VPO

Quienes hayan sido condenados por delitos vinculados con la okupación, como el allanamiento de morada o la usurpación, no podrán acceder a una vivienda protegida en los cinco años siguientes a la sentencia de condena en la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de esta región, durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum.

Jorge Ginés, director general de Asprima, hace un repaso de las normativas en materia de vivienda y de urbanismo que están en juego este 2026. Recuerda que la Comisión Europea presentó el pasado mes de diciembre el Plan Europa de Vivienda Asequible y estima que hasta 2027 dicha norma no estará en vigor. También está sobre la mesa el Plan Nacional de Vivienda, un real decreto que necesita la convalidación del Consejo de ministros y que contempla incentivar la oferta de VPO. Otro texto de vital importancia es la modificación del Código Técnico de la Edificación. Y, por último, dentro de las competencias del Estado, está el problema enquistado de la potencia eléctrica.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado un plan municipal de vivienda con 17.000 nuevos inmuebles, de las cuales 10.000 serán VPO. El edil ha declarado que estas nuevas viviendas se desarrollarán durante el próximo mandato, es decir, entre 2027 y 2031. Dentro de las 10.000 viviendas de protección oficial se encuentran los 1.500 ‘minipisos’ que tanto revuelo han generado, ya que en un principio estaba previsto levantar apartamentos de entre 35 y 45 m2, aunque, finalmente se han incrementado las medidas hasta los 45 y 60 m2. De la Torre también ha asegurado que antes del final de esta legislatura se superarán las 5.000 unidades construidas.

La vivienda de protección oficial en España lleva más de una década sumida en una profunda crisis de producción. Si entre principios de los años 90 y 2012 se construyeron de media cerca de 60.000 VPO anuales en todo el país, desde entonces el promedio no llega ni a 10.000 unidades. En los últimos meses, la construcción está remontando el vuelo, impulsada por la actualización del precio de los módulos tras estar congelados durante años, aunque los expertos no hablan aún de una recuperación plena. Muchos desarrollos siguen sin ser rentables para los promotores y falta mano de obra en el sector, mientras la fiscalidad es muy elevada y los trámites burocráticos, excesivos.

La vivienda protegida bate otro récord de precios. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), el valor tasado de la VPO en España alcanzó 1.195,7 euros/m2 en el tercer trimestre del año, la cifra más alta de la serie histórica que empezó en 2005.

Jorge Ginés, director general de ASPRIMA, ve con buenos ojos el nuevo Plan Estatal de Vivienda porque invita a los promotores privados a participar e invertirá el 40% en promover vivienda protegida. Además, señala que no es obligatorio declarar zona tensionada para acceder a las ayudas. Y, ¿qué tiene que ver el Plan Estatal de Vivienda con el gato de Schrödinger? Es un famoso experimento mental ideado por el físico Erwin Schrödinger para ilustrar la paradoja de la superposición cuántica. Este experimento basado en un gato dentro de una caja sellada con un mecanismo que puede matarlo demuestra cómo, según la mecánica cuántica, el gato puede estar simultáneamente vivo y muerto. Para Ginés, el gato y el Plan Estatal de Vivienda están más vivos que nunca.

La vivienda protegida está creciendo con fuerza en lo que va de año. Según los datos del Ministerio de Vivienda, el número de calificaciones definitivas de VPO acumulado entre enero y junio se situó en 5.843 unidades, lo que arroja una subida del 22,7% interanual y se traduce en el mejor resultado de un primer semestre desde 2014. Más del 70% de estos inmuebles ha sido promovido por el sector privado, mientras que la Comunidad de Madrid copa un tercio del volumen nacional. El alquiler ya es el régimen de tenencia protagonista en estas nuevas viviendas protegidas, seguido de la venta.

Lagoom Living ha iniciado los trabajos de demolición de siete edificios en el barrio de Lagunillas, en pleno centro de Málaga, donde levantará un conjunto residencial de 109 viviendas de alquiler asequible. El nuevo conjunto residencial, que se prevé que finalice en en diciembre de 2027, ocupará solares y edificios actualmente abandonados o en desuso en el entorno de la icónica Plaza de la Merced.

Con motivo de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, el Gobierno regional levantará 40.937 viviendas protegidas en los próximos años, cifra que se ha duplicado con respecto a lo anunciado en una primera instancia, cuando se cifró en 20.000 unidades. El municipio que más favorecido se verá de esta nueva iniciativa será Málaga, donde se levantarán 8.511 unidades, seguida por dos municipios sevillanos: la capital y Dos Hermanas, que obtendrán 7.469 y 6.805 VPO, respectivamente.

El precio de la vivienda protegida en España vuelve a marcar máximos históricos. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), el valor tasado de la VPO se situó en el segundo trimestre del año en 1.188 euros/m2, la cifra más alta de la serie histórica que arrancó en 2005, tras aumentar un 1,6% interanual. Hasta 10 provincias superan el promedio nacional, lideradas por Madrid (1.459,6 euros/m2) y Barcelona (1.246,6 euros/m2), mientras que solo Lugo, Cáceres y Badajoz están por debajo de 1.000 euros/m2. Mientras, la vivienda libre se disparó un 10% en primavera y se acerca al récord de 2.100 euros/m2 de 2008.

Pedro Sánchez anunció el pasado lunes en el Congreso de los Diputados tres propuestas encaminadas a facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda que incluirá el Plan Estatal 2026-2030: una ayuda de hasta 30.000 euros para alquilar viviendas protegidas con opción a compra, la llegada del seguro de impago de rentas y una ayuda para adquirir viviendas en pequeños municipios. Pero, de momento, la primera medida nace muerta: entre 2018 y 2025 solo se han producido 632 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra en toda España, mientras que en los últimos 15 meses apenas se han iniciado 65 unidades. Los expertos afirman que las propuestas tendrán más impacto que efecto real y que la clave para aliviar la tensión del mercado es impulsar la oferta.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado la nueva Ley de Vivienda que aprobará el Consejo de Gobierno y, posteriormente, pasará al Parlamento andaluz, con el objetivo de que quede definitivamente aprobada antes de las elecciones, previstas para junio de 2026. Entre los objetivos de esta nueva legislación destacan: ampliar la oferta de viviendas protegidas, tanto en venta como en alquiler, y superar los obstáculos burocráticos y normativos que han lastrado el acceso a la vivienda en la región.

La decisión anunciada hace un par de meses por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre de levantar viviendas asequibles en suelos dotacionales de entre 35 y 45 m2 generó cierto revuelo en la ciudad costera, debido a su escasa superficie. Sin embargo, esta idea ha sido, en parte, corregida, ya que finalmente estos inmuebles de protección oficial contarán entre 45 y 60 m2 útiles, dependiendo de si disponen de uno o dos dormitorios. Además, el edil malagueño ha anunciado ayudas de hasta 18.000 euros por vivienda construida para incentivar a las compañías privadas.

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la admisión a trámite del proyecto de urbanización de Buenavista, un desarrollo promovido por Sepes, en el que prevén levantar 1.362 viviendas protegidas y que cuenta con un presupuesto de 33,6 millones de euros. En total, abarca casi 30 hectáreas distribuidas en 14 parcelas en el distrito de Campanillas, que además del uso residencial contarán con zonas verdes y espacios comerciales, deportivos y educativos. Se estima un plazo de ejecución de 20 meses una vez que consiga el visto bueno municipal definitivo.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (EMIVESA) ha aprobado el cambio de uso de siete parcelas -destinadas en una primera instancia a oficinas, comercios y vivienda libre- para levantar más de 150 inmuebles protegidos. Dichos terrenos forman parte de una consulta pública emitida por la Gerencia de Urbanismo y de Medio Ambiente (GUMA) de la capital andaluza, que pretendía recabar parcelas privadas en desuso destinadas a otra actividad para ampliar la oferta residencial protegida, y son propiedad de las promotoras Amenabar, Metrovacesa, Urbanarte y una cuarta impulsada por la propia GUMA.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha activado la venta de cinco parcelas municipales, que suman casi 11.500 m2, destinadas a la construcción de más de 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO). Según la concejala de Regeneración Urbana de la ciudad malagueña, Marina Vázquez, en los últimos 30 años sólo se han promovido 100 VPO, por lo que esta iniciativa supone un “paso importante” para facilitar el acceso a una vivienda protegida a muchas familias de esta localidad malagueña. El coste total de estos terrenos suma casi 9 millones de euros.

La tendencia al alza de los precios de la vivienda se está extendiendo también en el mercado protegido. Según datos del Ministerio de Vivienda, el valor tasado de la VPO ha batido récord en el primer trimestre al situarse por primera vez por encima de 1.170 euros/m2, frente a los 2.033 euros/m2 de los inmuebles libres, máximos desde 2008. Pero hay provincias donde la VPO es la opción más cara para los compradores, como Córdoba, Lleida, Jaén, Cuenca, Ávila, León, Ourense o Teruel. En cambio, en Baleares y Madrid la vivienda libre 'saca' más de 2.000 euros/m2 a la protegida.

La Junta ha entregado el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía al Consejo Económico y Social (CES), institución que analizará dicho documento antes de su tramitación parlamentaria. Sin embargo, en él se pueden apreciar dos cambios con respecto al borrador inicial. Se ha eliminado la posibilidad de vender una vivienda protegida (VPO) una vez hayan trascurridos 10 años desde su adjudicación, y el término ‘inquiocupación’ finalmente ha sido sustituido por “seguridad jurídica”.

Can Baró fue, durante décadas, uno de esos barrios olvidados en la ladera del Carmel, en Barcelona. Lo que hoy son calles tranquilas y bloques con vistas privilegiadas, fue hasta los años 70 un asentamiento de barracas donde malvivían cientos de familias llegadas de otras partes de España. Entonces, las condiciones eran tan precarias que muchas viviendas carecían de agua corriente, electricidad o acceso asfaltado. Fue en ese contexto de urgencia social que el Ayuntamiento construyó los conocidos como "pisos verdes", un conjunto de viviendas públicas levantadas para realojar a las familias barraquistas. Medio siglo después, esos mismos edificios siguen en pie… y arrastrando muchos de los problemas de entonces.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, continúa con la ronda de encuentros bilaterales con las autonomías tras presentar la semana pasada del Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030. Tras reunirse con el Gobierno vasco, Rodríguez ha acudido a Asturias para comprometer una inversión en materia de vivienda de 220 millones de euros en la región en los próximos años, casi un 400% más que hasta ahora. Además, ha adelantado que el Ejecutivo regional aprobará en las próximas semanas un cambio en su normativa para blindar el carácter permanente de la vivienda protegida.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que Cataluña se sumará a la propuesta de Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030, con la que el Gobierno pretende triplicar la inversión pública en vivienda y que se presentará durante la Conferencia de Presidentes. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que "para que España avance hacen falta viviendas dignas y asequibles", mientras que desde APCEspaña se han mostrado a favor de la iniciativa, pero sin olvidar el apoyo de la iniciativa privada.

Comprar una vivienda de protección oficial (VPO) puede parecer, a primera vista, una opción asequible. Sin embargo, hay un aspecto fiscal que a veces se pasa por alto: la base imponible para calcular el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) no siempre coincide con el precio pagado. En muchos casos, se aplica el valor de referencia del Catastro, que puede ser superior. La Dirección General de Tributos zanjó esta duda el 21 de marzo de 2025 en una consulta vinculante, confirmando que el comprador debe autoliquidar el impuesto teniendo en cuenta ese valor, incluso cuando el inmueble tiene un precio limitado por la propia Administración.

Ya están aprobados oficialmente los nuevos tipos de interés de los préstamos de las viviendas protegidas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado la resolución de la Dirección General de Vivienda y Suelo, tras obtener luz verde del Consejo de Ministros, para modificar los tipos de interés efectivos para los préstamos para VPO concedidos en el marco de los Planes de Vivienda entre 1996 y 2008, conforme a los datos del Banco de España. Tras la revisión, el tipo aplicado en el Programa del Plan de Vivienda 1996-1999 sube más de un punto, hasta el 2,92%, mientras que los de los Planes 2002-2005 y 2005 y 2008 bajan con fuerza, situándose en el 2,78% y 2,84%, respectivamente.

La gestora de inversión inmobiliaria y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado un acuerdo de financiación para el desarrollo de Distrito Universidad, un proyecto ubicado al oeste de Teatinos (Málaga) que contempla la construcción de 530 viviendas protegidas en régimen de alquiler, con rentas que rondarán los 600 euros mensuales. En concreto, Lagoom Living recibirá 59,3 millones de euros procedentes de los fondos europeos, tras recibir el visto bueno del Ministerio de Vivienda.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández, ha anunciado un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda con el que movilizarán 250 millones de euros para la construcción de 2.000 inmuebles en régimen de alquiler asequible. De esta cuantía total, la institución aportará 100 millones de euros directos en los próximos cuatro años, mientras que los 150 millones de euros restantes correrán a cargo del Gobierno central y la Junta andaluza. Los alquileres no podrán superar los 350 euros/mes y los inquilinos deben proceder de los registros públicos de demandantes de vivienda.