Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el tercero y último de los recursos de amparo planteados contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la demolición del complejo “Isla de Valdecañas”, un complejo turístico y de ocio ubicado en los mencionados términos de El Gordo y Berrocalejo, en una isla de 134,5 hectáreas de superficie existente en la presa de Valdecañas. En este caso, el recurso fue formulado por los referidos Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, ha dictado una sentencia unánime que pone en evidencia la importancia de aplicar correctamente la normativa en casos de desahucio. El tribunal ha estimado el recurso de amparo presentado por la nueva propietaria de una vivienda, cuya suspensión del lanzamiento había sido denegada por un juzgado, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la ley aprobada a raíz de la pandemia del covid-19 y que regula la suspensión de los desahucios por impago de la renta de hogares vulnerables.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad el recurso de amparo presentado por las comunidades de propietarios contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de ordenar la demolición de la 'Isla de Valdecañas', un complejo urbanístico de 134,5 hectáreas y 180 villas de lujo entre las localidades extremeñas de El Gordo y Berrocalejo. Solo queda por resolver un recurso de amparo después de que el TC rechazara hace unas semanas la petición de la Junta de Extremadura.

El Tribunal Constitucional (TC) ha sentado un precedente que afecta de lleno a la relación entre empresas y trabajadores.

El Tribunal Supremo ha marcado un cambio relevante en el debate sobre la plusvalía municipal. En una sentencia dictada el 13 de junio de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que los contribuyentes pueden reclamar la devolución del impuesto siempre que, a fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre, que anuló el tributo, aún estuvieran en plazo para recurrir en vía judicial. La decisión refuerza la posición de quienes quedaron atrapados en un vacío legal entre la vía administrativa y la contenciosa, ampliando las posibilidades de resarcirse por un tributo declarado inconstitucional.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha marcado un antes y un después en la interpretación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. El fallo, emitido el pasado mes abril, confirma que los contribuyentes pueden reclamar la devolución de este tributo, aun cuando el Ayuntamiento ya hubiera cerrado el expediente con una liquidación firme. La clave está en la inexistencia de ganancia real.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del PP del Congreso de los Diputados contra las restricciones legales a la vivienda de uso turístico que aprobó el Parlament de Cataluña a finales de 2023. Los magistrados consideran que la norma "no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia" y "es conforme con la protección constitucional de la propiedad privada, la autonomía local, la tutela judicial efectiva, la igualdad y la seguridad jurídica". También afirman que la ley es "necesaria" y proporcionada para evitar daños en el entorno urbano.

El Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra varios artículos y una disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica varias normativas para abordar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Ha anulado el punto referente al valor de una expropiación forzosa en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda. Recordamos que esta ley ya ha estado sobre la mesa de este tribunal, que meses después de su entrada en vigor declaró inconstitucional obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra determinados preceptos de la Ley de Vivienda por razones competenciales. En la sentencia se han anulado dos preceptos en los que se fijan requisitos de admisión a trámite de las demandas para recuperar la vivienda o para el inicio de la vía de apremio para la subasta. Sin embargo, el alto tribunal respalda el límite a los alquileres en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, ya que "aprecia una relación razonable o equilibrio justo entre los medios empleados y la finalidad pretendida".

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley del Parlamento de Cataluña de marzo de 2022, que modifica tres normativas aprobadas entre 2007 y 2016, con el objetivo de afrontar la emergencia en el mercado de la vivienda. En concreto, ha declarado inconstitucionales y nulos varios artículos y la disposición transitoria. El más destacado es el que obliga a ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales derivadas "de la reclamación de una deuda hipotecaria y a determinadas demandas de desahucio". La sentencia "sólo tendrá efectos pro-futuro", según el tribunal.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha pedido un plan nacional de devolución a los contribuyentes que han pagado de más por el Impuesto de Sociedades, después de que el Tribunal Constitucional declarara parcialmente nula la reforma de dicho tributo. Desde la asociación han insistido en que hay que cambiar el sistema normativo porque "no puede ser que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional un tributo y no haya posibilidad de recuperar lo pagado".

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno vasco contra diversos artículos de la Ley estatal de Vivienda. En concreto, País Vasco alega que esta normativa podría vulnerar el ámbito competencial reservado a las Comunidades Autónomas en materia de vivienda, en particular, las atribuciones garantizadas por el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Pero no es el único recurso que tiene entre manos el alto tribunal: hay otros ocho recursos de inconstitucionalidad entre los que destacan el de Andalucía, Madrid o Baleares.

Recientemente el Tribunal Supremo ha declarado nulas de pleno derecho las liquidaciones firmes del impuesto de plusvalía municipal cuando se vendió un inmueble a pérdidas. Para José María Salcedo, socio de Salcedo Tax Litigation, no estamos ante un pronunciamiento sorpresivo. De hecho, idealista/news ya anunció esta posibilidad de revisión en noviembre de 2022, antes incluso de que se dictase por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Valencia la sentencia a la que el Tribunal Supremo, finalmente, ha dado su “fumata blanca”. El experto explica que sólo son susceptibles de revisión las liquidaciones firmes frente a las que no se interpuso recurso alguno o que, si se hizo, fuera desestimado.

El Tribunal Supremo ha descartado que exista un derecho automático de indemnización después de que el Tribunal Constitucional tumbara la plusvalía municipal, dado que debe acreditarse que, en efecto, no se incrementó el valor del terreno. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han desestimado los primeros recursos presentados por empresas y ciudadanos que reclamaban una indemnización al Estado por el abono de este tributo. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso recientemente pidiendo responsabilidad patrimonial al Estado.

En las próximas semanas el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la posible inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio. Estamos, por tanto, ante fechas decisivas para todos aquellos que tributaron por este impuesto en los últimos ejercicios, y no han solicitado todavía la rectificación de su autoliquidación, y la devolución de ingresos indebidos. Y es que, o lo hacen pronto, o pueden quedarse fuera de juego, y sin opciones de recuperar lo pagado, tal y como recuerda José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad declarar inconstitucionales algunas medidas del real decreto-ley aprobado en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy para aumentar la recaudación a través del Impuesto de Sociedades, al considerar que este tipo de modificaciones no se pueden i

El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre los cambios que aplicó el Gobierno al Impuesto sobre el Patrimonio en 2021 y que recurrió el Grupo Parlamentario Popular. Entre las modificaciones, recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de dicho año, destacan la subida del tipo máximo hasta el 3,5% y el carácter permanente de este tributo, que hasta entonces era temporal y se prorrogaba anualmente. Está en juego la devolución de las liquidaciones de este gravamen de los últimos tres años, que podrían superar los 3.000 millones de euros.

2023 termina con grandes novedades en el mundo fiscal: desde la consolidación del impuesto a las grandes fortunas por parte del Tribunal Constitucional, hasta la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en algunas CCAA como Comunidad Valenciana, Baleares o Extremadura, tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Hacemos un repaso de las principales novedades impositivos de este año que termina.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado los recursos presentados por el Gobierno de Murcia y la Asamblea de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, aplicando así la doctrina que fijó al desestimar la impugnación formulada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contra el nuevo tributo y que ya extendió a las de los Gobiernos de Galicia y Andalucía.

El Tribunal Constitucional vuelve a avalar el impuesto a las grandes fortunas al desestimar también los recursos de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia en dos sentencias de las que han sido ponentes los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Ricardo Enríquez Sancho. Estas dos resoluciones, respaldadas por los jueces propuestos y avalados por el PSOE, se producen días después de que el alto tribunal refrendara este tributo tras desestimar el recurso de la Comunidad de Madrid. Así, sigue en vigor este gravamen que deben pagar los patrimonios de más de 3 millones de euros incluido en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre.

El Pleno del Tribunal Constitucional refrenda el impuesto a las grandes fortunas y tumba todas las impugnaciones del recurso que presentó la Comunidad de Madrid. El tribunal ha dictaminado que este gravamen no vulnera la autonomía financiera de las CCAA ni los principios de seguridad jurídica y no confiscatoriedad, como afirmaba la propuesta de sentencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer. Varios magistrados han formulado votos particulares al considerar que este tributo es ilegal, como afirman muchos expertos. Madrid aprobará una ley para quedarse con lo recaudado.

Los asesores fiscales lanzan un aviso: el valor de referencia de Catastro, que desde hace dos años es la base imponible de los impuestos que afectan a la compraventa de viviendas o las sucesiones y donaciones, podría ser inconstitucional en algunos casos. Según la AEDAF, el cálculo del valor de referencia puede derivar en la obligación de tributar por rentas irreales, como ya sucedió con la plusvalía municipal, lo que atentaría contra los principios constitucionales de capacidad económica y de reserva de ley de los elementos esenciales de los tributos. Por eso, ha impugnado el método de cálculo ante la Audiencia Nacional.

El Tribunal Constitucional ha tenido que posponer el debate sobre la legalidad del impuesto a las grandes fortunas. A pesar de que estaba previsto en la reunión del Pleno del pasado 24 de octubre, el elevado volumen de casos a deliberar ha llevado al tribunal a posponer la fecha. Previsiblemente será entre los días 6 y 8 de noviembre cuando analice la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, cuya propuesta de sentencia tumba el recurso de la Comunidad de Madrid y refrenda el impuesto, al considerar que no vulnera competencias autonómicas ni el principios de seguridad jurídica.

El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará el próximo 24 de octubre el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros. La ponencia ha recaído en manos de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, cuyo borrador defiende la legalidad del impuesto al considerar que no invade competencias de las autonomías ni vulnera el principio de seguridad jurídica. Andalucía y Galicia también han recurrido el tributo, mientras los expertos ven indicios de inconstitucionalidad.

Hoy en día la revisión de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal ha adquirido relevancia tras las últimas declaraciones de inconstitucionalidad. El abogado fiscalista José María Salcedo recuerda que un punto de conflicto ha surgido en la interpretación y aplicación de las sentencias del Constitucional, especialmente en relación con la posibilidad de revisar liquidaciones firmes en caso de transmisiones en pérdidas, incluso en situaciones en las que no se recurrieron en su momento. Ahora el Supremo tiene de nuevo sobre la mesa revisar liquidaciones firmes.