencia del RDL, ya que el Congreso de los Diputados debe convalidarlo y el Gobierno actualmente no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Si decae esta medida, todos los contratos que venzan después del “no” del Congreso no podrán ser prorrogados.

La entrada en vigor el pasado 22 de marzo del Real Decreto-ley 8/2026 que prorroga dos años los contratos de alquiler de vivienda habitual que soliciten los inquilinos para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027, abre un nuevo frente de incertidumbre en el mercado del alquiler español que podría acabar colapsando los juzgados, tal y como advierten expertos consultados por idealista/news. La medida extraordinaria está ya en vigor, pero su continuidad depende de una votación parlamentaria que aún no se ha celebrado y cuya fecha límite es el 21 o 22 de abril.

El Tribunal Supremo ha dado un espaldarazo a la normativa del Ayuntamiento de Barcelona que obliga a reservar el 30% de promociones de obra nueva o de grandes rehabilitaciones para vivienda protegida. El alto tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la empresa Josel SLU, perteneciente al grupo Núñez i Navarro, contra esta norma que fue impulsada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en 2018. En concreto, la sentencia señala que se puede obligar a los promotores que reserven un 30% de pisos sociales en la ciudad ya construida y también sostiene que no hay derecho a indemnizarles.

El viento sopla favorable para el mercado de la vivienda de lujo. La demanda por este tipo de producto más exclusivo no para de crecer, tanto por los compradores nacionales como por extranjeros que buscan un hogar para vivir en nuestro país. En Madrid, el lujo ya es una tendencia, desde nuevos hoteles boutique y edificios completamente renovados, a grandes casas en las urbanizaciones más cotizadas de la capital. En un evento organizado por la agencia inmobiliaria de lujo Olisson y por CaixaBank, promotoras y diseñadores coincidieron en señalar que proyectan viviendas con identidad propia y empiezan a dejar atrás el diseño neutro o minimalista.

El Pleno del Tribunal Constitucional debatirá el martes 24 de febrero sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2023 por la Comunidad de Madrid contra la Ley de Vivienda. Este recurso se centra en varios preceptos de dicha normativa que el Gobierno de Ayuso considera que invaden competencias autonómicas. Se trata del cuarto recurso contra esta norma. Los otros tres recursos han sido ya resueltos por el Constitucional que ha avalado varios conceptos cuestionados, como la construcción de vivienda pública como un uso compatible del suelo dotacional y obtener suelo para destinarlo a vivienda social; o que las CCAA suministren al Estado información sobre los programas de acceso a la vivienda.

Quedan pocos días para cumplir con la nueva obligación vinculada al Registro Único de Arrendamientos (RUA) de viviendas en alquileres de corta duración. El próximo 2 de marzo finaliza el plazo para presentar el nuevo modelo informativo anual obligatorio correspondiente a los arrendamientos vacacionales, de temporada o de habitaciones. Francisco Campoy, socio del despacho Emede, subraya que la obligación subsiste incluso cuando el inmueble no haya sido arrendado en modalidad de corta duración durante el ejercicio 2025. Las consecuencias de no presentarlo son la imposibilidad de comercializar el inmueble.