Partido Popular

En su balance de fin de curso político, el presidente del Partido Popular presentó un plan de vivienda con el que se compromete a desbloquear todo el suelo posible para construir un millón de casas y a que los jóvenes paguen un 60% menos de impuestos cuando adquieran una vivienda, ya sea vía IVA o impuesto de transmisiones. Además promete movilizar hasta 300.000 millones de euros para la mejora y construcción de infraestructuras del país si es elegido presidente del Gobierno

Los consejeros de Vivienda del PP de Cantabria, Aragón, Comunidad de Madrid y Región de Murcia han pedido medidas "reales y en positivo" para dar soluciones al problema de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, y han criticado la ley nacional que han tildado de "intervencionista y pop

El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, ha tumbado este 14 de julio la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

El Pleno de la Cámara Baja ha rechazado la propuesta de Vox de dar prioridad a los ciudadanos españoles a la hora de acceder a las VPO, los alquileres sociales o las ayudas públicas a la vivienda. La iniciativa, que también contemplaba una reducción drástica de los impuestos a la compra de primera vivienda habitual por parte de jóvenes, familias y trabajadores españoles; y reforzar los mecanismos de control para evitar empadronamientos fraudulentos, pisos patera y usos irregulares de inmuebles, ha recibido el voto en contra de todos los partidos, incluido el PP.

El Pleno del Congreso, con los partidos del Gobierno de coalición divididos, ha admitido a trámite una proposición de ley del PP que tiene como objetivo permitir que las juntas de vecinos se puedan celebrar de forma telemática como ocurría en la pandemia, así como designar un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios. La admisión a trámite del texto no implica su aprobación definitiva, sino que el texto legislativo entra en el cauce parlamentario y ahora se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto.

El Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles cinco propuestas del Gobierno de PSOE y Sumar en materia de vivienda, como han sido la proposición no de ley del PSOE relativa a la VPO o la proposición no de ley de Sumar para derogar las socimis. Al mismo tiempo, El Pleno ha dado el visto bueno a otras tres del PP, como la propuesta para agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo o agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones.

El PP de Juanma Moreno gana las elecciones en Andalucía con 53 diputados conseguidos, pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta y con cinco diputados menos que en los anteriores comicios.

El principal partido de la oposición defenderá una propuesta en el Congreso de los Diputados con la que insta a agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo, de modo que si la Administración no responde a las solicitudes de construcción en el plazo establecido, ésta se considerará aceptada; y pide al Gobierno reorientar por completo su política de vivienda y centrarse en aumentar la oferta, garantizar la seguridad jurídica y reducir la burocracia "asfixiante". El PP ha plasmado esta propuesta en una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigieron la última sesión plenaria a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que se votará en el Pleno de la Cámara Baja de la próxima semana.

El Pleno del Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley de vivienda del PP on el apoyo de Junts, Vox y UPN, la abstención de PNV y Coalición Canaria y el voto en contra del resto del hemiciclo, incluidos los partidos del Gobierno. La normativa, que ya había sido aprobada por el Senado, incluye una reforma de la Ley del Suelo para dar más seguridad jurídica a los procedimientos urbanísticos, deroga las zonas tensionadas en vivienda y el índice de precios de referencia de los alquileres, y promueve una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que bancos y fondos de inversión puedan acudir a un juicio verbal y acelerar así la recuperación de la posesión de sus inmuebles en caso de okupación. Ahora se abre el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

Persianas bajadas, carteles de “se alquila” que se acumulan durante meses y ejes comerciales que pierden fuerza poco a poco. La transformación del comercio urbano en ciudades como Barcelona lleva tiempo en marcha, pero ahora un nuevo elemento se suma al debate: la posible intervención del precio de los alquileres de los locales comerciales. En las últimas semanas, la regulación del mercado del alquiler ha vuelto al centro del foco político. Varios grupos parlamentarios, entre ellos ERC, han planteado medidas para limitar los precios, congelar subidas o reforzar el control público sobre las rentas, en línea con lo que ya se ha aplicado en el mercado residencial. Hablamos con un panel de expertos para desgranar la situación que viven los locales comerciales en España y cómo podría impactar esta norma en esta actividad.

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha aseverado que el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía española señala al Gobierno por sus políticas "erradas" en vivienda, productividad de la economía y exceso de gasto público.En dicho informe, el organis

El Congreso de los Diputados ha aprobado la propuesta que ha presentado esta semana el PP en materia de vivienda, aunque no tiene carácter vinculante. Entre las medidas que la Cámara Baja reclama al Gobierno están bajar el IVA de la primera vivienda nueva del 10% al 4%, bonificar el IRPF a los jóvenes en sus primeros años de vida laboral para fomentar el ahorro, generar las condiciones de mercado necesarias para que se puedan desarrollar un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años con ayuda del sector privado, movilizar suelo público, reducir trabas administrativas y permitir que los ayuntamientos usen sus remanentes para invertir en vivienda asequible. El PSOE se ha absentido en algunos puntos y ha apoyado otros.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que vinculará la financiación autonómica al incremento del número de viviendas por parte de las CCAA y ayuntamientos, si lidera el próximo Gobierno de España. Así lo ha manifestado en un acto en el que ha presentado un Plan estratégico de vivienda que, entre otras medidas, pretende reducir de 10 a 4 años el tiempo de construcción de las promociones residenciales, rebajar el IVA y el ITP del 10% al 4% para los jóvenes en su primera vivienda y establecer más medidas ‘antiokupación’.

El Senado ha dado luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles una proposición de ley que modifica el Código Penal para evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una "finca ocupada ilegalmente".Eso sí, la proposición de ley se aprobará en el Senad

El Senado abordará este miércoles una Proposición de Ley impulsada por el Partido Popular para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

La Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo ha presentado un documento, elaborado por el eurodiputado del PP Borja Giménez, que plantea a los Veintisiete la puesta en marcha de medidas para paliar la crisis habitacional en la UE. Entre las recomendaciones se encuentra activar ayudas para que los jóvenes puedan comprar una vivienda, como bajar los impuestos, impulsar avales para obtener hipotecas al 100% del valor de los inmuebles o establecer unos tipos reducidos a los préstamos. También apuesta por crear un registro europeo de ocupación ilegal, reducir la burocracia en el ámbito urbanístico, invertir en industrialización o potenciar la reconversión de edificios públicos vacíos en vivienda social.

El Partido Popular culpa a la Ley de Vivienda aprobada en 2023 de haber eliminado del mercado de alquiler residencial más de 120.000 pisos por el incremento de la "inseguridad jurídica", por lo que pedirá la próxima semana al Congreso su derogación. En concreto, la formación defenderá en el Pleno de la Cámara Baja una moción consecuencia de una interpelación urgente que el partido de Alberto Núñez Feijóo dirigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la última sesión plenaria.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha anunciado que su partido presentará una proposición no de ley relativa a la adopción de medidas urgentes para desbloquear suelo y aumentar la producción de vivienda asequible. Entre las medidas, destaca la intención de agilizar los procesos administrativos, plantear incentivos urbanísticos, establecer mecanismos extraordinarios para el desbloqueo de suelo en municipios de alta demanda e identificar terrenos públicos infrautilizados.

El presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha presentado una batería de propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en la capital catalana, en un momento en el que la ciudad se enfrenta a una grave crisis de emancipación juvenil por el elevado precio del alquiler y la compra. Las medidas, recogidas en una iniciativa que se debatirá en el próximo pleno municipal, buscan revertir una situación que, según Sirera, está expulsando a los jóvenes de Barcelona.

Sumar se ha desmarcado del PSOE en la Mesa del Congreso y ha desbloqueado, junto con el PP, la tramitación parlamentaria de la ley que regula los alquileres de temporada y que había sido impulsada por los socios de izquierda del Gobierno de coalición. La norma consiste en reformar la LAU para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso, obliga al arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y fija un tope de nueve meses a los contratos. Los grupos parlamentarios deberán presentar sus enmiendas este 21 de mayo.

Gonzalo Bernardos es economista y profesor de economía de la Universidad de Barcelona, pero es más conocido por ser tertuliano habitual en diversos medios de comunicación.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP para exigir al Gobierno que ponga en marcha varias medidas en materia de vivienda. En concreto, han salido adelante cinco de los seis puntos que se han debatido, entre los que se encuentran poner suelo de titularidad pública en el mercado para construir vivienda a precios asequibles, habilitar desalojos de personas que han ocupado una casa ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas y medidas de carácter fiscal que faciliten el ahorro y las posibilidades de emancipación de los jóvenes. PSOE y Sumar han votado en contra de las propuestas.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP en la que urge al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a ejecutar mejor y agilizar su presupuesto, para resolver la "gravedad del problema en el que se ha convertido el acceso a la vivienda en España". La proposición no de ley ha prosperado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja por el apoyo de Vox y Junts. De su lado, PSOE, Sumar, Podemos, Bildu y Esquerra Republicana han votado en contra.

La compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona ha generado una ola de reacciones en el sector inmobiliario, los partidos políticos y diversas asociaciones. Mientras desde el gobierno municipal se ha defendido la operación como una victoria para los inquilinos, diversos actores han expresado su descontento por el impacto económico y jurídico de la transacción. Idealista/news recoge las distintas reacciones, que van desde la intención de ‘impugnar’ la compra del Partido Popular de Barcelona, hasta criticar la forma en la que se ha llevado a cabo la compra.