El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra la ley de vivienda de Navarra, una norma que entró en vigor en verano y que impide que las viviendas de protección oficial puedan perder esta calificación con carácter retroactivo.
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Según el comunicado remitido por el Alto Tribunal, el recurso promovido por más de 50 diputados del PP se centra en la disposición transitoria única de la ley foral 14/2026, de 2 de julio, que modifica la ley foral 10/2010, de 10 de mayo; donde se aborda el régimen jurídico aplicable a las viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible en la Comunidad Autónoma de Navarra.
Los demandantes han alegado la disposición transitoria única de la normativa "podría ser inconstitucional por contravenir el principio de irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 de la Constitución) y vulnerar el derecho de propiedad (art. 33 de la Constitución)".
El PP anunció a principios de octubre la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, incidiendo especialmente en el carácter retroactivo de la normativa, ya que considera que altera las condiciones bajo las que fueron promovidas determinadas viviendas de protección oficial. Según explicó en rueda de prensa Sergio Sayas, presidente del partido en Navarra, la norma "vulnera la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada" y sin seguridad jurídica "no se va a construir una sola vivienda en la comunidad foral".
El recurso que ha sido admitido a trámite llega apenas cinco meses después de que el Parlamento de Navarra diera luz verde a esta modificación de la Ley de Vivienda regional. El pasado 25 de junio, aprobó con los votos de PSN, EH Bildu y Contigo Zurekin la tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley que reforma la ley de vivienda y que establece otorgar la calificación permanente de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de alquiler, incluidas las que ya tenían otorgada la calificación definitiva.
Coincidiendo con la presentación del recurso por parte del PP, el Gobierno de Navarra anunció que, si era admitido a trámite, se personaría para "defender la constitucionalidad del blindaje permanente a las viviendas de alquiler protegido y el autogobierno" y “los intereses de los navarros y navarras”, y criticó que el objetivo del recurso era “la total inseguridad jurídica y personal para las más de 2.200 familias navarras que se van a ver beneficiadas por esta medida, favoreciendo los intereses económicos de los fondos buitre”.
Según el Ejecutivo regional, la modificación de la ley foral de vivienda permitió blindar 2.248 viviendas de alquiler, que estaban en riesgo de perder su calificación tras haber pasado 21 años de su construcción.
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