La descalificación de una vivienda de protección oficial (VPO) convierte una casa protegida en una libre, lo que permite venderla o alquilarla a precio de mercado. Te contamos cómo se logra y a partir de cuándo se puede llevar a cabo este trámite.
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¿Cómo descalificar una vivienda VPO?
No hay una regla universal, ya que para descalificar una VPO hay que tener en cuenta:
- El plan de vivienda al que pertenece.
- Si fue promovida con fondos públicos o privados.
- El suelo en el que se construyó.
- La comunidad autónoma en la que se ubica.
No obstante, estos son los pasos que deberás dar de forma general:
- Comprobar los requisitos: verificar el plazo de protección, el régimen del suelo y las condiciones exigidas por la comunidad autónoma.
- Reunir la documentación: obtener la calificación definitiva, la escritura de compraventa y la documentación que solicite la Administración.
- Presentar la solicitud: tramitar el procedimiento ante el organismo autonómico competente y abonar las tasas que correspondan.
- Obtener la resolución: una vez cumplidas las condiciones, la Administración resolverá la solicitud y se realizarán los trámites registrales necesarios para cancelar las limitaciones de protección.
Tipos de descalificación de una VPO
Existen tres tipos de descalificación de viviendas protegidas:
- Descalificación voluntaria: el propietario solicita convertir la vivienda en libre, si la normativa estatal o autonómica lo permite.
- Fin del periodo de protección: la vivienda pierde su condición protegida al cumplirse el plazo establecido, si lo prevé la normativa.
- Descalificación por sanción: la Administración retira la protección por incumplir los requisitos.
¿Cuándo se puede descalificar una VPO?
Para que sea posible descalificar una VPO, deben darse una serie de circunstancias:
- Plazo mínimo: debe haber transcurrido el periodo exigido desde la calificación definitiva, que puede variar según la promoción y la normativa autonómica. Por ejemplo, en Andalucía deben haber transcurrido 10 años de forma general.
- Residencia habitual: para la descalificación voluntaria, se deben cumplir los tiempos de ocupación exigidos por la normativa aplicable. En Andalucía, generalmente, el propietario debe haber vivido en la VPO 5 años antes de la solicitud, como en Madrid para las VPO de promoción pública. En algunas comunidades autónomas los plazos pueden ser distintos.
- Que el estatus del suelo permita la descalificación y que con ella no se perjudiquen derechos de terceros.
- Devolución de ayudas: es posible que haya que reintegrar las subvenciones y ayudas públicas recibidas, más intereses, aunque no en todos los casos habrá que hacerlo.
- Paso del tiempo: algunas VPO pasan a ser libres automáticamente, una vez se cumple su periodo de protección (generalmente 30 años en muchos planes antiguos), sin necesidad de hacer trámites.
¿Cuándo no se puede descalificar una VPO?
Desde el 26 de mayo de 2023, con la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda (Ley 12/2023), las viviendas protegidas promovidas sobre suelo público conservan su protección permanente y no se pueden descalificar.
Las anteriores a esa fecha podrán descalificarse en caso de que el plan al que se acojan lo permita y se cumplan los requisitos. Algunos planes de vivienda anteriores al que entró en vigor en 2023 ya prohibían y restringían la descalificación voluntaria de las VPO.
¿Cómo saber si una vivienda de protección oficial está descalificada?
Para saber si una VPO está descalificada:
- Solicita una nota simple.
- Revisa la calificación definitiva: la fecha y el plazo de protección aplicable a la vivienda.
- Acude al organismo autonómico de vivienda para confirmar si la protección sigue vigente o ha finalizado.
- Comprueba la resolución de descalificación: si se solicitó la liberación anticipada, verifica que existe una resolución administrativa y que se han realizado los trámites registrales correspondientes.
¿Cuánto cuesta descalificar una vivienda VPO?
Descalificar una vivienda VPO puede ser gratis (si se cumple el plazo de protección) o costar más de 24.000 euros, dependiendo de:
La comunidad autónoma.
Las ayudas recibidas.
Los gastos de tramitación.
Los principales costes son:
- Tasas administrativas: unos 50-60 euros.
- Devolución de ayudas: subvenciones, beneficios fiscales e intereses legales. Eso suele suponer el mayor gasto.
- Notaría y Registro de la Propiedad: cuyo importe varía según el inmueble.
- Gestoría: alrededor de 800 euros más IVA, si se contrata.
El coste final depende de las ayudas recibidas y de las condiciones de descalificación aplicables a cada vivienda.
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