Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Ley de Vivienda, al considerar que no priva de capacidad de decisión a las comunidades autónomas. Se trata de la sexta sentencia en la que el tribunal se pronuncia a favor de la normativa estatal que entró en vigor hace tres años. En este caso, la sentencia abordaba la impugnación de los preceptos relativos a la actividad planificadora del Estado en materia de subvenciones de vivienda y ha determinado que no se ha extralimitado en el ejercicio de su competencia.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentaron más de 50 diputados del principal partido de la oposición contra varios artículos de la ley catalana 11/2025, de medidas en materia de vivienda y urbanismo; una normativa que entró en vigor en enero con el objetivo de equiparar los alquileres de temporada y de habitaciones con los arrendamientos tradicionales y establecer topes de las rentas en las zonas tensionadas. Los recurrentes creen que la normativa catalana vulnera varios principios de la Carta Magna, como el de autonomía local, las competencias exclusivas del Estado en materia de obligaciones contractuales y de registros e instrumentos públicos, el derecho fundamental a la protección de datos, la prohibición de retroactividad y el principio de reserva de ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Cataluña contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Laura Díez Bueso, confirma la plena validez constitucional de todos los preceptos impugnados de la conocida como Ley de Vivienda. Se trata de la quinta resolución del TC sobre esta misma ley. La sentencia no ha sido unánime y ha contado con cinco votos particulares.

El Tribunal Constitucional ha seguido la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha determinado en la sentencia 30/2026 que los bancos tienen que ser condenados a asumIr los gastos de un pleito si han aplicado una cláusula abusiva en un contrato de crédito hipotecario. La asociación de usuarios financieros Asufin ha celebrado el fallo y asegura que "las costas deben disuadir a los bancos de usar cláusulas abusivas".

El Tribunal Constitucional, en línea con lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha desestimado por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por los deudores de un préstamo hipotecario contra las resoluciones judiciales que rechazaron su pretensión de que se llevase a cabo el control de abusividad de la cláusula contractual de vencimiento anticipado en un procedimiento de ejecución hipotecaria a instancias del banco prestamista. La sentencia descarta que las resoluciones impugnadas hayan lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra varios preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda al considerar que el Estado tiene competencias para regular aspectos básicos. Se trata de la cuarta ocasión en la que el Tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de dicha norma estatal. La resolución, que cuenta con cinco votos particulares discrepantes, esgrime que el Estado puede definir la vivienda como derecho subjetivo y quiénes son sus titulares, para garantizar la igualdad en su ejercicio en todo el país.

El Pleno del Tribunal Constitucional debatirá el martes 24 de febrero sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2023 por la Comunidad de Madrid contra la Ley de Vivienda. Este recurso se centra en varios preceptos de dicha normativa que el Gobierno de Ayuso considera que invaden competencias autonómicas. Se trata del cuarto recurso contra esta norma. Los otros tres recursos han sido ya resueltos por el Constitucional que ha avalado varios conceptos cuestionados, como la construcción de vivienda pública como un uso compatible del suelo dotacional y obtener suelo para destinarlo a vivienda social; o que las CCAA suministren al Estado información sobre los programas de acceso a la vivienda.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una promotora a ser indemnizada tras abonar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, en una operación en la que quedó acreditada la inexistencia de un incremento real del valor del suelo, al entender que concurrían los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El fallo no abre la puerta a devoluciones automáticas, pero sí aclara cuándo procede la responsabilidad patrimonial por la aplicación de una norma declarada inconstitucional. En el caso resuelto, la sentencia reconoce el derecho de la promotora a percibir 22.939,71 euros, más intereses legales.

El Pleno del Tribunal Constitucional apoya el valor de referencia de Catastro creado por Hacienda para cobrar impuestos tan importantes como el ITP por la compra de vivienda o el de Sucesiones y Donaciones. Ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad presentado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía contra este valor, que ponía en duda su metodología y consideraba que podía vulnerar el principio de capacidad económica del art. 31.1 de la Constitución al ignorar el estado de conservación de cada inmueble. El máximo intérprete de nuestra Constitución considera que este método es razonable y objetivo, aunque pueda ser diferente al precio real del inmueble.

El Tribunal Constitucional debatirá este miércoles la legalidad del valor de referencia de Catastro, que sirve como base imponible de tributos tan importantes como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El objetivo es dilucidar si vulnera la capacidad económica de los contribuyentes al obligarles a tributar, en ocasiones, por un valor del inmueble transmitido superior al real. Si algún contribuyente quiere reclamar por lo pagado de más por este valor de referencia debería hacerlo, por prudencia, antes de este miércoles 11 de febrero que es cuando los jueces van a deliberar.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern balear contra determinados artículos de la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023 que consideraba que invadían competencias autonómicas. Se trata de la tercera sentencia sobre esta norma y avala los tres preceptos cuestionados: la construcción de vivienda pública como un uso compatible del suelo dotacional y obtener suelo para destinarlo a vivienda social; que las CCAA suministren al Estado información sobre los programas de acceso a la vivienda, y, por último, avala determinados requisitos de admisión de las demandas para recuperar la posesión de la vivienda.

El año que dejamos ha sido prolífico en sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que han afectado al mercado de la vivienda. Una de las más sonadas ha sido una sentencia que sienta un precedente importante para futuros casos relacionados con desahucios y ocupaciones ilegales: el Constitucional anula la suspensión del desahucio de un okupa. Otra que también resonó en los medios de comunicación fue la del Supremo avalando un desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras por parte del inquilino.

El Impuesto sobre el Patrimonio podría ser inconstitucional. En concreto, se plantea si la modificación operada por el artículo 66 de la Ley 11/2020 en la normativa de dicho impuesto, supone la vulneración de los principios de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad. Se trata de una cuestión que ya está sobre la mesa del Tribunal Constitucional, pero que a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha sido resuelta. Y la decisión podría demorarse todavía muchos meses.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el tercero y último de los recursos de amparo planteados contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la demolición del complejo “Isla de Valdecañas”, un complejo turístico y de ocio ubicado en los mencionados términos de El Gordo y Berrocalejo, en una isla de 134,5 hectáreas de superficie existente en la presa de Valdecañas. En este caso, el recurso fue formulado por los referidos Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, ha dictado una sentencia unánime que pone en evidencia la importancia de aplicar correctamente la normativa en casos de desahucio. El tribunal ha estimado el recurso de amparo presentado por la nueva propietaria de una vivienda, cuya suspensión del lanzamiento había sido denegada por un juzgado, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la ley aprobada a raíz de la pandemia del covid-19 y que regula la suspensión de los desahucios por impago de la renta de hogares vulnerables.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad el recurso de amparo presentado por las comunidades de propietarios contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de ordenar la demolición de la 'Isla de Valdecañas', un complejo urbanístico de 134,5 hectáreas y 180 villas de lujo entre las localidades extremeñas de El Gordo y Berrocalejo. Solo queda por resolver un recurso de amparo después de que el TC rechazara hace unas semanas la petición de la Junta de Extremadura.

El Tribunal Constitucional (TC) ha sentado un precedente que afecta de lleno a la relación entre empresas y trabajadores.

El Tribunal Supremo ha marcado un cambio relevante en el debate sobre la plusvalía municipal. En una sentencia dictada el 13 de junio de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que los contribuyentes pueden reclamar la devolución del impuesto siempre que, a fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre, que anuló el tributo, aún estuvieran en plazo para recurrir en vía judicial. La decisión refuerza la posición de quienes quedaron atrapados en un vacío legal entre la vía administrativa y la contenciosa, ampliando las posibilidades de resarcirse por un tributo declarado inconstitucional.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha marcado un antes y un después en la interpretación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. El fallo, emitido el pasado mes abril, confirma que los contribuyentes pueden reclamar la devolución de este tributo, aun cuando el Ayuntamiento ya hubiera cerrado el expediente con una liquidación firme. La clave está en la inexistencia de ganancia real.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del PP del Congreso de los Diputados contra las restricciones legales a la vivienda de uso turístico que aprobó el Parlament de Cataluña a finales de 2023. Los magistrados consideran que la norma "no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia" y "es conforme con la protección constitucional de la propiedad privada, la autonomía local, la tutela judicial efectiva, la igualdad y la seguridad jurídica". También afirman que la ley es "necesaria" y proporcionada para evitar daños en el entorno urbano.

El Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra varios artículos y una disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica varias normativas para abordar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Ha anulado el punto referente al valor de una expropiación forzosa en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda. Recordamos que esta ley ya ha estado sobre la mesa de este tribunal, que meses después de su entrada en vigor declaró inconstitucional obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra determinados preceptos de la Ley de Vivienda por razones competenciales. En la sentencia se han anulado dos preceptos en los que se fijan requisitos de admisión a trámite de las demandas para recuperar la vivienda o para el inicio de la vía de apremio para la subasta. Sin embargo, el alto tribunal respalda el límite a los alquileres en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, ya que "aprecia una relación razonable o equilibrio justo entre los medios empleados y la finalidad pretendida".

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley del Parlamento de Cataluña de marzo de 2022, que modifica tres normativas aprobadas entre 2007 y 2016, con el objetivo de afrontar la emergencia en el mercado de la vivienda. En concreto, ha declarado inconstitucionales y nulos varios artículos y la disposición transitoria. El más destacado es el que obliga a ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales derivadas "de la reclamación de una deuda hipotecaria y a determinadas demandas de desahucio". La sentencia "sólo tendrá efectos pro-futuro", según el tribunal.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha pedido un plan nacional de devolución a los contribuyentes que han pagado de más por el Impuesto de Sociedades, después de que el Tribunal Constitucional declarara parcialmente nula la reforma de dicho tributo. Desde la asociación han insistido en que hay que cambiar el sistema normativo porque "no puede ser que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional un tributo y no haya posibilidad de recuperar lo pagado".

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno vasco contra diversos artículos de la Ley estatal de Vivienda. En concreto, País Vasco alega que esta normativa podría vulnerar el ámbito competencial reservado a las Comunidades Autónomas en materia de vivienda, en particular, las atribuciones garantizadas por el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Pero no es el único recurso que tiene entre manos el alto tribunal: hay otros ocho recursos de inconstitucionalidad entre los que destacan el de Andalucía, Madrid o Baleares.