La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha anunciado que los servicios jurídicos del Gobierno regional están estudiando "si hay alguna cuestión que incurra en inconstitucionalidad" en el reparto de 180 millones que hará el Gobierno de Pedro Sánchez en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler.
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Así se anunció hace una semana tras el Consejo de Ministros que aprobó el real decreto que regula estas ayudas, de las que Andalucía queda excluida por no haber declarado zonas tensionadas. Los 180 millones recaerán sobre los 317 municipios declarados zonas tensionadas en cinco comunidades autónomas que abarcan a más de 9 millones de habitantes. En concreto, Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados zonas tensionadas. Le siguen Euskadi, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21 municipios; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.
La Junta ya ha confirmado que recurrirá al Tribunal Constitucional los dos decretos de vivienda aprobados en la Diputación Permanente del Congreso después de que éste los rechazara.
En los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en la sede de la Fundación Cajasol, Rocío Díaz ha recordado que Andalucía alegó contra el real decreto de zonas tensionadas y ha reconocido que "fue una sorpresa" que la semana pasada llegara al Consejo de Ministros un texto normativo en el que "se duplican" los fondos -de 90 a 180 millones de euros- para cinco comunidades autónomas que son las que han declarado zonas tensionadas. "Y la que mayor beneficio tiene es Cataluña, con 112 millones en ese reparto", ha apostillado la consejera andaluza de Vivienda.
"Es mucha casualidad, porque lo que dice el decreto es que se va a incentivar la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación y la urbanización. Nos preguntamos desde Andalucía por qué no se aplican estas medidas al resto de comunidades. Es el dinero de todos. ¿Por qué no se aplica al resto? La respuesta es clara: porque hay un sesgo político claro. El Gobierno de Pedro Sánchez lo que está haciendo es beneficiar a aquellas comunidades que aplican sus políticas porque declarar o no una zona tensionada es potestativo de la comunidad autónoma", ha argumentado Rocío Díaz.
La consejera ha insistido en que Andalucía "no está de acuerdo con las zonas tensionadas" porque la prohibición lo que hace es "alejar y sacar" del mercado viviendas, "como lo estamos viendo en Cataluña".
"Cada anuncio de un piso antes recibía diez" solicitudes y ahora "se ha multiplicado por cinco y por seis" la cantidad de personas que acuden a un anuncio de alquiler. Frente a las zonas tensionadas Andalucía recoge en su Ley de Vivienda las área prioritarias de vivienda. "Hacemos política en positivo". "Lo que hay que hacer es poner todos los recursos no prohibir, prohibir, prohibir. Eso es lo que hace Pedro Sánchez y eso no es de recibo".
La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Supremo
El pasado 21 de octubre, la Comunidad de Madrid anunció que interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que contempla destinar 180 millones de euros a determinadas comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, dejando a la región sin dotación económica, al considerar que se trata de un reparto "discriminatorio y que perjudica intereses de los madrileños".
Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el Ejecutivo regional cree que este real decreto "condiciona el acceso a los fondos públicos".
Así, ha señalado que se trata de una medida que "corresponde decidir libremente a cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias". "Este criterio penaliza a las comunidades que aplican políticas de vivienda diferentes", ha defendido.
Es por ello que pedirá ante los tribunales que los madrileños reciban "un trato equitativo" y que los recursos públicos se distribuyan "sin discriminación por las políticas de vivienda que legítimamente elija cada comunidad autónoma".
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